El impacto de la pandemia se ha dejado sentir en todos los ámbitos de la vida, afectando a nuestros usos sociales y al funcionamiento de todos los sectores económicos y organismos y servicios públicos, muchos de estos últimos han reducido o incluso paralizado su actividad ordinaria, afectando a áreas muy diversas y con implicaciones a todos los niveles.
Uno de los impactos más directos han sido los retrasos en las consultas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas no urgentes ni vitales, la práctica paralización de las visitas médicas en los ambulatorios para patologías no relacionadas con el coronavirus y de toda actuación de supervisión y control de la Incapacidad Temporal, tanto la que es competencia de la Inspección Médica de los distintos Servicios Públicos de Salud autonómicos como del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello, y según un reciente informe de AMAT (la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), se ha experimentado una acumulación de procesos y un incremento vertiginoso en la duración de las bajas médicas, hasta el punto de que "en los procesos en vigor de más de 365 días, se muestra un incremento de los procesos abiertos en el mes de julio de más del 26,25%, con respecto al mismo mes del año 2019". Es decir, en julio de este año se ha incrementado en un 26,25% el número de bajas médicas de más de 365 días. Y no para de aumentar.
Esta situación de parálisis de la actividad supervisora de la incapacidad temporal ha llevado a que, en julio de este año, el porcentaje de bajas médicas abiertas en el mes de julio que superan el año de duración ha pasado del 21,65% al 27,02% ¡Casi una de cada tres! En julio había más de 180.000 bajas de más de un año de duración, 37.722 más que en el mismo mes del año pasado. Muchas de estas bajas de larga duración son debidas a demoras en los tratamientos provocadas por la interrupción de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas a causa de la pandemia, pero otras muchas se eternizan sin que nadie sepa muy bien exactamente por qué.
Obviamente, esta paralización de la actividad, y el consecuente alargamiento de la duración de las bajas médicas, tienen un impacto económico muy importante para las cuentas de la Seguridad Social y las Mutuas. Se calcula que, de mantenerse constante en los próximos meses el incremento en el número de procesos en vigor de más de 365 días, ello tendría un coste adicional en prestaciones de entorno a los 330 millones de euros, lo que elevaría el déficit del sector en la gestión de las Contingencias Comunes hasta los 2.390 millones de euros. A lo cual habría que añadir los costes empresariales asociados a las mismas, tanto los directos en forma de cotizaciones y complementos, como los indirectos (organizativos, productividad, de sustitución, etc.).
Esta cuasi paralización de la actuación de supervisora de la Incapacidad Temporal por parte de la Inspección Médica de los distintos Servicios Públicos de Salud autonómicos y del Instituto Nacional de la Seguridad Social contrasta con el comportamiento desplegado por las Mutuas, quienes han mantenido operativa toda su red asistencial y puntos de atención al público, con alguna salvedad puntual y temporal. Si las mutuas han sido capaces de adoptar las medidas preventivas necesarias para minimizar el riesgo de contagio de sus pacientes y empleados y mantener su actividad presencial ¿qué impide que el resto de organismos hagan lo mismo?
Quizás no sea el momento de entrar a debatir ni polemizar sobre si este diferente comportamiento se debe al carácter privado y empresarial de las mutuas frente a los organismos público funcionariales, pero sí que lo es para tratar de buscar soluciones de urgencia ante la gran crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos. Si las Inspecciones Médicas de los Servicios Públicos de Salud autonómicos y del Instituto Nacional de la Seguridad Social no están ahora mismo en condiciones, por los motivos que sean, de controlar las bajas médicas, dejemos que sean las Mutuas quienes lo hagan, démosles atribuciones para que puedan expedir altas y traten de evitar la eternización injustificada de las bajas médicas. Los recursos de los Servicios de Salud deben centrarse en lo prioritario: luchar contra el coronavirus; delegando en las mutuas el control de la incapacidad temporal. Los momentos críticos, como el que nos está tocando vivir, son perfectos para innovar y abordar soluciones y alternativas novedosas e ingeniosas: dejemos que, al menos mientras dure la pandemia, las mutuas puedan expedir altas médicas. Seamos valientes, la situación lo requiere.