El Gobierno de la nación presentó el pasado martes sus nuevas previsiones económicas, con la aprobación de unos nuevos cuadro macroeconómico y techo de gasto, necesarias para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Su análisis es inquietante.
No sólo sigue siendo optimista sobre la evolución de la economía, sino que, además, dispara el gasto público de una manera irresponsable e insensata. En primer lugar, sigue manejando unas previsiones de caída del PIB que, siendo dramáticas y habiéndolas empeorado, siguen siendo optimistas respecto al conjunto de estimaciones de distintos organismos. Salvo la Comisión Europea, el resto de organismos prevé una caída mucho mayor del PIB.
Y lo peor es la optimista recuperación que pinta para 2021, muy alejado del resto de las previsiones, excepto de la de la Comisión.
Crecimiento muy optimista para 2021 que encierra otro elemento de preocupación: de ese 7,2% de incremento que estima para ese año, el propio Gobierno ha anunciado que 2,7 puntos de aumento se deberá al gasto movilizado con el fondo de la UE, al aplicar 25.000 millones de euro ese año, lo que quiere decir que sin esas ayudas públicas el crecimiento se quedaría en un 4,5%, muy escaso después de la enorme caída que sufrirá en 2020.
Esto quiere decir claramente que España puede recuperarse, desgraciadamente, muy lentamente, por mucho que Sánchez diga que incrementará el PIB potencial en 2 puntos. Queda muy bonito dicho de esa manera, pero la realidad parece que será otra con el enfoque que el presidente quiere darle, con temas más orientados a la ideología del Gobierno y la puesta en escena de ello que a emplearlo con eficiencia, de manera que puede que no sirva para nada, salvo para malgastar unos fondos que, aunque vengan de la UE, salen del mismo sitio que todo gasto público, es decir, del contribuyente.
En segundo lugar, el gasto lo eleva de manera exponencial, con unos incrementos del techo de gasto no vistos anteriormente, que comprometen, claramente, la sostenibilidad de la economía española.
El Gobierno se mantiene ajeno a la realidad que tenemos encima de nosotros, incluso ajeno a la realidad dura pero edulcorada que él mismo plasma en esta actualización de sus previsiones económicas. En ellas, contempla un escenario muy adverso para la economía española en dos agentes económicos clave: el consumo de los hogares y la inversión empresarial. Ambas rúbricas sufrirán un desplome del 12,6% y del 18,3%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior. Esto muestra con claridad que los hogares han perdido -y perderán- renta disponible y, con ello, poder adquisitivo, y que el ahorro, disparado, según datos del Banco de España, se consolida con fuerza en detrimento de la evolución del consumo, ante la incertidumbre que se cierne sobre nuestra economía.
Por su parte, las empresas, dada la inseguridad jurídica existente ahora mismo, sin un itinerario claro marcado en la normativa surgida a raíz de la pandemia, no se atreven a invertir, de manera que la formación bruta de capital fijo se retrae y caerá en 2020 hasta esa cifra mencionada anteriormente, cercana al 20%, incertidumbre que se extenderá a 2021, donde consumo e inversión no se recuperarán adecuadamente, sino de manera débil para la caída que habrán tenido este año.
Paralelamente, nuestras exportaciones descendiendo a un ritmo más elevado que nuestras importaciones empeorarán nuestro saldo por cuenta corriente y se deteriorará, en la otra cara de la moneda, nuestra posición deudora con el resto del mundo, que aumentará.
Adicionalmente, con el gasto disparado nos encontramos con una caída muy importante de la recaudación, que nos lleva a que el déficit público se incremente y la deuda se desborde muy por encima del 100%, que ya quedó atrás hace muchos meses, con el riesgo de que cierre el ejercicio superando el 120% del PIB.
Todo ello, hace que la situación de la economía española sea muy frágil. Como bien comentó el gobernador del Banco de España en su comparecencia en el Congreso, la economía española tiene muchos puntos vulnerables y no hay margen alguno para la autocomplacencia.
El gobernador señaló la semana pasada que el elevado endeudamiento público supone una gran vulnerabilidad para la economía española de cara al futuro, ya que la dejará en una situación de muy difícil sostenibilidad y con menos margen de actuación en crisis como la actual, cosa que ya está sucediendo al haberse más que triplicado la deuda sobre el PIB en menos de quince años, el período que va desde el inicio de la anterior crisis económica, en 2007, hasta la previsión de cierre de 2020.
