Una de la medidas presentadas este martes dentro del plan de Presupuestos de 2021 ha sido la limitación los precios del alquiler a nivel nacional. Esta medida, que se ejecutará a través de una nueva ley estatal de vivienda, supondrá el "mayor grado de intervención pública del alquiler de toda Europa", según presumía el propio Pablo Iglesias.
La puesta en marcha de la medida, que contaba con la oposición de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, supone un éxito para Podemos en la negociación, y comenzará a aplicarse dentro de cuatro meses tanto a los nuevos contratos como a los ya existentes.
Tras conocerse la noticia, la reacción del sector inmobiliario no se ha hecho esperar, saliendo en tromba a criticar la medida.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) señala la propuesta como" una medida ideológica contraria al mercado del alquiler". Según la agencia, las 7 consecuencias de intervenir las rentas de alquiler son: "aumento del mercado negro, altos precios y desigualdades, deterioro de viviendas, fin de la compra para alquilar, guetos con listas de espera, inseguridad jurídica con 8 regímenes y retirada de SOCIMIS". Afirman, además, que "intervenir ahora las rentas de alquiler podría provocar la paradoja de que los precios intervenidos fueran más altos que los que exige la actual demanda a la baja, puesto que no sabemos hasta cuando seguirán cayendo los precios". Por último, destacan que "las rentas de alquiler están ya en niveles del año 2018, con caídas entre el 10 y el 15%".
Por su parte, el portal Pisos.com destaca que la regulación de los alquileres "llega tarde y genera incertidumbre". En concreto afirman denuncian que "limitar las rentas no es la solución, hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas. Las medidas deben ir enfocadas a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada, como en Viena o Sídney".
La empresa de protección a propietarios Alquiler Seguro también se ha pronunciado, alegando que "la oferta desaparecerá, los precios subirán y aumentará la economía sumergida". Su CEO señala que las medidas "se toman en el peor de los momentos, en plena pandemia, en la que nos encontramos en una situación excepcional en todos los ámbitos, incluido el alquiler".
Recordemos, además, que esta medida choca con el consenso de los expertos, ya que solo el 2% de los economistas más destacados del panorama internacional está de acuerdo con que el control sobre los alquileres redunde en un impacto positivo sobre la cantidad y la calidad de los mismos. En la misma línea apuntó un informe de Fedea de 2019, que aseguraba que política de controlar los precios puede provocar el efecto contrario al deseado por el Gobierno, generando así menor mantenimiento de las viviendas, reducción de la inversión y la oferta, aumento de precios, mayor discriminación por tipo de inquilino, aumento de la desigualdad e incremento de los alquileres en negro.