El Gobierno de Sánchez e Iglesias ha subido al tejido empresarial a la plataforma, ha anudado la soga y se la ha colocado alrededor del cuello. La duda en estos momentos es si ya ha accionado la palanca para dejar caer a las empresas y ahogarlas, o si las empresas ya se encuentran balanceándose tratando de seguir respirando mientras la soga va ciñéndose más y más sobre el cuello.
El primer arresto domiciliario colocó a una de cada cuatro empresas españolas en quiebra técnica, amenaza con multiplicar por cinco el número de empresas en concurso de acreedores en 2021 habiendo arrasado ya con más empresas de lo que lo ha hecho la economía norteamericana en términos absolutos, siendo EEUU un país con más de 328 millones de habitantes y España no llega a 47 (más de 100.000 empresas han desaparecido).
Las correcciones estacionales en términos de paro registrado o afiliación a la seguridad social no logran esconder una destrucción de empleo récord y los famosos Expedientes de Regulación Temporales de Empleo, habiendo resultado efectivos en algunos casos, no han logrado frenar la brutal destrucción de actividad que sufre nuestro país, y una parte muy importante de ellos, cerca del millón, amenazan con convertirse en ERE.
Los sectores turísticos (14,6% del PIB), hostelero (4,7% del PIB), ocio y cultura (3,9% del PIB), los que han sufrido el impacto de la gestión de la crisis de manera directa y brutal, suponen ya por sí mismos casi un cuarto del PIB español, un 23,2%. Pero sin esos sectores hay otros muchos que se resienten. Construcción, inmobiliaria, sector primario e industrial y, por supuesto, el sector financiero, donde la mora ya está subiendo a un ritmo vertiginoso, según cuentan fuentes del sector a Libre Mercado.
Para decirlo de otra manera, si España fuera una vasta tierra de cultivo fértil, una cuarta parte se encuentra absolutamente agostada, y otro cuarto (la actividad que depende de esos sectores ya arrasados) empieza a secarse. ¿Cuál es el auténtico drama? Que el agricultor encargado de cuidar esa tierra de cultivo, no ha comprado fertilizantes, ni ha regado el terreno, ni ha quitado las malas hierbas, ni ha abonado la vasta zona afectada. No sólo eso, sino que tampoco ha preparado el terreno para salvar a la mitad que todavía queda viva y que amenaza con verse conquistada por la sequía. Lo que está haciendo es quitar el abono y el riesgo a la zona sana para echarlo sobre un terreno en el que en lugar de fertilizante ha esparcido herbicida. La situación es crítica.
La confianza de los inversores
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho hace pocas fechas que la clave de la recuperación, esa que considera que ya ha empezado y que goza de "vigor" sin explicar exactamente cómo se está produciendo, será la confianza de los inversores internacionales en nuestra economía. Pero precisamente esa es la palanca de crecimiento que falla y de manera estrepitosa.
La historia ha demostrado que de la crisis se sale con ahorro e inversión productiva, no con gasto público e inversión improductiva. Prueba de ello fue la anterior crisis económica. Las políticas de gasto y creación de empleo desde la administración (los famosos planes E que llenaron España de rotondas donde no eran necesarios, enormes carteles propagandísticos que costaban más que la propia obra que anunciaban o que instalaban grandes polideportivos con capacidad para miles de personas en localidades con apenas unos cientos de vecinos) fueron totalmente ineficaces. El dinero, detraído directamente del sector productivo vía impuestos, déficit y deuda pública, sirvió para emplear a un puñado de personas por unos meses, y volver a mandarlos al paro.
La actividad regresó a nuestro país cuando se acometieron reformas en profundidad que alentaban la contratación, disminuían los costes productivos y permitían flexibilidad a las empresas para adaptar su estructura de costes a su capacidad productiva. Se dotó a España de un marco jurídico que daba apariencia de seguridad y estabilidad, y la inversión regresó a España. Unos salarios competitivos en el marco europeo y unas potencialidades extraordinarias en sectores como la construcción, el turismo y la hostelería hicieron el resto. Y desde 2013 hasta 2019 el empleo y la actividad no hizo más que crecer, hasta que volvió el fantasma de la contrarreforma laboral, las subidas indiscriminadas de impuestos, el aumento exponencial del gasto público y la amenaza de intervención pública en muchos sectores.
