Ayer lunes, 26 de octubre, comenzaron en la Comunidad de Madrid las restricciones de movilidad en 32 zonas básicas de salud (ZBS). En estas áreas, donde se ha detectado una incidencia de coronavirus superior a los 500 casos por 100.00 habitantes, vive un 10% de la población de la región que preside Isabel Díaz Ayuso.
Ante el anuncio de las medidas el pasado viernes, el economista Eduardo Garzón, hermano del ministro de Consumo Alberto Garzón, mostró su indignación por lo que para él era un confinamiento "de los barrios más humildes".
Ahora que acaba el Estado de Alarma, Ayuso amplía el horario de bares, confina los barrios más humildes y cierra parques infantiles. Esto es indignante a más no poder... https://t.co/RzW9mWyoKq
— Eduardo Garzón (@edugaresp) October 23, 2020
Sin embargo, las palabras del economista chocan frontalmente con la realidad. En primer lugar, cabe destacar que los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid son meramente sanitarios, estableciendo el límite de incidencia en cada zona básica de salud en esos 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, las nuevas zonas con restricciones incluyen barrios de renta media y alta, echando así por tierra las quejas de Eduardo Garzón. En concreto, una de las ZBS con limitaciones de movilidad es la correspondiente a Majadahonda. Este municipio cuenta con una renta media de 54.506 euros, lo que le sitúa en el puesto número 7 en el ranking de renta bruta declarada de toda España.
Otra Zona Básica de Salud afectada es la de San Juan de la Cruz, perteneciente a Pozuelo de Alarcón, cuya renta media bruta anual es de 79.506 euros. Esto le sitúa como el segundo municipio más rico de toda España y echa por tierra la conspiración contra los barrios pobres de Garzón.
Los intentos de la izquierda por acusar a la Comunidad de Madrid de confinar a barrios humildes no es algo nuevo. Ya en septiembre, cuando la región adoptó el sistema de restricciones por Zonas Básicas de Salud, representantes de PSOE y Podemos cargaron contra la presidenta Díaz Ayuso por, supuestamente, tratar de discriminar a las familias más desfavorecidas.