Una página y un párrafo en un documento de 106 páginas. Sin ninguna medida efectiva de control de gasto o incremento de ingresos. Nada que implique una reforma en la partida más importante de todo el Presupuesto. En realidad, lo que hay es la promesa de varias nuevas subidas del gasto. Y eso en un informe destinado, en teoría, a convencer a nuestros socios europeos de que somos fiables y nos tomamos en serio nuestros compromisos y la estabilidad de las cuentas públicas.
Éste es el resumen del capítulo dedicado a las pensiones en el Plan Presupuestario 2021 que el Gobierno envió esta semana a Bruselas. Un resumen corto, como el espacio que ocupa este tema en el PDF que el Ministerio de Hacienda tiene colgado en su web y que ha mandado a la capital comunitaria. El gasto en pensiones ascenderá el próximo año a unos 160.000 millones de euros: o, lo que es lo mismo, uno de cada tres euros de gasto público irá dirigido a pagar esta partida. Y no hablamos, como en el caso de los ERTE o de alguna otra de las medidas extraordinarias aprobadas durante esta crisis, de una partida temporal, que vaya a desaparecer o menguar cuando se controle la pandemia. Aquí estamos ante un gasto estructural, que lleva creciendo de forma constante desde hace décadas (por ejemplo, en 2014 eran menos de 125.000 millones y estos últimos años la inflación ha estado muy controlada).
Pues bien, incluso así, y a pesar de que estamos hablando de un momento clave desde un punto de vista financiero, en el que vamos a necesitar la ayuda, el sostén, el aval y las transferencias de nuestros socios comunitarios; a pesar de todo eso, las pensiones, su reforma, las medidas de control del gasto o de aumento de los ingresos brillan por su ausencia. Pocas veces estuvo más claro que es un campo de minas en el que ningún Gobierno se atreve a entrar.
El resumen
Las principales referencias a las pensiones y a los Presupuestos de la Seguridad Social las encontramos en tres puntos del documento:
** Previsión de déficit público para 2020-21 (páginas 34-35): el año que viene, el Gobierno prevé un déficit público equivalente al 7,7% del PIB repartido de la siguiente manera
Como hay parte del gasto y de la caída de ingresos que el Gobierno atribuye a la situación excepcional vivida por la covid-19, habrá transferencias extraordinarias desde el Estado a las demás administraciones. Contando con ese dinero, el reparto del déficit será el siguiente:
Como vemos, el déficit de la Seguridad Social se reduce, casi de forma mágica, del 3% del PIB al 1,7%. Y lo explican así: "En 2021 el Estado realiza un esfuerzo importante de manera que trasferirá a la Seguridad Social para cubrir, entre otros, parte de los gastos que asumía el sistema por una cuantía de 13.929 millones de euros".
** Plan presupuestario de la Seguridad Social (página 60-61): éste es el espacio dedicado específicamente a la Seguridad Social. La solitaria página de la que hablábamos al principio. Y eso siendo generosos, porque la mitad de este epígrafe se pierde en consideraciones sobre el mercado laboral. A partir de ahí, la única propuesta de reforma, que no es tal:
Alcanzar en el corto plazo la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema constituye un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo. La reforma consiste en la asunción por el Estado vía impuestos de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones. Esta clarificación de los gastos y de su financiación ha de resultar clave en dos sentidos. Uno, rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población. Y, dos, afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom.
Ya hemos explicado en anteriores ocasiones (aquí y aquí, por ejemplo) que esto no es una reforma, porque no implica tocar ni un euro de ingresos ni de gastos. Simplemente, manda lo que sobra al Presupuesto del Estado. La doctrina Escrivá asegura (y el anterior párrafo es una buena muestra) que las actuales cifras de déficit de la Seguridad Social generan "alarmismo e incertidumbre" y que nuestras decisiones serán mejores si no estamos condicionados por los titulares sobre los números rojos del sistema. Además, es una reforma sin coste para su departamento: de un día para otro, el déficit dejará de estar en sus tablas.
También puede verse de otra manera: los problemas seguirán ahí, pero durante unos años quizás parezcan menos acuciantes, con lo que la presión para acometer reformas reales, en un tema tan peliagudo en términos de opinión pública, serán mucho menores.
** Medidas para los próximos ejercicios (página 61 y 100):
- En 2021 la duración de la prestación por paternidad se amplía de 12 a 16 semanas ininterrumpidas
- Revalorización de las pensiones en 2021 en función de la previsión del IPC (0,9% en 2020 y de acuerdo a la previsión del Gobierno para el próximo año)
- Ingreso mínimo Vital: se ha estimado que en 2021 el gasto de esta prestación será de 3.000 millones de euros
Y eso es todo: más gasto. Esto es lo que el Gobierno ha enviado a nuestros socios de la UE en lo que respecta a la partida más importante del Presupuesto. Una partida sobre la que, además, hay muchas dudas acerca de su sostenibilidad a medio plazo: dudas por el lado del gasto; pero también por el lado de los ingresos (las perspectivas para el mercado laboral español son terribles para los próximos 2-3 años). Pues bien, es casi como si los redactores del documento lo hubieran olvidado. O hubieran preferido ignorarlo.
Es más, el propio Gobierno reconoce que la tendencia en lo que tiene que ver con el incremento del gasto estructural se acentuará, por tres vías:
El aumento de las pensiones mantiene la tendencia de años anteriores, y es consecuencia del incremento en el número de pensionistas, del efecto sustitución al ser las pensiones nuevas superiores a las ya existentes, y de la revalorización de las pensiones con el IPC.
Sin embargo, para el medio plazo, la única medida contemplada es la subida de la edad de jubilación:
Incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivando la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas.
Sería una ayuda, aunque no debemos olvidar que en la última década ya hemos visto un incremento en la edad de jubilación real. Es decir, aunque puede ser un paliativo, no es la solución mágica. Y según sube esa edad real, el margen para que siga subiendo es menor. Para miles de trabajadores, los 65 años siguen siendo la referencia y aquellos que tienen largas carreras de cotización pueden retirarse a esa edad sin ningún tipo de penalización en sus prestaciones.
Ahora ya sólo queda esperar a la respuesta desde Bruselas. Y a sus recomendaciones (aunque llevan años haciendo las mismas y los sucesivos gobiernos españoles llevan años ignorándolas). No parece que esto vaya a ser un problema especialmente complicado o que vaya a poner en peligro los miles de millones de euros en transferencias prometidos. En la teoría, las pensiones nos preocupan mucho a todos. En la práctica, en el día a día, esa preocupación se puede medir en párrafos: una decena mal contada en un Plan Presupuestario de 106 páginas.