Por si fuera poco desolador el panorama sanitario –en las últimas 24 horas se han registrado 261 muertes por el coronavirus–, las perspectivas económicas que ha ofrecido este martes el Gobierno por boca de la vicepresidenta Nadia Calviño no resultan menos terribles. Y no porque el Ejecutivo haya elevado el desplome del PIB hasta el -11,2% (previsión catastrófica que incluso resulta optimista si se compara con las del FMI, Funcas o la agencia de calificación Fitch, que apuntan al -13%) sino, sobre todo, por la vía escogida para afrontar la crisis: disparar a niveles nunca vistos el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos.
Así, el Gobierno social-comunista llevará el gasto total para 2021 hasta los 196.097 millones, la cifra más elevada jamás registrada y un espectacular incremento del 53% respecto al año pasado. Y lo hará después de que la economía haya sufrido el mayor colapso en tiempo de paz.
No menos alarmante es la tranquilidad con que la ministra de Asuntos Económicos ha recalculado al alza –y también puede que se haya quedado corta– sus previsiones de déficit, que llegará al 11,3% del PIB, por encima del 10,34% remitido a Bruselas e idéntico al máximo histórico logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Aún menos parece preocuparle el récord de deuda pública del 118% del PIB, lo que supone un incremento de más de 20 puntos en apenas un año.
Así las cosas, resulta evidente que la ayuda financiera de la UE no despierta en el Ejecutivo el menor compromiso de austeridad y rigor en el control de gasto–austeridad necesaria no solo para afrontar el mayor desembolso en sanidad y en los ERTE, también para dar garantías a los acreedores de que se les podrá devolver algún día lo prestado–, sino que es vista por socialistas y comunistas como una especie de barra libre, por lo que se puede seguir gastando a calzón quitado, o como una invitación a vivir indefinidamente a base de créditos.
Para colmo, y ante tamaño desequilibrio presupuestario, al Gobierno social-comunista sólo se le ocurre tratar de acotarlo por la contraproducente vía de subir los impuestos, tal y como quiere hacer estableciendo un IVA del 21% a la educación y la sanidad privadas. Es evidente que una medida de este tipo satisface las pulsiones totalitarias de socialistas y comunistas, que quieren que el Estado lo monopolice todo, pero difícilmente aliviará el brutal desequilibrio entre ingresos y gastos. Por el contrario, lo que hará es llevar a muchos ciudadanos que ahora no son usuarios de esos servicios públicos a utilizarlos, con lo que el Estado tendrá que gastar más, no para mejorar, sino para incrementar las plazas en educación y sanidad a cargo del contribuyente.
El Gobierno hace caso omiso no sólo a los más elementales criterios de sensatez, también al pliego de condiciones de rigor presupuestario que le planteó Bruselas a cambio de su ayuda financiera. Lo malo es que la resaca de la borrachera la pagarán carísima los contribuyentes.