Si estos elementos ya comenzaron a frenar la actividad en 2019, el impacto de la pandemia, y lo que es peor, su gestión por parte del Ejecutivo de socialistas y comunistas, ha hecho el resto.
Presupuestos, pandemia y confianza empresarial
Ahora, en plena segunda ola de coronavirus en Europa y especialmente en España, el Gobierno presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un importante aumento de impuestos que afectan directamente a la actividad productiva en España y a las clases medias, una política expansiva de gasto y la intervención pública en sectores tan importantes como el inmobiliario.
Tras conocer los planes del Ejecutivo las empresas se han llevado las manos a la cabeza. En resumen, consideran que son los peores presupuestos posibles en el peor momento de la historia posible y amenazan con arrasar lo poco que todavía queda de tejido productivo en nuestro país.
Los líderes de algunas de las principales empresas de nuestro país en el sector inmobiliario y financiero se confiesan estupefactos en conversaciones con Libre Mercado. Una de estas fuentes llegaba a recordar las palabras de la vicepresidenta económica Nadia Calviño: "La ministra de Economía decía que la clave de la recuperación estará en la confianza del inversor internacional y todo lo que están haciendo es invitar a los inversores internacionales a irse a cualquier sitio menos a España", decía entre incrédulo y sorprendido.
"El impacto de las medidas que está adoptando el Ejecutivo está en la sensación que se da al inversor internacional y que no se siente cómodo cuando ve que se cambian las normas de esta forma y alimenta el fantasma de la tradicional inseguridad jurídica en España".
Otro de estos empresarios advertía de que las entidades financieras comienzan a observar un crecimiento súbito de la mora, sobre todo en los créditos al consumo, y ven con preocupación un aumento cada vez mayor de las dificultades para recuperar el crédito dudoso.
Otra de estas fuentes insistía en la cara dura de la ministra Calviño: "Con los presupuestos que han presentado, expansivos en gasto, incrementos de impuestos e intervención en algunos sectores fundamentales, me pasma ver a toda una ministra de economía diciendo que la clave está en recuperar la confianza de los inversores internacionales".
La clase empresarial en pleno suspende los PGE
Pero no sólo grandes empresarios se expresan en este sentido en Libertad Digital en declaraciones off the record, sino que grandes representantes de asociaciones empresariales y de grandes compañías lo han hecho recientemente. En declaraciones a Expansión hemos podido leer estas últimas semanas, por ejemplo, a Antonio Garamendi calificar los PGE de "ideológicos y nada realistas" acusando al Ejecutivo de "castigar a las compañías con subidas de impuestos y la supresión de la exención total de los dividendos que las empresas traen de fuera. Es un castigo a las multinacionales españolas, que es justamente el tipo de empresas que necesitamos para que lideren la creación de empleo digno". Remataba el presidente de la patronal que si estos PGE son los que nos esperan para los próximos cinco años, "habrá que agarrarse porque vienen muchas curvas".
Añadía, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, que "sería un desastre, un drama para la economía, para las empresas y para el empleo".
Pero han sido muchos los empresarios y representantes empresariales que se han manifestado en este sentido:
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA: "Los PGE van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España". "La rebaja de los límites de aportación a los sistemas de previsión individuales afectará negativamente a más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones y a casi 1 millón de asegurados".
John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios: "Subir impuestos ahora es una locura, un disparate, una imprudencia". "Los PGE no son realistas, hay mucha ideología en ellos y no están adaptados a la situación. Tenemos que potenciar la economía, no hundirla". "Hay mucho populismo y mucha ideología en el gobierno. Lo mismo ocurre con el régimen de alquiler de vivienda. Todo lo que no sea dejar actuar al mercado con libertad es mala idea y lo estamos viendo en Berlín (donde la limitación al precio del alquiler ya está provocando efectos perversos, reduciendo oferta y subiendo los precios)".
Respecto a la posibilidad de un nuevo arresto domiciliario, si se produce, "habrá que empezar a tener más miedo a los políticos que al propio virus", decía.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme: Estos PGE no son "las cuentas que necesita España. Son unas cuentas muy ideologizadas, enfrentan lo social con lo económico, obviando que realmente una cosa depende de la otra. Incluyen un fuerte incremento del gasto, pero estructuralmente, cuando lo preciso es que de forma coyuntural se afronte el fuerte shock que está sufriendo la economía. España es el único país que sube los impuestos".
