Enésima imposición del Gobierno a las empresas españolas. El Ejecutivo socialista ha aprobado este martes una ley para obligar a las compañías a elaborar un registro salarial, además de otra para exigirles que realicen una auditoría retributiva con el objetivo de acabar con las desigualdades salariales que, según el Gobierno de Sánchez, existen entre hombres y mujeres.
Ambas medidas han sido llevadas a cabo de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad. Las dos ministras Yolanda Díaz e Irene Montero han presumido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que se trata de un logro "histórico" por la igualdad salarial. Para justificar la medida, tanto Díaz como Montero han recurrido sistemáticamente al mantra de que mujeres y hombres cobran diferentes salarios por el mismo trabajo. Si esto fuera cierto, ¿por qué las empresas no contratan sólo mujeres? deberían preguntarse.
Cuando aseguran que en España existe "una aberración jurídica" que permite a los hombres cobrar más que las mujeres, Díaz y Montero ignoran aspectos tan importantes como que las mujeres trabajan menos horas, interrumpen más veces su carrera laboral, escogen determinadas profesiones o prefieren empleos que les den más flexibilidad en los horarios, como señala Domingo Soriano en Libre Mercado. Por tanto, en la mayoría de los casos, estamos hablando de que tienen condiciones laborales diferentes.
En este sentido, Díaz también ha acudido a ejemplos tan simplistas como que "una limpiadora gana menos que un cristalero por el simple hecho de ser mujer". ¿De verdad es el mismo trabajo el de una limpiadora y un cristalero, que seguramente corra un riesgo extra de seguridad por llevar a cabo determinadas tareas? Otra pregunta que debería hacerse.
Además, la ministra gallega ha asegurado que "en la norma laboral no hay referencias a la desigualdad laboral", cuando precisamente el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores ya prohíbe esta discriminación.
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea de la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.
Multas de hasta 187.000 euros
"A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer en las empresas puedan recibir retribuciones diferentes. Se acabó que en las empresas las mujeres no podamos ejercer los derechos de ciudadanía", ha explicado la titular de Trabajo, para señalar que con los registros retributivos va a "aflorar la desigualdad", dando la "herramienta" a los trabajadores para que puedan denunciar, lo que puede conllevar multas de hasta 187.000 euros para las empresas infractoras en la Inspección de Trabajo.
Ninguna de las ministras ha dado detalles sobre cómo tendrán que elaborar este libro de salarios las empresas o sobre si esa información de los sueldos va a estar disponible para cualquier trabajador que lo pida.
Sea como fuere, la ocurrencia de Díaz y Montero amenaza con más conflictividad en las empresas, además de lo inoportuno que supone imponer más burocracia cuando la crisis del coronavirus está poniendo a los negocios españoles contra las cuerdas.
Las nuevas obligaciones de las empresas
La nueva norma determina que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un registro retributivo "para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto según el género", señala Trabajo. Y tienen 6 meses para llevarlo a cabo. Las empresas deberán realizar, además, una auditoría retributiva, es decir, "un diagnóstico de la situación salarial y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas".
Yolanda Díaz no ha querido dar ninguna cifra sobre el coste económico y de recursos que van a suponer estas nuevas tareas para las empresas (tanto el registro como la auditoria). La ministra de Trabajo se ha limitado a explicar que el Gobierno desarrollará las herramientas modelo que podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas en el caso del registro retributivo. "No debemos hablar de costes en materia de igualdad. ¿Cuánto cuesta la democracia?, ¿cuánto cuesta la igualdad?", se ha preguntado Díaz, ignorando por completo el efecto que tendrá esta traba en las empresas españolas.
Los reglamentos establecen que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deben asegurarse de que se respetan los criterios para una adecuada valoración de los puestos de trabajo. "Las empresas deberán contar con planes de igualdad efectivos y específicos que pongan el énfasis en el diagnóstico con los efectos reales y sin reproducir estereotipos de género", señala el Ejecutivo socialista.