Es cierto que el gobernador dijo que los estímulos fiscales se mantuviesen coyunturalmente mientras durase la situación sanitaria actual, pero usados inteligentemente, en primer lugar, y, además, en segundo lugar, empleados de forma que no generasen gasto estructural, que sería imposible de sostener en el futuro. Concretamente, dijo que debía producirse una reducción sostenida de los desequilibrios fiscales, especialmente en España, dado el punto de partida que supone un mayor desequilibrio en sus cuentas públicas, para ir corrigiendo esa vulnerabilidad. Para ello, abogó también por la puesta en marcha de profundas reformas estructurales que permitan que nuestra economía reduzca muchos otros problemas que tiene, como el de las pensiones y, especialmente, el de la productividad, que nos deja muy rezagados. Al mismo tiempo, recordó que los fondos europeos que España recibirá no servirán por sí mismos para lograr una sólida recuperación, sino que deben ser bien dirigidos.
Sin embargo, el Gobierno de la nación, de manera muy imprudente da pasos en la dirección contraria. Una cosa es que la UE haya suspendido el cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020 y 2021 para poder atender con urgencia las consecuencias derivadas del cierre productivo llevado a cabo por las distintas economías, y otra muy distinta es que Sánchez establezca una borrachera de gasto público que tendrá unas consecuencias resacosas muy nocivas para el bienestar de la economía española.
Esa insensatez le lleva a no fijar límites de déficit para las CCAA, que se dedicarán, a buen seguro, a gastar más de lo que incluso pueden llegar a necesitar coyunturalmente en este contexto de la crisis, con lo que forjarán un gasto permanente o estructural que después no serán capaz de eliminar. Al mismo tiempo, les comunica unos ingresos para 2021 procedentes del Sistema de Financiación Autonómica, las entregas a cuenta, fuera de la ortodoxia, con un crecimiento de las mismas, que es pan para hoy y hambre para mañana, pues en 2022 y 2023, debido a la caída de la economía, se tendrán que enfrentar a la devolución de miles de millones de euros en la liquidación de dichas entregas. El Gobierno lo sabe y en lugar de ser sensato, con unas estimaciones ortodoxas y una contención del gasto, incentiva una expansión del mismo que desembocará en unos desequilibrios presupuestarios enormes, imposibles de corregir en años.
Dentro de ese festín de gasto, el Gobierno aprobó un techo de gasto no financiero que se incrementa un 53% sobre el actual, llevando esa cifra desde los presentes 128.168 millones -ya elevado e incrementado de por sí- a los 196.097 millones de euros. Casi 200.000 millones de euros que pondrán de su parte en la ruina a la que el Gobierno está llevando a la economía española.
Su única receta es la ya fracasada de más y más gasto como respuesta a la crisis, cuando esa política fiscal expansiva ya sabemos al lugar al que nos conduce: grandes desequilibrios en pocos meses y recortes duros futuros, que pueden llegar en forma de menores pensiones y ajuste de empleados públicos duro si lo requieren de la UE, cosa que puede suceder, porque España no puede poner en riesgo toda la zona euro.
Esta gestión genera cierres empresariales cuantiosos y el propio Gobierno prevé una caída del empleo del 8,4%, con una tasa de paro media en 2020 del 17,1%, que el Banco de España eleva hasta cerca del 22% en 2021, cuando se producirá el pico en materia de desempleo. Eso supone cinco millones de parados, registro que se mantendrá en ese entorno durante mucho tiempo. El propio gobernador del Banco de España mencionó que la resistencia de la parte más vulnerable de las familias está al límite, siendo más afectados, actualmente, los jóvenes, las mujeres y las personas con salarios más bajos, con lo que esta política del Gobierno de restricción a sectores productivos como el comercio, el turismo o la restauración está provocando que estos trabajadores más vulnerables se encuentren en una situación insostenible, incrementando mucho este Gobierno de izquierda radical e impericia técnica la desigualdad, además de la pobreza del conjunto de la población.
Todo tiene un límite. España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.
No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino, el de la ruina de España.