La última reunión de la Comisión del Pacto de Toledo ha vuelto a poner de manifiesto que la gran mayoría de formaciones políticas se opone a reformar el sistema de pensiones, a pesar de la situación crítica que reflejan sus cuentas desde hace ya más de una década. Solo Vox ha emitido un voto contrario al informe pactado por PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos o PNV, de modo que el consenso en torno al modelo actual es casi total.
Sin embargo, la cruda realidad es que las pensiones están en peligro. Si observamos la evolución del sistema en las dos últimas décadas, podemos apreciar dos fases muy diferenciadas. Hasta el estallido de la Gran Recesión, el crecimiento económico y la burbuja inmobiliaria favorecieron un repunte muy fuerte de la ocupación, apuntalando con ello los ingresos del sistema. Fueron, además, años en los que la pirámide demográfica no experimentó grandes cambios y el número de nuevos jubilados no creció con excesiva fuerza.
La cosa cambia desde entonces. La pasada crisis tuvo un impacto devastador en el mercado de trabajo, elevado la tasa de paro hasta niveles superiores al 26%. De hecho, aunque la Gran Recesión estalla entre 2007 y 2008, solo un lustro después empezó a observarse una cierta recuperación del empleo perdido. En paralelo, la evolución de la pirámide demográfica sí favoreció un fuerte crecimiento en el número de nuevos jubilados y, al mismo tiempo, hizo que el número de trabajadores jóvenes creciese de forma limitada, reflejando el desplome de la natalidad que se venía observando desde tiempo atrás.
A raíz de esta evolución, el equilibrio financiero de la Seguridad Social dio un vuelco de 180 grados. Si en el año 2006 se observaba un superávit de 13.000 millones de euros, en 2019 se alcanzó un déficit de 17.000 millones, cifra muy similar a la registrada en ejercicios anteriores. Aunque los ingresos por cotizaciones crecieron de forma sostenida durante el último lustro, el déficit se ha mantenido prácticamente constante debido al continuo aumento del gasto en pensiones.
Los pensionistas no han percibido el deterioro del sistema porque el Fondo de Reserva ha permitido "tapar el agujero" y dedicar todos los recursos generados en tiempos de bonanza a garantizar las pensiones de nuestros mayores. Sin embargo, ese "colchón" financiero se ha agotado y, desde la "paga extra" de verano de 2017, los sucesivos gobiernos han optado por pagar las pensiones a golpe de endeudamiento. Así las cosas, aunque los pasivos de la Seguridad Social se habían mantenido estables en torno a los 20.000 millones, en 2019 ya se rebasó el umbral de los 50.000 millones de deuda, mientras que en 2020 se ha superado la barrera de los 70.000 millones de obligaciones ligadas a la Seguridad Social.
El empleo como variable clave
¿Qué medidas pueden adoptarse para evitar el colapso del sistema? El Instituto de Estudios Económicos propone esta semana una reflexión al respecto, con la mirada puesta en el vínculo existente entre creación de empleo y generación de ingresos por cotizaciones sociales. Según el centro de estudios de referencia de la CEOE, igualar la tasa de paro a la media europea permitiría disparar los ingresos de la Seguridad Social en unos 14.000 millones de euros.
El decano de los think tanks españoles apunta que las cotizaciones sociales generan en España un monto del 11,7% del PIB, frente al 13,3% observado en Europa. El problema es que nuestra "cuña fiscal" —es decir, el peso de IRPF y cotizaciones sociales sobre el coste laboral bruto de contratar a un trabajador— se sitúa por encima del promedio observado en la UE-27 y en la OCDE. Por lo tanto, no hay mucho margen para elevar los impuestos.
Sin embargo, si se pone el foco en abaratar la contratación mediante reformas laborales de segunda generación que aumenten la flexibilidad y reduzcan las rigideces que persisten en nuestro mercado de trabajo, sería posible reducir el desempleo hasta niveles cercanos al promedio europeo, donde el paro ronda el 7%. Esto favorecería un aumento de la ocupación de 1,9 millones de personas y ayudaría a reducir drásticamente el "agujero" de la Seguridad Social, que caería a 3.000 millones de euros (un 82% menos).
El déficit de las AAPP también se esfumaría
Como ya anotó Libre Mercado el pasado mes de agosto, BBVA Research también se ha hecho esta pregunta pero con la mirada puesta en el déficit global de las Administraciones Públicas. Sus cálculos revelan que reducir el paro al promedio europeo ayudaría a elevar la recaudación fiscal en 60.000 millones de euros, como resultado del aumento de ingresos tributarios directos e indirectos derivado de incorporar a casi dos millones de nuevos asalariados.
Con los datos de 2019, esto supondría pasar de un déficit de 30.000 millones a un superávit de 30.000 millones. Por lo tanto, hablar de empleo en España ya no es solo relevante en términos directamente ligados al mercado de trabajo, sino que también se ha convertido en una variable clave para analizar el futuro de las pensiones y la reducción del déficit y del endeudamiento público.