El Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas creado por el IVIE de la mano de la Generalidad Valenciana ha elaborado un informe referido a la capitalidad de Madrid y su efecto en las demás economías regionales. El estudio se ha desarrollado al calor de las continuas polémicas alentadas por el presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, quien ha criticado de forma reiterada la apuesta por el liberalismo económico de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, lo más interesante es que, lejos de haber concluido que Puig tiene razón en sus críticas, el IVIE ha publicado un informe que, en esencia, constituye un verdadero aval a las fortalezas del modelo madrileño.
El equipo de cinco autores arranca el informe recordando que el primer gran impulso de Madrid fue inicialmente político, cuando fue elegida capital del Reino por Felipe II en el siglo XV. Esa capitalidad ha sido importante para la concentración de instituciones públicas y privadas o para la toma de ciertas decisiones de inversión o localización empresarial.
Sin embargo, el salto adelante de Madrid habría sido relativamente reciente, puesto que ha sido en los últimos cincuenta años cuando la región ha triplicado su población, tanto en números absolutos como en su peso relativo, hasta alcanzar los 6,7 millones de residentes, algo más del 14% de la población de nuestro país. De 1995 a 2008, el grueso de los nuevos madrileños eran personas procedentes del extranjero, mientras que desde 2011 hasta 2020 se observa un fuerte flujo de migraciones internas. En total, los trabajadores provenientes de otros países u otras autonomías españolas suponen uno de cada tres ocupados en la actualidad. Así, el paro generado por otros sistemas económicos regionales o internacionales encuentra una solución en Madrid, que recibe y emplea a los excluidos de tales modelos fallidos.
A pesar de ese fuerte aumento de la población, el IVIE recuerda que la cuota de la Comunidad de Madrid sobre la renta nacional ha continuado subiendo de forma progresiva. Ya supone la quinta parte de la renta nacional (231.000 millones) y, en términos per cápita, alcanza los 35.000 euros, lo que supone un 36% que la media española y un 16% más que el promedio europeo. Esto es especialmente notable, porque se produce en un contexto de fuerte crecimiento demográfico.
Aunque la Comunidad de Madrid absorbe población de otras regiones y experimenta el crecimiento demográfico propio de cualquier sociedad avanzada, su mercado de trabajo tiene el mayor crecimiento de la ocupación de todas las regiones, duplicando el volumen de personas empleadas entre 1980 y 2020. El empleo es, además, eminentemente cualificado: el 41% de su población tiene estudios universitarios, frente al 31% observado en todo el país, y uno de cada cinco empleos cualificados radicado en España hunde sus raíces en Madrid.
Frente al mito de la "capital burocrática", el informe destaca que "las actividades privadas son las indiscutibles protagonistas" en la economía regional. El sector servicios es predominante (concentra el 85% del VAB regional), mientras que la industria tiene un peso más reducido (10% del VAB autonómico). El informe destaca que Madrid ha conseguido una clara ventaja en el campo de los servicios avanzados: "información y comunicaciones", "actividades profesionales, científicas y técnicas", "actividades financieras", etc.
De igual modo, los autores del estudio apuntan que "el sector público estatal no es un motor tan decisivo de la economía de la capital como en el pasado", aunque el IVIE considera que sí "refuerza el dinamismo de la región" con inversiones en infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias, con la sede de organismos y entidades públicas y con el efecto arrastre que genera el hecho de que la toma nacional de decisiones tenga su sede en Madrid.
La competencia fiscal
El estudio reconoce que la Comunidad de Madrid "tiene unos ingresos públicos per cápita reducidos en comparación a la mayoría de las comunidades autónomas", puesto que el gobierno autonómico "ha utilizado su capacidad normativa para introducir numerosos beneficios fiscales en los principales impuestos sobre los que tiene competencias: IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones…". Desde el IVIE recuerdan que "otras comunidades también ejercen sus competencias normativas en estas figuras, pero al alza", lo que solo contribuye a aumentar el atractivo fiscal de Madrid.
Si se cuantifican los gastos fiscales que representan tales rebajas, "Madrid deja de ingresar 4.100 millones de euros anuales". Esto significa que, gracias a las reducciones tributarias, un madrileño medio paga 636 euros a Hacienda cada año. Para una familia de tres, tamaño medio de los hogares de la región, esto significa un descuento fiscal medio de 1.908 euros al año. Dicho de otra manera: si se armoniza el sistema tributario para aplicar los tipos de referencia y eliminar los descuentos autonómicos, los hogares de Madrid se dejarían, de media, casi 2.000 euros por ejercicio.
El grueso del descuento está asociado a la posibilidad de transferir herencias sin tener que pagar a Hacienda, ya que la bonificación al 99% del impuesto a la muerte ahorra 2.663 millones de euros a los madrileños. Renunciar a gravar la riqueza también supone una inyección importante, puesto que no aplicar el Impuesto de Patrimonio reduce la tributación madrileña en 996 millones de euros. Por otro lado, el IRPF autonómico se sitúa 504 millones de euros por debajo de los umbrales que se darían si se aplicasen las tarifas medias observadas en todo el país.
Precisiones al informe
Aunque el estudio del IVIE desmonta muchas de las críticas al modelo madrileño, conviene hacer ciertas precisiones a sus valoraciones. De entrada, aunque insinúa que la capitalidad es un factor de crecimiento para la economía madrileña, lo cierto es que el peso del sector público en la región ronda el 13,5% de su PIB, siendo cercano al 16,5% en el conjunto del país.
Por otro lado, el estudio no parece valorar lo importante que es el hecho de que Madrid sea la comunidad que más aporta a la financiación de los servicios públicos de las demás regiones. Para ser precisos, el actual sistema de financiación autonómica toma 4.039 millones de la CAM, lo que supone el 68% de los fondos generados por las comunidades que hacen aportaciones netas. Por comparación, Cataluña genera el 26% de tales aportaciones, es decir, 2,6 veces menos, mientras que la tercera en discordia, Baleares, aporta el 7% del total.