El mundo entero se prepara para una crisis económica sin precedentes. Cuando el Covid19 irrumpió en nuestras vidas y la única herramienta de prácticamente todos los gobiernos fue la parada de la actividad económica, algunos ya lo advertimos: La crisis de 2008 va a ser una anécdota.
Ahora, con la segunda ola irrumpiendo de pleno en Europa y con un 11% de paro en el Viejo Continente (teniendo en cuenta los esquemas de empleo temporal), vemos cómo los gobiernos hacen equilibrios entre el control sanitario y el menor impacto económico y, sobre todo, se lanzan a planes de estímulo para paliar los efectos de una crisis sin precedentes.
Estamos en los primeros compases de la fase crítica de esta crisis. Con la temporada de resultados empresariales recién abierta y los indicadores macroeconómicos mostrando la magnitud real del seísmo, será crucial seguir de cerca la reacción del BCE y de las instituciones europeas a las malas noticias que nos esperan.
Ahora es cuando se van a comenzar a ver los efectos de las políticas de estímulo económico adoptadas tanto durante los primeros meses de la pandemia como en los meses de verano.
El punto de partida para España no debería ser una sorpresa para el que lea asiduamente esta columna semanal: Somos el país, tras Perú y Venezuela, que mayor impacto va a recibir del mundo, la tasa de paro va a superar el 20% ya en 2020 y la deuda pública se situará en niveles de dudosa sostenibilidad (120%).
Lo peor, sin lugar a dudas, es la falta de proyecto y la vuelta a las fracasadas políticas de Zapatero para abordar esta situación. Con los planes de estímulo fiscal consolidados en la mano, queda patente la incapacidad del gobierno para articular políticas económicas anticíclicas. La comparativa internacional, en términos de esfuerzo fiscal, nos deja en evidencia, sea cual sea la fuente. Sirva como ejemplo este gráfico que ha elaborado la OCDE.
Además, Sánchez ha actuado desde una postura puramente ideológica, es decir, vendiendo una falsa protección al ciudadano, generando clientelismo y facilitando el endeudamiento al empresario para hacer frente a sus obligaciones fiscales escrupulosamente.
El gobierno de España no ha abordado ni una sola bajada de impuestos durante esta crisis. Ni tan siquiera ha tenido la intención de reducir la factura fiscal de ninguno de sus ciudadanos. Es más, los presupuestos enviados a Bruselas recogen una brutal subida de impuestos de 9.000 millones de euros. Dudo mucho que la colección de tributos que va a subir sea capaz de cumplir sus objetivos recaudatorios, especialmente en un entorno de crisis tan severa como el actual, pero les aseguro que su bolsillo y el mío sí lo van a sufrir.
Frente a esto, en el resto de los países desarrollados lo tienen claro: Estímulos fiscales para familias y empresas, ayudas a sectores estratégicos y un marco de protección social para los más desfavorecidos y los más afectados.
Pero merece la pena señalar algo que en España ni tan siquiera ha sido objeto de debate nacional: El impulso de la actividad económica privada vía bajada de impuestos.
Cualquier manual de economía sin ideología ninguna coincide en que una subida de impuestos en plena crisis económica es contraproducente. La razón es muy sencilla: Se cercena capacidad adquisitiva y de ahorro de los agentes privados, y con ella los motores del consumo y de la inversión se gripan. Por el contrario, se consigue un gasto más ineficiente y sin retorno económico por parte del sector público.
En Europa lo saben, y por eso prácticamente todas las grandes economías, y muy especialmente las más afectadas por la crisis anterior, están acometiendo bajadas de impuestos. Veamos las más relevantes:
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En Alemania se ha reducido el IVA del 19 al 16% y del 7 al 5% hasta el 1 de enero de 2021. Impacto de 20.000 millones de euros. Además, ha reducido el número máximo de contribuyentes que tributan al tipo máximo del IRPF incrementando el límite de ingresos, así como desgravaciones por hijos y una mayor progresión fiscal para pymes y familias.
