En las últimas décadas, varios países europeos con sistemas de reparto (contributivos) han iniciado profundas reformas de sus sistemas de pensiones.
Comenzó Suecia, a mediados de los años noventa: con el Estado al borde de la quiebra, una crisis económico-fiscal durísima y un peso creciente de los gastos de la Seguridad Social, los políticos nórdicos decidieron que debían hacer algo y acordaron sacar las pensiones del debate público. ¿Cómo? Crearon una pequeña comisión y le encargaron un informe, con el compromiso de los grandes partidos de respaldar las propuestas de aquel grupo. De aquella iniciativa, surgió la famosa reforma sueca (pensión mínima garantizada por el Estado, cuentas nocionales, aporte de capitalización, el sobre naranja que se envía cada año e informa de cuánto lleva cotizado cada trabajador...).
Después de Suecia, siguieron muchos otros: Italia en 2012 (apostando también por cuentas nocionales); Noruega en 2011; Reino Unido entre 2008-12 con su novedoso método de planes de empleo no obligatorios pero sí de inscripción automática; o, incluso, Francia, donde Emmanuel Macron ha planteado una reforma sustancial en el sacrosanto modelo galo de la Seguridad Social.
Otros países, no hicieron nada. Como Grecia. Allí la apuesta, desde los años 90, fue mantener el sistema sin cambios mientras fuera posible. Incrementar las obligaciones de pago mientras el Presupuesto lo sostuviera. Evitar las complicaciones ante la opinión pública y posponer cualquier modificación con impacto a medio-largo plazo. Y, eso sí, los partidos firmaron una y otra vez todo tipo de compromisos políticos en los que se defendía la sostenibilidad del sistema o la garantía a los jubilados de que no sufrirían ningún recorte, y se incluían todo tipo promesas para los trabajadores actuales sobre sus pensiones futuras.
No hay que engañarse. En los dos casos, tanto para los países que acometieron reformas como para los que no lo hicieron, el titular parece similar: hubo recortes en la generosidad del sistema.
Las reformas sueca, italiana, noruega o francesa suenan muy bien, tecnocráticas y limpias... pero en la práctica suponen que la misma cotización implica acumular menos derechos. Eso no quiere decir automáticamente pensiones más bajas (porque las carreras laborales ahora son más largas y con sueldos-cotizaciones más altas) pero no se puede obviar la realidad y lo que implicaron (en pensiones, "reforma" quiere decir siempre "recorte").
Por supuesto, también los griegos han visto un recorte de sus pensiones (actuales y futuras). Se calcula que, desde 2009-10, las prestaciones han caído hasta un 40% en el país heleno, aunque hay muchas diferencias entre tipos de pensionistas (en algunos casos, sobre todo en las prestaciones más elevadas, ese porcentaje ha sido incluso más elevado). Pero con una diferencia: en su caso, al revés que en los países que implementaron las reformas graduales, este recorte fue repentino, mucho más profundo, desigual entre generaciones, inesperado y doloroso. Y fue acompañado de una quiebra del Estado que desató la crisis económica más profunda que ha visto ningún país de la UE en el último medio siglo.
En España, el Pacto de Toledo se creó a mediados de los noventa para, en teoría, replicar lo ocurrido en Suecia: sacar las pensiones de la pugna partidista y tomar decisiones impopulares pero que, al estar respaldadas por todos los partidos, saldrían adelante sin que unos u otros se acusaran de querer llevar la miseria a los jubilados. En la práctica, ha servido exactamente para lo contrario, para blindar y consolidar la vía griega: cero reformas sustanciales, patada p’alante, promesas crecientes, ocultación de la realidad y fiarlo todo a un futuro de color de rosa en el que España tendrá un mercado laboral que nunca tuvo, una tasa de actividad que nunca alcanzó, un crecimiento de la productividad a años luz del actual, millones de inmigrantes de elevada cualificación esperando a entrar en nuestras fronteras y una recuperación de la natalidad que ningún indicador apunta.
Si todo esto sale bien, la patada p’alante saldrá bien (también en este caso habrá recortes, pero controlados). Si algo falla... pues ya llegará el Alexis Tsipras de turno y, con cara muy compungida, eso sí, nos anunciará de un día para otro que es necesario un recorte del ¿10-15-20%? en las pensiones actuales y en las futuras. Y la culpa será de los hombres de negro, de los mercados o de la troika... Candidatos a ser el malo habrá unos cuantos.
