Gobierno y oposición aprobaron este jueves las recomendaciones que deberían servir de guía para la reforma de las pensiones. Una escandalosa farsa. Para empezar, nada va a impedir al Ejecutivo saltarse a la torera el documento pergeñado. En segundo lugar: ninguna de las medidas aprobadas implica una revisión profunda del sistema. Más bien se basan en un aumento del gasto, promesas vacuas y algún recorte de tapadillo.
El sistema no da más de sí, pero los políticos siguen empeñados en hurtar esta clamorosa realidad ante un electorado en el que descuellan más de 9 millones de jubilados. De nuevo, han vuelto a ligar las pensiones al IPC, lo que no sólo es financieramente insostenible, también es un ejercicio de demagogia cortoplacista en un momento en el que las cuentas de la Seguridad Social están más tensionadas que nunca. Las pensiones son la partida más abultada del Estado. Un tercio del gasto público se destina al pago de las mismas, nada menos que 160.000 millones en 2021; cifra que no hará más que aumentar en un país con una elevadísima tasa de esperanza de vida... y una de natalidad paupérrima.
La famosa hucha de las pensiones apenas tiene fondos, pero Sánchez no tiene la menor intención de pasar a la Historia como el gobernante que la terminó de desfondar. Hoy apenas hay ahí 2.000 millones de euros, cuando en 2011 llegó a atesorar 65.000.
A la población activa cada vez le resulta más difícil sostener un sistema demencial. Si no se toman decisiones audaces ya, los recortes cada vez serán más duros y millones de españoles quedarán atrapados en la trampa de un reparto misérrimo.
Para que esto no ocurra, las fundaciones Friedrich Naumann y Civismo y el Instituto Juan de Mariana han publicado un informe con medidas sensatas y urgentes para salvar las pensiones sin dinamitar la Seguridad Social. El objetivo es avanzar hacia un régimen cada vez más contributivo y menos asistencial, por lo que se aboga por recuperar el factor de sostenibilidad, premiar a los empleados que decidan jubilarse más tarde, fomentar el ahorro privado a través de planes de empresa y hasta por abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los mayores de edad con cargo al Estado.
No cabe dejarse engañar por la propaganda del Pacto de Toledo. El Estado está expoliando el ahorro de los contribuyentes para sufragar unas pensiones que no van a poder sostener a sus perceptores futuros. Hay que actuar ya o las consecuencias pueden ser devastadoras.