El proyecto de Presupuestos Generales del Estado es, entre otras cosas, un enorme catálogo de actividades que el gobierno pretende impulsar: digitalización, energías renovables, I+D+i, medio rural, etc. Para ello destinará unos recursos de un tamaño proporcional a la admiración que busca despertar en la población. Una población que, desde la óptica oficial, debería estar agradecida por el esfuerzo que implican las inversiones del gobierno.
La verdad es la contraria: cuantos más recursos destina el gobierno para impulsar actividades económicas, más empobrece al conjunto de la sociedad. Veamos por qué.
La producción de mercancías y servicios no surge del capricho de los empresarios, sino que responde a su intento de satisfacer las necesidades de los consumidores. Si en un lugar se demandan muchos cortes de pelo, pues habrá más peluquerías que en otros sitios. Si en algún lugar la gente hace mucho deporte, se demandarán más artículos deportivos que en otros sitios y los empresarios tratarán de satisfacer a esos consumidores, sea mediante producción local o importaciones.
Al mismo tiempo, los empresarios buscan maximizar la rentabilidad. Por eso, el intento de satisfacer los deseos de los consumidores busca hacerse del modo más eficiente posible. Como los gustos y necesidades cambian, unas empresas trabajan mejor que otras y hay errores de cálculo, entre otras cosas, unas empresas ganan dinero y otras lo pierden. Eso provoca una permanente reasignación de los recursos escasos hacia los empresarios más hábiles.
El hecho es que la estructura productiva de un país es, en esencia, la que en cada momento los empresarios consideran más rentable. Es decir, la mejor estructura posible para optimizar el aprovechamiento de los recursos y satisfacer del mejor modo alcanzable las necesidades de los consumidores.
Si se entiende lo anterior, se verá con claridad que, por definición, cada vez que el gobierno impulsa una actividad, está alterando esa estructura productiva óptima (óptima, dadas las circunstancias particulares de cada momento y lugar). El impulso del gobierno consiste en quitar recursos de las actividades más rentables para asignarlos a otras menos rentables (o incluso que generan pérdidas). Es evidente que las actividades fomentadas son menos rentables porque, de lo contrario, ya habrían sido encaradas por los empresarios (a no ser que pensemos que estos últimos son tontos).
El gobierno hace esa transferencia de recursos cobrando más impuestos a las empresas o a los consumidores (que, de ese modo, tienen menos dinero para gastar). La medida del empobrecimiento es la diferencia entre la rentabilidad de las actividades que sufren la quita de recursos y la menor rentabilidad (o pérdida) de la actividad impulsada.
La intromisión del gobierno, ayudando a unos sectores y perjudicando a otros, implica una enorme soberbia, pues supone que los gobernantes son más listos que los empresarios para determinar dónde conviene invertir. Algo para lo que no tienen ningún incentivo: mientras los empresarios arriesgan su propio patrimonio, los políticos nunca pagan los costes de sus malas decisiones (véase proyecto Castor, primas a las renovables, aeropuertos sin vuelos, etc.). Además, sería un milagro que gente que muchas veces no sabe lo que es trabajar en el sector privado tuviera más visión e instinto que quienes viven sometidos al rigor de la competencia.
Cuando el gobierno quiere cambiar la estructura productiva también está diciendo que la población está equivocada y no sabe demandar lo que es correcto. Entonces, para corregir las malas decisiones de la gente, aparecen los políticos, quitando y poniendo incentivos. Incluso, hablan de esfuerzo inversor del gobierno, cuando el único esfuerzo real lo hacen quienes pagan impuestos.
En esta, como en tantas otras áreas, lo mejor que puede hacer el gobierno es mantenerse al margen. Por eso, nuestro mayor deseo como sociedad respecto de este proyecto de PGE para 2021 debería ser que no se apruebe nunca. @diebarcelo