Las 'recomendaciones'
Este viernes, los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo acordaron el borrador del texto que, previsiblemente, firmarán el martes. Se espera que casi todos los grupos del Congreso respalden las recomendaciones: PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV... En este punto, sólo queda la duda de qué hará VOX (se habla de una abstención), de si habrá votos particulares o de si ERC o Bildu también firmarán.
No ha habido ninguna sorpresa en el documento. El contenido es el previsible:
- Ninguna reforma: no hay ninguna propuesta de reforma real del sistema. De hecho, lo más parecido que ha habido a una reforma en España (la introducción del Factor de Sostenibilidad en el año 2013) desaparece. Ni para bien ni para mal, no se nombra.
Podría decirse que esta propuesta de 2020 es más una contra-reforma que, si acaso, retoca aspectos de las de 2011 y 2013.
- Separación de fuentes de financiación: la reforma estrella... no lo es. Esto no implica ni un euro de gasto más (o menos) ni un euro de ingresos adicionales. Simplemente, supone pasar al Estado algunos gastos que hasta ahora financiaba la Seguridad Social.
Pero, ¿esto no se hacía ya? Sí. Cada año, la Administración Central envía varias decenas de miles de euros al organismo. Parte como transferencias directas y otra parte como "préstamos". En la práctica (porque nadie espera que la Seguridad Social devuelva esos préstamos) lo que ya hace el Estado es cubrir algo más de 30.000 millones de gastos de la Seguridad Social.
¿Y qué ocurrirá tras la (no) reforma de la separación de fuentes de financiación? Pues lo mismo. La Administración Central seguirá cubriendo esos 30.000 millones de gastos que hasta ahora abonaba la Seguridad Social. La única diferencia es que ahora ese dinero estará en las tablas del Capítulo 4 del Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado (Presupuesto de la Administración Central) y no en las tablas del Capítulo 6 (Presupuesto de la Seguridad Social).
Pero el pagador será el mismo (el Estado español, con sus impuestos y con la deuda que emite en los mercados) y los beneficiarios, también. Eso sí, los periodistas dejaremos de hablar de préstamos entre dos entes que, en el fondo, son el mismo sujeto: Administración Central y Seguridad Social no dejan de ser departamentos del Estado español, que es el que responde, por sus deudas y obligaciones, ante sus acreedores y sus ciudadanos.
A primera vista, podría parecer que esto no es ni bueno ni malo. Una mera reorganización presupuestaria. Y, si se contase la verdad, sería así: organizar las cuentas es un ajuste menor que debería aportar algo de claridad. En el caso español, no está tan claro que este cambio sea inocuo. Pasar 30.000 millones (o los que se pasen) a las cuentas de la Administración Central provocará que, durante unos años, muchos políticos aseguren que han terminado "con el déficit de la Seguridad Social". Y la presión, para hacer reformas o ajustar el gasto a medio plazo, desaparecerá.
- Contributividad y solidaridad: a lo largo del documento se hace referencia una y otra vez a una contradicción evidente. Por un lado, se dice que hay que mantener y reforzar el carácter contributivo del sistema (tanto cotizas, tanto cobras); por el otro, a veces incluso en el mismo párrafo, se habla de incrementar la solidaridad (es decir, subir las pensiones más bajas y las no contributivas) como elemento de política social.
Las dos cosas a la vez son imposibles. Es como decir que quieres engordar y adelgazar al mismo tiempo. Si el sistema es más contributivo, no se pueden subir más las pensiones y prestaciones no contributivas; si queremos que sea más solidario, entonces el premium por cotizar será menor en términos relativos. Lo normal es que ocurra esto último, porque es lo que ha estado sucediendo desde hace décadas. Pero los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo nos aseguran que conseguirán sorber y soplar al mismo tiempo.
- Edad de jubilación: aquí sí habrá novedades a corto plazo. De hecho, la única propuesta concreta del documento está en este punto. Se pide al Gobierno que presente un plan en tres meses. Se penalizarán las jubilaciones anticipadas y se incentivará que trabajemos más allá de los 67 años. El objetivo es acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Éste es un tema, por cierto, para el que no hay acuerdo en el mismo Gobierno que debe presentar la recomendación: aunque es la gran apuesta de José Luis Escrivá, en Podemos están en contra de la propuesta.
