El Gobierno ya ha descubierto el palo fiscal que asestará a los contribuyentes en 2021. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que aprobaron ayer martes PSOE y Podemos en el Consejo de Ministros, contemplan una batería de subidas de impuestos para recaudar más de 6.000 millones de euros en plena crisis económica. Algunos de los nuevos tributos ya se conocían; otros, llegan por sorpresa; sin olvidarnos de los impuestos que han estado encima de la mesa durante la negociación, pero finalmente no se aprobarán.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de ampliar los detalles en la rueda de prensa que se celebró tras el Consejo de Ministros. Antes, a primera hora de la mañana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban su acuerdo in extremis para cerrar las cuentas del próximo año. A cambio de su apoyo, el líder de Podemos conseguía que el PSOE se pusiera de inmediato manos a la obra para limitar el precio de los alquileres en todo el país. En materia fiscal, Iglesias también se salía con la suya en varias partidas.
Los Presupuestos de 2021 contemplan un aumento de los ingresos públicos del 14,7%. "La principal causa de esta evolución es la mejora un 13% de los ingresos tributarios por el ciclo económico, con una previsión de crecimiento del PIB en 2021 que alcanzará el 9,8% con el impulso de los fondos europeos. También influyen algunas medidas fiscales", apuntaba el Gobierno. El optimismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez contrasta con las previsiones de una larga lista de organismos y casas de análisis, que alertan de que la recuperación de la economía española será lenta y dolorosa.
Según el Gobierno, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone ese incremento del 13%. Cuesta creer que España vaya a conseguir en 2021 unos ingresos tributarios históricos, cuando nuestro país se enfrenta a la peor crisis del periodo de paz.
Durante la rueda de prensa de ayer, fue muy llamativo cómo María Jesús Montero vendió las nuevas subidas de impuestos: destacaba que afectaría a muy pocos contribuyentes, que prácticamente no tenían afán recaudatorio y que casi venían impuestas por Europa. ¿Cómo es posible que, entonces, 2021 se vaya a convertir en el año de la recaudación récord si casi nadie va a sufrir el sablazo? Además, Montero en cada una de sus diapositivas acompañó cada impuesto con una "justificación". Estas son:
IRPF y planes de pensiones
Se recoge en el IRPF un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Este incremento solo afecta al 0,07% de los contribuyentes. Asimismo, se incrementa en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará a solo el 0,08% de los declarantes. Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total, destaca el Gobierno. La justificación de este tributo es "dotar de mayor progresividad al impuesto".
En el IRPF también se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros.
"Esta medida sigue las recomendaciones de la AIREF para aumentar la progresividad", justifican desde el Ejecutivo. "Según la autoridad fiscal la mayor parte de propietarios de planes de pensiones realizan aportaciones muy inferiores a los 8.000 euros actuales de límite de reducción. De hecho, el 58% hace aportaciones inferiores a 1.000 euros. Por tanto, esta medida afectará a un número menor de contribuyentes con estos planes". Justifican este golpe a los planes de pensiones en que "se limita la regresividad del incentivo fiscal, el impacto de la medida se concentra en las rentas altas y sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo, al fomentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral".
Mucha más importancia que la que le da el Gobierno le han dado la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, y la Asociación Empresarial del Seguro, Unespa. Ambas han mostrado su rechazo a la eliminación "sustancial" de estas reducciones que afectará a cerca de 8,5 millones de españoles. Según los cálculos de estas asociaciones, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida.
Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos. "Se trata de una medida que pretende ayudar y mostrar sensibilidad con los autónomos en un momento de crisis", afirman.
La subida de Patrimonio mira a Madrid
Las cuentas públicas también contemplan que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año mediante una ley. Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5% al 3,5% para las fortunas de más de 10 millones de euros.
Aquí el Gobierno no puede excusarse en Europa, donde está prácticamente desaparecido este tributo. Por eso, la justificación que da es la de "garantizar que los que más tienen más aportan y avanzar en la seguridad jurídica al hacer permanente el tributo".
Montero, además, amenazó a Madrid -donde Patrimonio tampoco existe- con implantarlo. "Tenemos la firme voluntad de avanzar en una armonización" para que "no haya competencia desleal de CCAA y no haya dumping fiscal ni agravios comparativos", declaró, por lo que los contribuyentes madrileños más ricos se enfrentarán a una gran subida fiscal muy pronto.
Sociedades
Los Presupuestos incorporan en el Impuesto sobre Sociedades reducir la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior.
La justificación es que "la medida, que ya se aplica en otros países de la UE como Francia, Italia o Alemania, pretende acercar el tipo efectivo del impuesto al tipo nominal, sobre todo de las grandes empresas". Añaden que se hace "protegiendo a las pymes, ya que las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años". Pero después, pagarán más Hacienda. De hecho, si quisieran proteger de verdad a las pymes habrían incluido la bajada que le habían prometido a las compañías con una facturación inferior a un millón de euros para que pasasen a tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
El palo en Sociedades afectará a 1.739 empresas, "de las más de millón y medio de declarantes del Impuesto de Sociedades", apuntan desde el Ejecutivo.
IVA y diésel
Finalmente, Sánchez e Iglesias han descartado incrementar la fiscalidad del IVA a la educación y sanidad privada, así como cambiar productos de los tipos reducidos al general, salvo una excepción: se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas. Lo justifican en "fomentar hábitos más saludables de la población y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los resultados de diferentes estudios científicos y médicos, que muestran cómo el consumo excesivo de bebidas edulcoradas contribuye al aumento del sobrepeso y la obesidad".
Las rentas más bajas acusarán más la subida del IVA a los refrescos, al igual que los conductores más pobres, porque modifican el Impuesto sobre Hidrocarburos para acercar la tributación del diésel a la gasolina. En concreto, el tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 30,7 actuales (sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro de la gasolina). Así, se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros. "Se trata de una medida de carácter medioambiental sin afán recaudatorio", señala el Gobierno, que pretende ingresar 500 millones de euros gracias a ella. En la práctica supondrá 3,45 euros más al mes para los consumidores que tengan un perfil medio y que hagan 15.000 km al año.
El conjunto de estas medidas incluidas en los PGE tendrá un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022.
Los nuevos impuestos
Entre aquellas figuras de nueva creación que se tramitan en otras leyes y no están en los PGE están las siguientes:
El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables: "esta figura tiene como objetivo reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado para reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de residuos plásticos".
Por otro lado, en 2021 habrá otras dos nuevas figuras tributarias que ya han sido aprobadas por las Cortes Generales como son el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales —la tasa Google— y el Impuesto sobre Transacciones Financieras —la tasa Tobin—. Asimismo, se impondrá en las Socimis un gravamen del 15% a sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios. El Gobierno pretende recaudar en 4.223 millones en 2021 con todas ellas.