Sobre un nuevo confinamiento domiciliario considera que "hay que evitarlo a toda costa. Si se produjese, que se mantenga el mayor nivel de actividad. Las empresas aplican todos los protocolos sanitarios y ya están muy perjudicadas", decía.
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur: "Estos PGE son una profunda decepción. No hay a corto plazo ninguna partida para socorrer la solvencia de un tejido empresarial al borde del precipicio. La mejor política social es ayudar a que los empresarios tiren del carro, y eso no se conseguirá subiendo impuestos. Piensan más en la ideología que en cómo salir del enorme atolladero en el que estamos".
¿Y si vuelven a confinarnos en casa? "Se anularía cualquier visibilidad de reactivación turística. El sector podría perder 22.000 millones en el último trimestre. Otros países han anunciado ayudas directas a los sectores afectados. Hacen falta ayudas".
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores: "Obligar a las empresas a tributar lo que ya han tributado en otras jurisdicciones implica un deterioro en la competitividad internacional para nuestras empresas. Lo que procede en un momento de recesión es reducir la carga impositiva, como están haciendo otros países de nuestro entorno".
Stella Raventós, presidenta de Aedaf: "Reducir la desgravación de los fondos de pensiones como está la Seguridad Social no es conveniente". "El gravamen a los dividendos traerá dobles imposiciones, habrá reestructuraciones. El alza del diésel y del IVA a las bebidas azucaradas afectará a todos. Habrá deslocalizaciones por el impuesto de Patrimonio. No están diseñados para atraer inversiones, no es el momento para estos PGE".
Jaime Lamet, presidente de la cámara de comercio de EEUU en España: "Estos presupuestos se basan en premisas falsas: optimismo en los ingresos y un momento muy malo para hablar de subidas de impuestos, ningún país lo hace, y damos una imagen no deseada a los inversores. Hay una idea equivocada de que tenemos una recaudación sobre PIB inferior. Si se mira el esfuerzo fiscal, es superior. Me sorprende que suba el salario de los funcionarios, lo que es justo para sanidad, pero no para el resto, superprotegidos mientras el sector privado cae, lo que tampoco hacen otros países. Debemos reflexionar sobre el gasto".
Alicia Richart, directora general de Digitales: "Nuestro sector es el más castigado fiscalmente de Europa. Estamos seis puntos por encima de Francia o Inglaterra, lo que nos deja en peores condiciones para competir. Pagamos 9.000 millones en impuestos anuales. A la tasa Google se le suma el alza en sociedades y el golpe a las subastas del 5G que nos van a suponer 2.100 millones, cuando hemos invertido más de 8.000 en desplegar fibra. Y cuando el Gobierno dice que tiene entre sus prioridades la agenda digital. No es el mejor momento para que aumente la presión fiscal".
Rafadel Miranda, presidente de Acerinox: "La penalización fiscal a las empresas reducirá la capacidad competitiva exterior española y las subidas impositivas a las clases medias reducirá su poder adquisitivo en un momento crítico".
Gonzalo Sánchez, presidente de PWC España: "Se debe priorizar el mantenimiento de un tejido empresarial sólido".
Miguel Garrido, presidente de CEIM: "No es el momento de subir el sueldo a los funcionarios".
Sobre un nuevo confinamiento domiciliario, considera que "es lo fácil y se ha visto que ha sido ineficaz. Supondrá un golpe definitivo, la puntilla para miles de empresas y autónomos. Se deberían copiar las medidas de Madrid, quirúrgicas, no indiscriminadas, que están reduciendo los contagios".
Lorenzo Amor, ATA: "Va a haber un nuevo castigo fiscal, España va a contracorriente. No se cree nadie, ni el propio Gobierno, que la economía el año que viene crezca un 9% y el gasto indudablemente va a aumentar". "Un confinamiento domiciliario sería la gota que colma el vaso, un daño irreparable para muchos autónomos, muchos entregarían la cuchara".
Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pascual: "Poner la carga fiscal sobre las empresas es la peor idea ahora".