La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su Consejería de Salud, encabezada por Enrique Ruiz Escudero, siguen apostando por una estrategia de adaptación a la covid-19 volcada en contener la propagación del patógeno entre los grupos más vulnerables a la misma. Este planteamiento permite superar las costosas e ineficaces restricciones que defiende el ministerio de Sanidad y, a cambio, centra los esfuerzos públicos en evitar que la enfermedad llegue a provocar situaciones tan graves como las del primer cuatrimestre del año. Entonces, el gobierno central asumió el control de la situación a través del "mando único" e impuso una respuesta basada en el confinamiento generalizado, pero el resultado fue un desastroso cuadro de mortalidad y hundimiento económico provocado por la incapacidad con la que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez actuó en relación a los grupos de población más vulnerables al coronavirus.
Es por eso que en las filas del gobierno de la Comunidad de Madrid se percibe un evidente malestar con las declaraciones de su vicepresidente, Ignacio Aguado, que insiste en plantear nuevos confinamientos y aboga por tomar como referencia un umbral de incidencia acumulada de 25 casos por cada 100.000 habitantes, cosa que ni siquiera se logró tras un largo y duro confinamiento que hundió un 18% la producción económica de la región y no evitó el mayor exceso de mortalidad de Europa. No contento con haber lanzado este mensaje la pasada semana, Aguado ha repetido su mensaje en las páginas del diario El País o en Telemadrid y, además, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dado alas al líder de la formación naranja en Madrid, replicando su propuesta en sus propias intervenciones mediáticas.
Fuentes oficiales consultadas por Libre Mercado apuntan que su prioridad es "tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población de más riesgo y reducir de forma generalizada la propagación del virus". En este sentido, el horizonte de 25 casos por cada 100.000 habitantes se antoja "imposible de alcanzar a corto o medio plazo, puesto que solo podría lograrse con otro confinamiento total que amenaza con arruinar definitivamente la economía madrileña y, a cambio, ni siquiera tiene por qué mejorar la situación epidemiológica, puesto que la estrategia implementada por la Comunidad de Madrid ya logró que el pico de propagación del virus se diese en torno a la primera semana de septiembre y la tendencia de positivos o de presión hospitalaria se empezó a invertir desde el 15 o 20 de dicho mes, consiguiendo desde entonces una clara reducción de la curva".
Además, en la CAM insisten en que el indicador de incidencia acumulada no debe ser el único criterio empleado para medir la situación sanitaria de la región: "de entrada, emplear la incidencia acumulada a catorce días es poco apropiado para una enfermedad así, pudo tener sentido en otras infecciones, como la tuberculosis, pero no tanto en una pandemia como esta en la que hay una mayoría de asintomáticos o de contagios leves. Es por eso también que en la gran mayoría de países se han acortado las cuarentenas a una semana, frente a las dos que se planteaban antes".
Por otro lado, en el gobierno madrileño también consideran que las propuestas del propio vicepresidente Aguado chocan frontalmente con las medidas de innovación que se han implementado en los últimos meses: "Tomamos muestras en aguas residuales que nos permiten anticipar 24 o 48 horas la evolución de los contagios, hacemos millones de test de antígenos que ofrecen resultados en un cuarto de hora… Y todo ese esfuerzo es para evitar los confinamientos y para que Madrid pueda seguir adelante a pesar de la pandemia".
Hay que tener en cuenta, además, que el concepto de la incidencia acumulada parte de que las autoridades sanitarias son capaces de medir todos los contagios reales, cuando todos los estudios de seroprevalencia han demostrado ya que esta meta es absurda e inabarcable en una enfermedad con la capacidad de propagación de la covid-19. En la Comunidad de Madrid ya pudo verse que el porcentaje de casos diagnosticados en la primera ola fue de apenas el 10% de los contagios reales, mientras que nueve de cada diez infecciones solo salieron a la luz al hacer el estudio de seroprevalencia y medir cuántos madrileños tenían anticuerpos.
