El plan de Pedro Sánchez para intervenir Madrid es tan ilegal como inmoral. Las intenciones de este Gobierno sin escrúpulos están muy lejos de pretender librar de la pandemia a los más de 6 millones de ciudadanos que viven en la región. A Sánchez la salud de los madrileños no le preocupa en absoluto. Su verdadero objetivo es acabar con la economía de Madrid, no con el virus.
La izquierda social-comunista detesta que Madrid sea el principal motor económico de España. Con más del 19% del PIB nacional, hace varios años que Madrid superó a la Cataluña tomada por los golpistas como la autonomía más próspera del país. Este sorpasso supone la prueba inequívoca de que las políticas basadas en impuestos bajos, estabilidad presupuestaria y libertad para hacer negocios funcionan. Con un PIB per cápita de 35.876 euros, Madrid también encabeza el ranking nacional en este rubro. Y eso es lo que Sánchez e Iglesias no pueden soportar.
Cada quiebra empresarial, cada nuevo parado, cada autónomo asfixiado por las deudas que se registre en Madrid supone un triunfo para el socialista Sánchez y el comunista Iglesias, los dos antiliberales. Si para arrasar Madrid tienen que llevarse por delante a la economía española, lo harán. Porque su sed miserabilizadora no conoce límites.
Las primeras restricciones en Madrid amenazan con descalabrar su economía entre un 14 y un 17%, aunque de intensificarse las prohibiciones la debacle podría superar el 20%, lo que sumiría a la región en una depresión formidable. La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), espantada por la que se avecina, también ha hecho números: alerta de que el reconfinamiento de Sánchez, Iglesias a Illa tendrá un coste para la región de 600 millones de euros a la semana. Si la Justicia no lo impide, cada siete días el Gobierno socialista va a hacer desaparecer de Madrid esa estratosférica cantidad de dinero.
El coronavirus se ha convertido una oportunidad de oro para que el Gobierno despoje a Madrid. Con este maquiavélico plan, Sánchez no sólo está atentado contra todos los españoles, también está poniendo en riesgo el sistema sanitario nacional –Madrid es la región que más aporta al Estado– y el bienestar de las generaciones futuras.