El gobernador del Banco de España, señor Hernández de Cos, se manifestó contrario al incremento del salario de los funcionarios de 0,9% incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tiene toda la razón: en un momento en que el déficit fiscal está desbocado y con la deuda pública alcanzando diariamente nuevos máximos, el gobierno debería evitar todo el gasto posible. Además, en este caso, se trata de una cuestión elemental de equidad: no puede subirse el salario al colectivo que goza de las mejores condiciones laborales, precisamente cuando el sector privado sufre la mayor caída de ingresos en más de un siglo.
La ministra de Economía, señora Nadia Calviño, se declaró “sorprendida” por las palabras del gobernador y defendió ese incremento salarial porque, según ella, "ayuda a recuperar el consumo y la actividad". La ministra, señora educada, sabe que está vendiendo pescado podrido. Descarto la posibilidad de que Calviño no entienda que lo que dice es incorrecto, pero lo explicaré para quienes no tengan formación económica.
La sociedad, en términos tributarios, se divide en dos grupos: pagadores de impuestos y consumidores de impuestos. Los asalariados del sector público, por más antipático que sea decirlo, son uno de los grupos de consumidores de impuestos. Sé que ellos también presentan su declaración de la renta y pagan IVA cuando compran zapatos o van al cine. Pero los tributos que ingresan son solo "descuentos" de una nómina que se financia, enteramente, por impuestos pagados por el sector privado.
Eso no implica en absoluto negar el papel imprescindible de ciertos funcionarios para el funcionamiento de una sociedad libre, como jueces y policías. Tampoco conlleva menoscabar en lo más mínimo el rol fundamental de muchos otros, que en el caso de los sanitarios llega a alcanzar, en esta época de pandemia, cotas heroicas.
Solo quiero subrayar que todo el salario de los asalariados del sector público lo pagan quienes trabajan en el sector privado. Por lo tanto, aumentar la remuneración de aquellos implica una carga extra para estos últimos. Más aún ahora, cuando están perdiendo puestos de trabajo (805.900 en los últimos doce meses) y sufriendo una gran caída en sus ingresos (el salario medio cayó 11% interanual en el segundo trimestre, la mayor caída desde 1909). Y, todavía más, cuando el número de funcionarios crece y acaba de marcar un nuevo máximo histórico de más de 3,3 millones.
Aun suponiendo que los funcionarios gastasen todo el aumento salarial, la mayor actividad derivada de ese gasto se compensaría por la actividad que sería destruida por la carga tributaria adicional impuesta al sector privado (mientras unos comprarían más, los otros podrían gastar menos). Si el aumento de los salarios públicos se financiara con deuda pública tampoco serían mejor las cosas: los mayores riesgos macroeconómicos derivados de seguir aumentando el endeudamiento público se traducirían en una mayor caída de la confianza de empresarios e inversores. A su vez, la mayor desconfianza reduciría la inversión, lo que no solo anularía cualquier efecto positivo inicial en la actividad económica del aumento salarial a los funcionarios, sino que además dañaría la acumulación de capital (maquinarias, construcciones, etc), que es la base última de la prosperidad.
Para aprobar un examen, un alumno debe estudiar. Si quiere ganar un Mundial, la selección tiene que entrenar. Si quiere aumentar el salario a los funcionarios, el gobierno debe alentar el crecimiento del sector privado y el aumento de la productividad. No hay atajos. Intentar el camino inverso (hacer un examen sin estudiar, jugar un Mundial sin entrenar), solo anticipa el fracaso.
El gobierno habla de "unidad", pero divide a la sociedad creando arbitrariamente grupos de privilegiados y de agraviados. De un político inescrupuloso es algo que se espera, pero no de una profesional competente. Calviño se presta a defender lo indefendible y mancha su prestigio. Apuesto a que algún día se arrepentirá.