Esto sí supondría un recorte del gasto. Pero también en el documento de la Comisión hay muchísimos matices. Para empezar, no se toca la doble edad de jubilación que, de facto, hay en España (65 años para los que tengan 38,5 años cotizados y 67 para el resto). Tampoco hay ninguna petición concreta de cómo penalizar las jubilaciones anticipadas o promover el alargamiento de la vida activa. Y se mantienen las tradicionales advertencias sobre trabajadores con ocupaciones penosas o muy exigentes desde el punto de vista físico.
Esto es importante porque los países que han tenido más problemas con la sostenibilidad financiera de las pensiones han coincidido siempre en este punto: la regla general no era tan diferente a la de otros países... pero donde se escondía el truco era en las excepciones y en los grupos que se podían beneficiar de las mismas. Francia y Grecia, por ejemplo, son dos ejemplos de manual de este tipo de excepciones que se convierten en reglas. Algo parecido pasó en España con la reforma de 2011: cuando se estableció una cláusula de salvaguardia que permitía que numerosos colectivos mantuvieran las reglas previas.
Por último, un apunte importante: penalizar las jubilaciones anticipadas es un ajuste y un recorte. Se venda como se venda, es un cambio en las reglas del juego que reduce las prestaciones previstas y las promesas realizadas a los actuales trabajadores (o lo que es lo mismo, otra quiebra, una más de la Seguridad Social).
- Promesas de más gasto: quizás el punto en el que más se evidencia que el Pacto no ha servido para lo que se creó (proponer decisiones difíciles o impopulares). No sólo no hay ninguna propuesta de recorte sustancial o de reforma del sistema (salvo en el de las jubilaciones anticipadas y habrá que ver lo que al final se aprueba en este punto) sino que abundan las medidas que supondrían un incremento de gasto.
Por supuesto, la más comentada es la revalorización de las pensiones actuales conforme al IPC (y siguiendo el sistema actual, que hace que en muchos ejercicios la subida sea, incluso, superior si el Gobierno se equivoca al alza en sus previsiones). Por cierto, en un contexto inflacionario, esta ligazón podría provocar los temidos efectos de segunda vuelta (subidas de gasto llevan a subidas de precios que, a su vez, vuelven a generar subidas de gasto y más inflación).
Pero hay otras propuestas en la misma línea: para las pensiones más bajas, para las no contributivas, para las de viudedad, para trabajadores con carreras de cotización con lagunas...
De hecho, podía esperarse que la Comisión propusiera un endurecimiento de las reglas paramétricas (al estilo de lo realizado en 2011). Pues bien, no sólo no lo hace, sino que propone nuevos cambios que implicarían más gasto y pensiones más altas para los futuros pensionistas. Por ejemplo, cuando pide "la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión" o "la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario". En los dos casos, suena bien para el trabajador, porque le beneficia, pero supondría más gasto para el sistema y deshacer, en parte, lo aprobado en 2011.
- Autónomos: el único colectivo que debe leer con temor, a corto plazo, las recomendaciones del Pacto de Toledo (bueno, además del resto de contribuyentes) es el de los autónomos. Esto dicen los grupos al respecto:
Aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales, de manera que no se vean perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad en los que se fundamenta el sistema. Dado que la baja cotización, característica de un colectivo que mayoritariamente cotiza por la base mínima, es la causa principal de sus reducidas pensiones, este nuevo sistema ha de repercutir en la mejora del grado de suficiencia de sus prestaciones futuras.
En román paladino, les van a subir las cotizaciones a todos aquellos que ahora opten por la base mínima y tengan una facturación superior al SMI.
- Impuestos a los robots: el punto más imaginativo. Bueno, o no tanto, porque es lo de siempre... crear un nuevo tributo para hacer frente al agujero presupuestario.
Lo imaginativo es la fórmula escogida:
Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.
Es decir, que si no hay reformas en el mercado laboral español, si la tasa de actividad sigue 10-15 puntos por debajo de los países más ricos de Europa, si no logramos mejorar nuestra productividad... entonces habrá que ponerle un impuesto a los robots, a los que se echará la culpa del paro y del déficit de las pensiones.
Eso sí, los mismos grupos parlamentarios nos dirán pasado mañana que ellos apuestan por la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, atraer las inversiones de las grandes empresas, el I+D+i... Hoy esto no toca: los culpables del agujero en las cuentas públicas son los robots.