Rara vez un gobernador del Banco de España se ha atrevido a cuestionar la política económica del Gobierno tan abiertamente como lo ha hecho este miércoles Pablo Hernández de Cos durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para exponer su visión respecto a las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo. Y es que Hernández de Cos no ha podido ser más claro al manifestar su oposición a la subida generalizada de sueldos públicos y pensiones y a la de impuestos, planteadas además en unos momentos de crisis económica sin precedentes.
Mientras miles de empresas están echando el cierre por el paralizante efecto del coronavirus y las draconianas medidas adoptadas para combatirlo –octubre ha cerrado con 640.000 parados más– y el déficit y el endeudamiento público están completamente desmandados, resulta una absoluta irresponsabilidad y una muestra de insolidaridad plantear una subida salarial a los funcionarios, cuyos puestos de trabajo –a diferencia de lo que ocurre en el sector privado– no corren peligro alguno y cuyo poder adquisitivo no se ha deteriorado en modo alguno como consecuencia de la deflación. De hecho, y como se ha planteado varias veces en estas mismas páginas, el mayor gasto en sanidad y en subsidios por desempleo que provoca la pandemia, así como el alivio fiscal que requieren tantas empresas y trabajadores, deberían ser compensados con recortes en otras partidas, que incluyeran incluso reducciones salariales temporales de los funcionarios, con la lógica excepción del personal sanitario, cuyo número debería incluso ampliarse para afrontar la crisis.
En lugar de eso, el Gobierno plantea una subida salarial generalizada en un sobredimensionado sector público que va a costar a los contribuyentes más de 3.000 millones de euros, importe equivalente al destinado al salario mínimo vital, en unos momentos en que España está viviendo a crédito de sus socios europeos. Por mucho que el Gobierno hable de “arrimar el hombro”, nunca lo dice para que los trabajadores que cobran del contribuyente se solidaricen con el sector privado, que es –en términos netos– el que soporta la presión fiscal.
Por mucho que el Ejecutivo social-comunista tenga la desvergüenza de asegurar que su Presupuestos son los “más sociales”, lo cierto es que subir el salario de los que tienen el sueldo asegurado a costa de los contribuyentes presentes y futuros que sufren la crisis nada tiene de social y mucho de clientelismo. De hecho, la política realmente social es la que crea riqueza y puestos de trabajo, maneja con austeridad y eficiencia el dinero de los contribuyentes y libera a los ciudadanos del asistencialismo del Estado. Es decir, justo lo contrario del pesebrismo y la servidumbre que socialistas y comunistas encubren engañosamente bajo el manto de la sensibilidad social.