El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar la contratación indefinida con un mínimo de 4.000 euros, cuantía que se incrementaría en caso de que el trabajador pertenezca a uno de los colectivos considerados como vulnerables.
Según el borrador de real decreto que ayer presentó el Ministerio de Trabajo a patronal y sindicatos y que adelantan Cinco Días y El País, este incentivo de 4.000 euros con carácter general será para la contratación indefinida inicial a tiempo completo y se elevará para algunos supuestos.
Así, sube a 4.500 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años. El siguiente tramo, 5.500 y 6.000 euros, contempla a los mayores de 45 años con discapacidad, a las mujeres contratadas en ocupaciones con presencia mayoritariamente masculina o a las que lleven más de 24 meses desempleadas después del nacimiento o adopción de un hijo.
La subvención puede alcanzar los 7.500 euros para otra serie de colectivos como mujeres víctimas de violencia de género o mayores de 45 años que sean desempleadas de larga duración.
Además se plantea que todas las subvenciones previstas para este tipo de contratos puedan incrementarse hasta en 2.000 euros cuando la contratación indefinida se realice por un autónomo o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer trabajador.
También se sumarán 2.000 euros cuando las personas contratadas sean personas con discapacidad procedentes de un enclave laboral.
Si la contratación es a tiempo parcial, recoge el texto, la cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada con una reducción máxima del 50%.
En el borrador también se incluye una subvención de hasta 4.000 euros para transformar en indefinidos contratos temporales, incluidos los formativos, que se eleva a 5.500 en el caso de trabajadores con discapacidad. Cada contratación indefinida incentivada, añade, deberá suponer un incremento neto de la plantilla fija de la empresa o entidad beneficiaria.
También apunta que en la regulación se contemplarán las posibles exclusiones en la aplicación de estos incentivos así como la obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas como mínimo durante un año.
El borrador del decreto, en el que el Gobierno y agentes sociales llevaban trabajando desde abril, establece una serie de programas comunes de políticas de activación para el empleo, que podrán ser desarrollados por las comunidades autónomas en función de las características propias de sus mercados de trabajo.
Así, aborda estrategias de formación, modelos de financiación, programas de orientación para el empleo, intermediación laboral, etcétera.
En algunos de estos puntos, desde CCOO criticaron ayer que los planteamientos del Gobierno pueden llevar a una externalización de una parte de los servicios prestados desde la red pública y pidieron que, en el caso de los programas de empleo-formación, se recupere la referencia específica a que los programas sean de iniciativa pública y no de iniciativa privada financiada con fondos públicos.