Según los últimos datos de empleo publicados por el INE, España ha marcado un nuevo récord de empleo público: 3.337.000 asalariados en plena pandemia, con una incorporación neta de casi medio millón de trabajadores públicos en el tercer trimestre del año. En comparación con el año pasado, esto supone un incremento del 3,36%, en un momento en el que el empleo privado se ha desplomado un 4,84%. Todo esto hace que, en estos momentos, casi el 21% de asalariados dependan de una nómina estatal
Esta brecha refleja, por un lado, el sufrimiento soportado por el sector privado en una de las peores crisis de los últimos tiempos y, por otro lado, la actitud manirrota de las administraciones públicas mientras se despreocupan por la estabilidad presupuestaria. De esta forma, vuelven a repetirse los mismos errores de 2007, mientras que la nación sufrirá este año el mayor déficit público desde la Guerra Civil.
Además, para más inri, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la oferta de empleo público para 2020, que contará con 28.055 plazas nuevas de personal a cargo de las cuentas públicas.
Votos a cambio de subidas de sueldo
Por otro lado, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado una subida de sueldo para los empleados públicos del 0,9% en 2021. Esta medida se toma, según el Gobierno, para reconocer su "compromiso y esfuerzo" durante la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo ha aprovechado su puesta en marcha para subir el salario del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros.
La subida en los salario del sector público para 2021, que se suma los importantes incrementos de 2019 (2,5%) y 2020 (2%), contrasta con la grave situación que está atravesando el sector privado, donde los ERTE y el desplome de la actividad han mermado los salarios. Sin embargo, los trabajadores del sector público no se han visto afectados por ningún procedimiento de despido temporal y han recibido puntualmente sus nóminas aún cuando, en algunos casos, hayan visto reducida su carga de trabajo debido al confinamiento. En concreto, según la EPA del segundo trimestre de 2020, las horas trabajadas totales del sector público cayeron un 5%, aún cuando se incorporaron 30.000 nuevos empleados públicos.
En todo caso, si el verdadero objetivo del Gobierno fuera el de premiar a los trabajadores que más se han esforzado durante esta pandemia, como es el caso del personal sanitario, podría recompensarles a ellos con un suplemento salarial, pero no realizar una subida generalizada y arbitraria para todo el personal en un momento de descuadre total de las cuentas públicas.
Por otro lado, el anuncio de subida salarial se justifica bajo el pretexto de que el IPC subirá en en la misma proporción (0,9%) en el año 2021. Sin embargo, además de que estas previsiones se antojan demasiado optimistas, debemos tener en cuenta que las revalorizaciones salariales de los últimos años están siendo superiores al aumento del coste de la vida, medido por el IPC: en 2019% fue del 1,9%, mientras que en 2020 cerrará cercano al 0%.
Los empleados públicos ganan 12.000 euros más
Otra de las razones que hacen poco procedente esta revalorización es la ya existente brecha salarial entre los trabajadores del sector público y del privado. En concreto, según datos de la Agencia Tributaria, los empleados del sector privado percibieron en 2019 un salario medio de 23.683 euros, mientras que los del sector público llegaron a los 36.387 euros. Esto es, un desfase salarial cercano al 54% (12.704 euros) a favor de los empleados públicos. Esta desigualdad se plasma, además, en la distribución de la renta española, ya que dos tercios de los trabajadores públicos se ubican en los tres deciles más altos de dicha distribución. Es decir, la mayoría se encuentran en los segmentos de población que más dinero ganan.
Otro de los argumentos utilizados para justificar esta subida salarial es que tiene el objetivo de estimular la economía. Sin embargo, esta teoría no parece sostenerse, ya que, según un un informe del Banco de España, el incremento de salarios públicos en España en tiempos de alto desempleo no solo no estimula la economía, sino que contribuye a reducir el crecimiento del PIB.
En definitiva, el Gobierno plantea un nuevo incremento salarial a la plantilla pública más grande de la historia, que se une a los incrementos de años anteriores y es superior al aumento del coste de la vida.
Todo ello en un contexto de crisis económica en el que se le subirán los impuestos al sector privado para, entre otras cosas, pagarle el incremento salarial a los empleados de las Administraciones Públicas, cuyas retribuciones ya son suficientemente elevadas en comparación con las del resto de ciudadanos.