El Gobierno reconoce que las cifras de la crisis económica son más graves de lo que anunció el pasado mes de mayo. Los rebrotes del coronavirus y los nefastos resultados de la economía española en verano han llevado al Ejecutivo socialista a revisar este martes el cuadro macro asestando un duro recorte a sus previsiones. Así, finalmente, este año, el PIB de España se hundirá un 11,2%, frente al 9,2% previsto. Para 2021, el optimismo vuelve a embargar al Gobierno, que estima una subida del PIB del 7,2%, en lugar del 6,8% que anunció hace unos meses.
Esta caída del 11,2% para 2020 contrasta con la lista infinita de organismos y casas de análisis que auguran un desplome del PIB considerablemente mayor al que se ha marcado el Gobierno. Por ejemplo, el FMI apunta a un varapalo del 12,8% en 2020, mientras Funcas empeora todavía más sus pronósticos para España y sitúa la sangría en el 13%. La agencia de calificación Fich va un paso más y pronostica que el desplome será del 13,2%. Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por esta excesiva confianza en la evolución de España, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha limitado a decir que "no entro a calificar cuáles son las estimaciones de los diferentes organismos. Estamos alineados, pero hay una alta incertidumbre y creo que las revisiones al alza y a la baja están a la orden del día y no deben sorperdernos".
Respecto al empleo, el Ejecutivo socialista también ha mejorado su pronóstico. Para este año, la tasa de paro, se quedará en el 17,1%, frente al 19% anunciado, mientras que, en 2021, se situaría en el 16,9%, una cifra también algo mejor que el 17,2% previsto.
El Gobierno también ha dado el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con el anuncio del techo de gasto. En el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo socialista ha disparado esa barrera máxima -y teórica- del gasto no financiero del Estado hasta los 196.097 millones de euros, lo que supone un 50% más que la cifra del año anterior y un récord.
Eso sí, Hacienda ha suspendido las reglas fiscales para el próximo año, por lo que no habrá ni objetivos de deuda o déficit público, lo que supone obviar cualquier tipo de ortodoxia o responsabilidad en las cuentas del Estado. La ministra de Hacienda ha insistido en que elaborará los Presupuestos bajo el "principio de prudencia", aunque las Administraciones no tendrán incentivos para ahorrar un sólo euro. Montero ha dicho que establecerá lo que ha bautizado como "tasas de déficit de referencia" que seran orientativas.
"Este techo de gasto tiene una utilidad nula para conformar unos Presupuestos creíbles hacia Bruselas. Es un acto propagandístico más en el que se busca retorcer los mecanismos habituales de redacción y aprobación de las cuentas, igual que se está haciendo con otras instituciones importantes del Estado. Por tanto, por mucho que se quiera retorcer el cauce habitual, será necesario en los próximos meses presentar una senda de déficit creíble, un presupuesto o al menos un plan presupuestario creíble y así llegaremos pegados de tiempo al 30 de abril de 2021, que es la fecha límite para los proyectos de los fondos europeos", apunta el analista Javier Santacruz.
Para 2020, el Gobierno también ha empeorado sus previsiones de déficit, que llegará al 11,3% del PIB, por encima del 10,34% remitido a Bruselas, lo que supone alcanzar el máximo histórico del 11,3% logrado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.
Revisión de "determinadas figuras fiscales"
Sobre la inminente subida de impuestos que el Ejecutivo socialista va a incluir en los PGE, Montero se ha limitado a avanzar que están trabajando en la modificación de "determinadas figuras fiscales". Una de las que está sobre la mesa es la subida del IVA a la educación o sanidad privada.
Además, también ha confirmado que José Luis Escrivá pretende incentivar los planes de pensiones colectivos en detrimento de los individuales, lo que supondrá un rejonazo a los beneficios fiscales de los planes de pensiones.
El impuesto al diésel, el impuesto a las bebidas azucaradas, la subida del IRPF a las rentas altas, la del mínimo de Sociedades o la armonización de los impuestos autonómicos también están sobre la mesa del equipo negociador formado por Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.