Partiendo de esa base, ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid en esta segunda ola? En esencia, los trabajos de la Consejería de Salud están centrados en medir la incidencia del virus en colectivos muy expuestos al covid-19 o en grupos de riesgo. En las residencias de mayores, por ejemplo, estos estudios de seroprevalencia demostraron que el 30% de los trabajadores y el 60% de los residentes tenían anticuerpos. Entre los sanitarios, el porcentaje es del 20%. Pronto habrá más estudios centrados en este caso en los profesores del sistema educativo. Partiendo de esa base, en la Comunidad de Madrid creen que "el número real de nuevos contagiados en la segunda ola podría rondar el 10% de la población, es decir, volvería a ser parecido al 10% de la primera ola, pero la diferencia está en que los resultados han sido mucho mejores, porque nuestros planes de elasticidad han evitado un colapso sanitario y nuestro plan de adaptación ha logrado proteger a los grupos de riesgo". ¿Qué quiere decir esto en cifras? En esencia, que aunque se han diagnosticado cerca de 200.000 contagios desde mediados de julio, el número real de infectados podría rondar los 800.000. Es decir, la brecha entre los test y los contagios reales es ahora de 1/4, de modo que la incidencia podría ser cuatro veces mayor pero las tasas de hospitalizados, ingresos UCI o fallecidos sería también cuatro veces menor, de modo que el saldo final es mucho más satisfactorio que en la primera ola. De hecho, la letalidad sería ahora del 0,27%, frente al 0,84% que se apreció en el primer semestre, de modo que se habría reducido un 68%.
El 50% de los positivos no tiene capacidad infectiva
En este sentido, es importante desvelar un hallazgo que recientemente ha empezado a divulgar la Consejería de Salud pero que ha pasado de puntillas por la mayoría de medios de comunicación, cuya obsesión informativa con el dato diario de positivos o la incidencia acumulada a catorce días impide que los ciudadanos tengan acceso a una cobertura amplia y ponderada de lo que está pasando: "Los laboratorios de los principales hospitales de Madrid nos dicen que el 50% de los positivos PCR no tienen capacidad infectiva. La PCR puede dar positivo hasta cien días después de la infección, pero la capacidad infectiva se disipa mucho antes".
Así, "los laboratorios están midiendo la positividad de la PCR en ciclos. Cuando estos ciclos están por debajo de 20, entonces es segura la capacidad infectiva. Sin embargo, cuando los ciclos están por encima de 30, lo que tenemos son restos de proteínas del virus en personas que ya no tienen capacidad de contagiar". No es este un exotismo metodológico, puesto que ya se han publicado numerosas investigaciones médicas sobre esta cuestión y, de hecho, el propio ministerio de Sanidad se ha hecho eco de ello en algunas de sus publicaciones pero, lamentablemente, el hecho de que uno de cada dos positivos no tenga capacidad infecciosa no se está teniendo en cuenta esta circunstancia a la hora de informar sobre la evolución de esta segunda ola.
Test en farmacias
De lo que no está hablando Aguado es del bloqueo que está haciendo el gobierno de España a la posibilidad de que las farmacias madrileñas realicen test de covid-19: "El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento tienen que autorizarnos el uso de los test de antígenos o de pruebas serológicas en las farmacias. Si leemos la ley al pie de la letra, el farmacéutico tiene consideración de sanitario, de modo que desde la Comunidad de Madrid entendemos que esto sería posible. Hay miles de farmacias que pueden ser puntos de diagnóstico. Por eso, se lo hemos pedido al gobierno reiteradamente en las reuniones del espacio de cooperación, pero seguimos esperando. Esta semana hemos visto que en Galicia se han hecho ya test serológicos en farmacias para atajar un brote en Orense. Pensamos que este es un camino muy necesario. El manejo de residuos y la transmisión de datos e información sería el único problema, pero eso se puede coordinar de forma relativamente sencilla". A Ignacio Aguado, que lleva semanas mostrándose equidistante ante las embestidas del gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, no parece importarle ese bloqueo, puesto que no ha hecho referencia alguna a ello en sus comparecencias más recientes.