La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comenzado a dar forma a la conocida como Ley Rider. Díaz ya se ha reunido en varias ocasiones con patronal y sindicatos con el objetivo de poner fin a la actual relación que tienen estos repartidores con plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Para la máxima responsable de Trabajo, "no cabe duda" de que los riders ejercen como empleados de estas compañías y quiere que dejen de ser considerados autónomos. "Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", ha asegurado en alguna ocasión la ministra, insistiendo en que "no solo no es un emprendedor, sino que no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral".
Un fallo que dictó el Supremo hace algunas semanas podría dar alas a la teoría de Yolanda Díaz. El Alto Tribunal determinó que un repartidor de Glovo es un falso autónomo, lo que podría suponer un varapalo para este modelo de negocio. Las compañías podrían verse obligadas a contratar a los cerca de 30.000 riders que hay en la actualidad en España o lo que es peor: a prescindir de ellos si no les salen las cuentas.
Desde Adigital, la patronal que engloba a estas empresas, ya alertan de que obligarles a "laboralizar" a estos repartidores supondría perder al 76% (unos 23.000) de ellos, por la "desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto". Adigital basa estos datos en "el caso de Ginebra, donde, desde el pasado 1 de septiembre, no se permite a los trabajadores autónomos operar a través de plataformas de reparto de comida a domicilio. Desde ese día, los repartidores están contratados por flotas de transporte", cuentan. La consecuencia de esta nueva medida ha sido "una drástica reducción del mercado del delivery, con la consiguiente pérdida de oportunidades económicas para repartidores y restaurantes y la disminución de la oferta disponible para los consumidores", alertan.
Asimismo, la desaparición de los riders "tendría un fuerte impacto en los ingresos de los restaurantes", por lo que, con la crisis del coronavirus, la Ley Rider no podría llegar en peor momento. La estimación de Adigital es que, "en los 12 meses siguientes a una transición al modelo de flotas, se perderían más de 250 millones de euros de ingresos adicionales para los restaurantes".
Los 'riders' se rebelan
Hasta aquí, todo normal. Que cualquier empresa cargue contra un sistema que amenaza con encarecer sus costes laborales es de esperar. Lo curioso del asunto es que ha surgido un grupo de repartidores que defienden que ellos operan como "auténticos autónomos". Y quieren seguir siéndolo.
Se trata de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y ya está formada por más de 800 repartidores por cuenta propia, según cuenta su presidente, Jordi Mateo, a Libre Mercado. Mateo, que actualmente trabaja como repartidor a tiempo completo, no entiende como Yolanda Díaz "quiere obligar a que seamos contratados por una empresa cuando la ventaja que nosotros tenemos es que somos libres para organizar nuestro tiempo y para decidir con qué plataformas trabajamos". Y han llegado a manifestarse bajo el eslogan "Dejen trabajar. Queremos mejorar, no destruir nuestro trabajo".
"Desde 2016 ha habido muchas denuncias de riders y es cierto que antes se hacían las cosas mal, pero ahora nosotros decidimos cuándo nos conectamos a la plataforma, en qué zona nos viene mejor trabajar cada día, qué pedidos aceptamos o con qué empresa. Ya no te penalizan o castigan por rechazar pedidos", asegura. El presidente de APRA explica que, gracias al aumento de la competencia en el sector del delivery, los repartidores tienen margen para elegir con qué empresa trabajan. "No queremos un contrato tradicional porque nos perjudicaría. Yo me meto cada día a trabajar y puedo poner a repartir con la plataforma que más me pague en ese momento ¿Me van a tener que contratar todas?", se pregunta.
"No somos precarios, ni estamos explotados"
Mateo denuncia los "mitos" que han surgido alrededor de la figura del rider, "como que cobramos 1 euro o 2 la hora, y eso es mentira. También, quieren dar la imagen del pobre repartidor que se cansa porque no puede con la bici, cuando buena parte de nosotros vamos en moto", asegura.
Sus condiciones económicas nada tienen que ver con el discurso imperante. De media, "un repartidor gana entre 10 y 15 euros la hora. Más dinero que en otros sectores y más que un repartidor contratado y precarizado por una sola compañía", asegura. "Nosotros no somos precarios, ni estamos explotados. Es más, el estudiante que quiere trabajar 20 horas a la semana, las trabaja, pero el autónomo que quiere trabajar entre 50 y 60 horas puede ganar más de 3.500 euros al mes, casi 3.000 euros limpios", afirma.
"Muchos de nosotros ya venimos del sector tradicional y sabemos lo que es. Solo queremos que nos dejen trabajar en libertad, con más derechos sí, pero siendo autónomos", insiste. Mateo critica el "tono maternalista" de Yolanda Díaz con su sector, "cuando no se ha querido reunir nunca con nosotros y cuando no sabe cómo es el día a día de un repartidor". Considera que el Gobierno "se quiere apuntar un tanto con la ley diciendo que somos precarios y que nos está salvando, cuando lo que va a hacer es perjudicarnos".
Asegura que "sólo la directora general de Trabajo nos ha recibido, pero la ministra, nada". También confirma la oposición del departamento de Economía, que dirige Nadia Calviño, al plan de Yolanda Díaz. "Nos recibieron en el Ministerio de Economía y nos reconocieron que eran conscientes de que nos podían perjudicar y que nos podíamos quedar sin trabajo", relata. El presidente de APRA asegura que tienen "mucho miedo al texto de Díaz". Piden ser escuchados.