Yolanda Díaz se ha puesto como objetivo hundir a las empresas españolas. La Ley del Teletrabajo, que ha aprobado por real decreto esta semana, es su última contribución a la ruina nacional. La confusión que está generando la norma es descomunal. Los expertos laboralistas no dan crédito ante un texto que no puede ser más ambiguo, difuso y vago. Los empresarios también están aterrorizados porque saben que, tarde o temprano, tener a sus empleados trabajando en casa les va a salir muy caro.
La ministra comunista lleva amenazando al teletrabajo desde junio. El trabajo a distancia "no le puede salir gratis a las empresas", bramó entonces. Ahora, Yolanda Díaz ha cumplido su amenaza, pero de la manera más chapucera posible, porque ni siquiera se ha dignado a especificar los gastos o cuál es la parte que deberán costear las compañías. ¿Internet, la luz, la calefacción? Esta idólatra del sindicalismo quiere que sea la negociación colectiva la que dictamine la factura. Y que el gran pagano sea su detestada clase empresarial, que hace por los trabajadores lo que jamás hará ella.
Con esta infame ley, la conflictividad laboral está servida; o, lo que es peor, puede ser el fin del incipiente teletrabajo. ¿Qué incentivo va a una empresa para fomentar que sus empleados trabajen desde casa? Pretender imponer a las empresas más carga burocrática y económica sólo hará perder el atractivo a una modalidad de empleo que ha ejercido de salvavidas de la productividad nacional durante la pandemia.
Yolanda Díaz debería saber que compañías y trabajadores han sido sabido adaptarse rápidamente al teletrabajo desde el principio de la crisis del coronavirus sin que ella tuviera que entrometerse a su manera liberticida. Según los datos del INE, 3.015.200 ocupados estuvieron trabajando en sus domicilios en el segundo trimestre del año, lo que supone un 216,8% más que en 2019.
La misma semana que la Ley del Teletrabajo ha visto la luz se ha sabido que España ha entrado en recesión, con un desplome del 17,8% del PIB en el segundo trimestre, lo que hace aún más apremiante cambiar el rumbo de la economía. Lo que las empresas supervivientes necesitan no son distorsiones, rigideces ni impedimentos para continuar desarrollando su actividad, sino libertad y flexibilidad para tomar sus propias decisiones. Justo lo que estaban haciendo antes que de Yolanda Díaz llegara con esta ley aberrante.