El mes pasado, Pablo Iglesias aprovechaba la tribuna del Congreso para ensalzar al Sindicato de Inquilinos. Este lobby intervencionista y de prácticas cuestionables está detrás de la nueva norma catalana que regula el precio de los alquileres en la región. El pasado 22 de septiembre, Cataluña se convertía en la primera autonomía de España en coartar la libertad del propietario con una casa arrendada. "Me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en Ley en el Parlament de Cataluña y que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España", aplaudió Iglesias. Para el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, que la Administración prohíba a un casero cobrar por su renta lo que considere oportuno es digno de admiración. Y es por eso que pretende extender la medida por toda España.
Sin ir más lejos, el pasado viernes, Iglesias y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunían con el Sindicato de Inquilinos para intentar avanzar en su objetivo. "Trabajamos en el seno del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres suscrito en el programa de la coalición", aseguraba Iglesias. Eso significa que el líder de Podemos estaría tramando introducirlo en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Tal y como suscribimos PSOE y UP en el acuerdo programático que dio origen al Gobierno de coalición, es urgente dotar a las CCAA y los ayuntamientos de la capacidad de limitar las subidas abusivas de los alquileres en zonas de mercado tensionado", le recordaba Iglesias a sus socios de Gobierno.
Aquí Iglesias no se equivoca. Es cierto que el punto 2.9.3 del Programa de Gobierno de Coalición firmado con el PSOE contempla "frenar las subidas abusivas del alquiler". Para ello, ambos partidos se comprometieron a impulsar las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Esto es precisamente lo que ha hecho Cataluña. La región que preside en funciones Pere Aragonès ha impuesto topes de precios para los nuevos contratos en 60 municipios de su territorio y amenaza con multas de hasta 90.000 euros a los propietarios que no cumplan.
El PSOE no se decide
Pero, a pesar de los hilos que estaría moviendo Iglesias, al PSOE no parece entusiasmarle la idea, por ahora. Ayer lunes, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, rechazó incluir la regulación del precio del alquiler en los PGE, aunque apostó por la creación de una ley propia. "Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda", declaró Ábalos desoyendo a Iglesias, pero sólo a medias, ya que sí está abogando por intervenir el mercado a través de esa otra ley. Desde que Sánchez llegara a Moncloa, el PSOE ha prohibido a los dueños de las viviendas establecer ninguna subida adicional anual que no fuera la del IPC y ha incrementado la duración del alquiler desde los tres hasta los cinco años, entre otras cuestiones.
La imposición de precios máximos en los alquileres ha sido uno de los puntos económicos de fricción en el seno del Gobierno de coalición. Nadia Calviño es una de las grandes opositoras de la medida, y no ha dudado en echar pulsos a su partido en este sentido, como cuando dijo que las ciudades que están regulando el precio del alquiler no están teniendo "mucho éxito".
"Desconcierto" entre los propietarios
Tras varias semanas en vigor en Cataluña, todavía es pronto para evaluar el efecto que tendrá esta normativa en el precio de los pisos, aunque el sector no duda en pronosticar que será el contrario al deseado: habrá menos oferta, lo que aumentará el precio. Curiosamente, según los datos de Idealista del mes de septiembre, Cataluña es la única región de España junto a Navarra y País Vasco donde sube el precio de los arrendamientos en comparativa intermensual, intertrimestral e interanual. Que suban los precios en esta región cuando el coronavirus está empujando a la baja los arrendamientos (como se ve en el gráfico de Madrid) no deja de ser llamativo.
La regulación del precio de los alquileres en Cataluña "disminuirá la oferta de vivienda. Ya hemos visto que no ha funcionado la iniciativa en otras ciudades, como Berlín, y aquí habrá muchos propietarios, ante el quebradero de cabeza que supone, que preferirán poner su casa a la venta que alquilar", pronostica el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, en declaraciones a Libre Mercado.
En la misma línea va la directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio. "A largo plazo va a provocar el efecto contrario al deseado. No es momento de contraer la oferta de alquiler, sino de fomentarla", señala. Toribio denuncia que el "desconcierto" existente entre los propietarios catalanes por la entrada en vigor de la norma y sus dudas sobre cómo aplicarla. "La inseguridad jurídica que está provocando puede generar "deslocalizaciones de inversiones", alerta.
"Esta medida muestra una total falta de óptica sobe el sector. No se aumenta la oferta poniendo trabas a los que tienen la oferta" declara el subdirector general de donpiso, Emiliano Bermúdez. "Se les impulsa con seguridad jurídica y bonificaciones fiscales", añade. Bermúdez cuenta que muchos propietarios catalanes ya están haciendo números para ver si les compensa alquilar su vivienda al precio que impone el Gobierno regional. "A muchos no les salen las cuentas y van a vender", anticipa. Otro de los efectos que provocará la regulación es el deterioro de los pisos. "Los dueños no van a invertir una cantidad de dinero en remodelar las viviendas o decorarlas si no las pueden rentabilizar", avisa.