España es el quinto país de la UE que menos recauda por IVA: 6,6% del PIB, que se compara con un 7% en Reino Unido y Alemania, 7,2% en Francia, 8,8% en Portugal y 9,2% en Suecia, por ejemplo. La media de la UE es 7,1%. Eso se explica por la mayor proporción de bienes exentos o gravados con tipos reducidos, y también por la mayor evasión, facilitada por las mismas exenciones. Cuando la Comisión Europea, por ejemplo, analiza las cuentas públicas de España, siempre incluye la recomendación de modificar el IVA, para potenciar su recaudación.
Lo anterior es la excusa que alegará el gobierno sanchista-leninista para pasar el IVA de los servicios privados de salud y educación del 0% al 21%. Desde luego, no se trata de un repentino fervor por hacer caso a las recomendaciones de organismos internacionales. Es, más bien, el sesgo totalitario que, en mayor o menor medida, albergan los socialistas de todos los partidos. Un sesgo que los impulsa a querer expandir el sector público y minimizar (idealmente, suprimir) la competencia que pueda hacer el sector privado. Que en el camino los ciudadanos pierdan libertad les trae sin cuidado.
Para empezar, el sanchismo-leninismo solo atiende una parte de la recomendación (potenciar el IVA), olvidando la otra: reducir las cotizaciones sociales, para fomentar el empleo. Si se suprimieran tipos reducidos y exenciones del IVA, pero al mismo tiempo se compensara esa mayor recaudación con una reducción equivalente en las cotizaciones sociales, quedaría un sistema tributario mucho mejor: se favorecería el empleo, el crecimiento de los salarios y se reducirían los incentivos a la evasión tributaria. Además, el consumidor no sería perjudicado, pues los sectores afectados (como salud y educación, intensivos en mano de obra) no necesitarían incrementar sus precios (el IVA se compensaría con ahorros en cotizaciones sociales).
El planeado aumento del IVA tampoco está orientado a reducir el déficit fiscal: este mismo gobierno acaba de dar barra libre a todos los niveles de la administración para 2020 y 2021, que no tendrán sus erogaciones limitadas ni por techo de gasto, ni por objetivo de déficit alguno. El IVA que se recaudaría por gravar la salud y la educación privadas no alcanzaría ni siquiera para pagar el Ingreso Mínimo Vital.
De lo que se trata es, simplemente, de traducir los prejuicios ideológicos en acciones concretas. Al sanchismo-leninismo no le gusta que el sector privado ofrezca servicios que evidencien la falta de eficiencia del sector público. Menos le gusta que haya gente que se pueda permitir contratarlos. Se va a gravar con IVA a la misma gente que ya paga dos veces por la educación y la salud: la pública, que pagan con sus impuestos, y la privada, que pagan con lo que les queda.
El IVA a la salud y a la educación privadas es un paso más hacia una sociedad menos libre y, por lo tanto, menos justa. Una sociedad con menos capacidad de elegir y en la que el gobierno va imponiendo los servicios que presta, sin dejar alternativas, haciendo a la población cada vez más dependiente del favor y el poder estatal. Una sociedad con menos oportunidades de inversión y desarrollo profesional, con más poder para sindicatos y burócratas, y menos para el hombre común. Te hablan de un aumento del IVA, pero no te confundas: van a por tu libertad.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)