La industria del aluminio primario en Galicia se encuentra al borde del abismo después de que fracasaran las negociaciones entre Alcoa y la GFG Alliance —Liberty House— para la venta de la factoría de San Cibrao (Lugo) y de que terminase sin acuerdo entre la compañía y el comité el período de consultas para la posible aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Fuentes de Alcoa han recordado a EFE que ahora "la empresa dispone de quince días para tomar una decisión", una vez que el período de consultas ha terminado sin un acuerdo entre las partes, pero en relación "con el despido colectivo" de 534 trabajadores de la planta de aluminio primario "no la ha tomado todavía".
Durante las negociaciones para la venta de la planta de aluminio primario, la multinacional estadounidense Alcoa insistió en la necesidad de realizar un proceso ordenado de "hibernación de las cubas", una línea roja que el comité de empresa no está dispuesto a traspasar, porque recuerda que son "el corazón de la fábrica" y detenerlas supondría "la muerte" del complejo industrial de San Cibrao.
A la espera de una decisión que se producirá en cuestión de días, si llega a materializarse el despido de esos 534 trabajadores, en la práctica sería como cerrar la fábrica, porque la plantilla de la planta de aluminio primario está formada por 610 personas.
En cuanto a la incidencia de esa decisión en el empleo, a ese medio millar de trabajadores afectados se sumarían otros tantos de las empresas auxiliares que prestan servicio en el complejo.
En estas circunstancias, si Alcoa no acepta las condiciones de GFG Alliance o de la SEPI para la venta de la planta, el comité de empresa insiste en que la única solución viable para garantizar el futuro de la fábrica, la única que produce aluminio primario en España, pasa por una intervención pública de la propia factoría.
Aunque la Xunta de Galicia y el Gobierno de España hicieron público su malestar y "decepción" por la "intransigencia" de Alcoa en el proceso de venta, la multinacional asegura que siempre ha obrado de "buena fe", pero dentro de unos "principios razonables" y siempre "limitados" a la factoría de aluminio primario, porque la refinería "de alúmina no está en venta".
"Las condiciones no razonables y fuera del acuerdo" alcanzado con la representación de los trabajadores "se han mantenido desde el principio por parte de GFG Alliance —Liberty House—, y las condiciones ofertadas por la SEPI eran prácticamente las mismas", añade la multinacional.
Unas condiciones, insiste, que "no garantizaban la viabilidad de la fábrica ni la protección de los trabajadores", porque Alcoa estaba dispuesta a crear un fondo dotado "con 70 millones de dólares —59,8 millones de euros—", pero "Liberty House no quería aportar nada".
Además, recuerda la multinacional, "Alcoa estaba dispuesta a vender la planta por un euro y a asumir los costes de separación de ambas fábricas, cifrados en unos 50 millones de euros". Sin embargo, "la oferta también de la SEPI exigía un stock, un almacenamiento de alúmina, para 60 días", lo que tendría "un coste añadido" para Alcoa de unos 20 millones de dólares —unos 17 millones de euros—.
Según la multinacional, "el coste de la energía eléctrica en España hace inviable la producción de aluminio primario" porque el país carece "de un marco energético estable y competitivo", que "Alcoa lleva años reclamando", dado que la factura energética supone entre el 40 y el 45 % de los costes de producción del aluminio.
Recuerda, asimismo, que Alcoa es "el primer consumidor unitario de energía eléctrica de España", dado que consume "el 1,5 % del total en España", lo que ha llevado a la compañía, con la actual regulación, a perder "110 millones de euros entre 2018 y 2019". En estos momentos, asegura, "las pérdidas continúan", a razón de "un millón de euros a la semana".
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, sostiene que "la mejor opción" para la multinacional sería "negociar la venta" conjunta de las dos plantas, tanto la de aluminio primario como la refinería de alúmina. Sería, añade, "una salida digna para Alcoa de este país", después "de tantos años recibiendo dinero público".
Opina que la dirección de Alcoa debería "reflexionar" y volver "a la mesa de negociación, y más cuando "un organismo público" como la SEPI está dispuesto a comprar la fábrica para darle viabilidad en el futuro.
Entretanto, los alcaldes de los dos municipios mariñanos sobre los que asienta el complejo industrial de Alcoa San Cibrao, Cervo y Xove, reconocen que no existe un "plan B" para mantener la actividad económica de la comarca si finalmente se cierra la planta de aluminio primario.
En cuanto a la situación de la antigua Alcoa en A Coruña y Avilés, ahora Alu Ibérica con el Grupo Riesgo como máximo accionista, atraviesa una senda de inversiones para producir aluminio verde y también de conflictos laborales, con varios expedientes abiertos en ambas factorías por ofensas verbales, entre otros motivos.
Los sindicatos avisan de que Riesgo no está cumpliendo con ningún plan industrial sino que "lo que busca es la nula actividad de las plantas de Avilés y A Coruña", mientras que el inversor aspira a convertirse "en uno de los principales productores de aluminio verde en el sur de Europa" y situarse "a la cabeza del mercado nacional e internacional para un producto que cuenta con una demanda creciente".