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Francia también se ha comprometido a una reducción de los impuestos sobre la producción por valor de 20.000 millones de euros durante 2020 y 2021, con un único objetivo, según el presidente Macron: "Que cueste más barato abrir una fábrica en Francia y relocalizar una actividad industrial en Francia".
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Portugal, un país rescatado y ahora gobernado por un gobierno socialista con reductos de las políticas de austeridad impuestas por la Troika, ha eliminado los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades a la hostelería y la restauración, ha eximido el pago de dicho tributo las empresas de cualquier ramo que hayan sufrido un descenso de sus ventas del 40% o superior, y ha reducido un 50% los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades exigidos a aquellas empresas que hayan experimentado un descenso de la facturación entre el 20 y el 40%. En total, un alivio fiscal de 6.000 millones.
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En Grecia, otro país rescatado, también se ha extendido la moratoria del pago de impuestos (incluyendo el IVA) hasta el 30 de abril 2021. O, dicho de otra manera, les ha eliminado la factura fiscal de este año.
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Holanda también ha reducido el IRPF y ha aprobado desgravaciones fiscales a actividades de I+D+i y a la creación de nuevas empresas.
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Las empresas de Bélgica podrán compensar las pérdidas de 2020 con el beneficio de 2021, 2022 y 2023, con un máximo de 20 millones de euros y siempre que el empresario mantenga el 85% de la plantilla que mantenía en 2019.
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En Austria también se ha propuesto una reducción, con carácter retroactivo, del IRPF a las rentas más bajas (de 11.000€ a 18.000€) de 5 puntos.
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En Italia se ha aprobado una exención de los impuestos locales a empresas, así como mecanismos para diferir su factura fiscal, especialmente del IVA. Incluso, se ha aprobado un aplazamiento indefinido de la subida de IVA al 22% y al 10%, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2021, así como un establecimiento de IVA súper reducido del 5% para productos sanitarios.
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En Reino Unido también se ha aprobado una reducción temporal de IVA del 20 al 5% para alimentos, bebidas no alcohólicas y hoteles hasta enero de 2021, cuyo impacto se estima en 20.000 millones de libras.
Dicho de otra manera: Europa está mirando hacia la dinamización de la actividad económica y la recuperación desde el sector privado mientras en nuestro gobierno se sube el IVA a las bebidas azucaradas, se aprueban las tasas Google y Tobin, y se dejan caer globos sonda en el IRPF con el único objetivo de mejorar la recaudación.
España cada vez se acerca más a la temida recuperación en “L”. Ya son muchas las voces que alertan acerca de una posible vuelta al terreno negativo del dato de PIB del cuarto trimestre, tras un tercero afectado positivamente por el efecto base.
Con un nivel de intervencionismo tan elevado como el que existe actualmente, los multiplicadores fiscales son elevados y los riesgos inminentes. Ningún gobierno va a recuperar el dinamismo económico con las recetas fallidas de las últimas décadas.
A una crisis agravada por la baja productividad y los desincentivos al crecimiento creados por políticas ineficientes de estímulos no se puede responder con las mismas políticas fallidas. Debemos recuperar la senda de Maastricht, de la responsabilidad y del crecimiento sostenible. En cualquier caso, la supervivencia del euro está en juego.
Ahora todas las instituciones supranacionales parecen unánimes en solicitar políticas fiscales y monetarias expansivas. Igual que en 2008. Pero para países como el nuestro, y con las políticas como el Plan E, ya sabemos cuál va a ser el resultado. No lo digo yo, lo dice José Luis Rodríguez Zapatero en su libro de memorias: “En apenas un año todo cambió. ¿Cambió Europa o cambiaron las circunstancias? Quizá ambas cosas a la vez”.
Queda claro que debemos evitar errores pasados. Es momento de hacer reformas estructurales, y una reducción de la factura fiscal es una de ellas.