El Gobierno da un paso más en su ya evidente estrategia de terror fiscal. Hace unos meses el propio Tribunal Supremo advirtió al Fisco de su arbitrariedad en la aplicación de la norma fiscal y la indefensión e inseguridad jurídica en la que mantienen a los contribuyentes, sean estos empresas o personas.
En aquella sentencia el Supremo advertía de que el legislador ha perseguido en el ámbito fiscal justo lo contrario de lo que debe buscar: "Claridad y no la confusión de la norma. Que el ciudadano sepa a qué atenerse". Y añadía: "Es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal".
Pues bien, ahora Hacienda da una vuelta de tuerca adicional y a la inseguridad jurídica que mantiene en el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas, ahora suma la persecución a los contribuyentes en sus propios domicilios. Lo que leen.
Así lo ha trasladado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, quien, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, explicó que preparan la normativa necesaria para permitir que el Fisco pueda entrar en las casas de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso. Dice que avisar "no parece muy efectivo" por el miedo a "la destrucción de pruebas".
Para Gascón, el reto es tratar de hacer compatible una norma que permita a los inspectores entrar en la casa de los contribuyentes sin avisar con la jurisprudencia que sienta otra reciente sentencia del Supremo que cuestiona que se pueda dar autorización judicial para un registro basada sólo en "una corazonada" de que un contribuyente tribute por debajo de la media del sector.
Choque de derechos
No dudó Gascón en señalar que su pretensión choca con los derechos de los ciudadanos de la inviolabilidad del domicilio: "Se produce un choque de derechos complicado de resolver, porque la inviolabilidad del domicilio tiene que conciliarse con un acceso sin previo aviso autorizado por un juez".
Según Gascón "el Supremo ha puesto el problema encima de la mesa y nos ha dicho: vean ustedes la normativa y vean cuál es la solución que puede ser más oportuna, porque lo que hay ahora es endeble", ha afirmado.
A su juicio, esta situación no puede llevar a que se use de forma sistemática la vía penal, "que debe ser el último recurso, porque por judicializar más no se está haciendo mejor el trabajo", ha dicho.
"La vía administrativa es la ordinaria y la vía penal tiene que ser excepcional", ha añadido.