Pablo Iglesias sigue sin cortarse a la hora de defender a grupos de ultraizquierda que promueven el acoso a arrendadores y defienden la ocupación. El vicepresidente segundo lo ha hecho recientemente en el Congreso de los Diputados donde ha elogiado la labor de la filial del Sindicato de Inquilinos en Barcelona, el Sindicat de Llogarters.
En respuesta al diputado popular, Teodoro García Egea, sobre el drama que generan los okupas en España, el líder de Podemos no solo aludió a que no es necesario cambiar la legislación actual, sino que pidió al político del PP que "saludara la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña y que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España".
El sindicato al que Iglesias se ha referido no es otro que el que está detrás de la limitación de los precios de los alquileres en Cataluña. El Sindicat Lloguers ha logrado que Quim Torra terminé por instaurar una medida tildada de liberticida y propia de regímenes comunistas. El sector inmobiliario en España ya ha alertado del caos y la pobreza, para los mismos inquilinos, que va generar la intervención en el mercado del alquiler. Un acontecimiento que aplaude Pablo Iglesias y que ahora amenaza implantar el mismo sindicato simpatizante de Podemos y viceversa en todo el país.
Ya en su cuenta oficial se han vanagloriado de haber conseguido que la Generalidad claudique a sus pesquisas. Un hecho que no es ninguna victoria. La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apoyaba ya este sindicato, nacido en 2017, y con el que colabora la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una asociación que lideraba la misma Colau disfrazada de Supervivienda tras la crisis económica del 2008.
No nos cansamos de decirlo: lo que ha hecho el @SindicatLloguer es muy grande.
Y precisamente porque no nos cansamos, vamos a hacerlo aun más grande trayéndolo a Madrid, y ayudando a que llegue a Zaragoza, a Ibiza, a Euskadi, a Canarias y al último rincón habitado del Estado. pic.twitter.com/RnmQlns1DI
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 12, 2020
Minorías extremistas organizadas
Esta minoría organizada funciona como lo hiciera en sus orígenes los círculos de Podemos. El lobby extremista, que avala el vicepresidente del Gobierno de España en mitad del hemiciclo, se vanagloria de sus "luchas ganadas en los barrios". Pero, la realidad es que detrás de esa "lucha" existe actos delictivos, como es la defensa de la ocupación y la petición de la suspensión del pago de los alquileres. Y hasta que no alcancen su objetivo no pararán sus movilizaciones.
Cuentan con el apoyo político de la formación morada desde su nacimiento. Los diputados de Podemos, Rafa Mayoral o Alberto Rodríguez, han colaborado con el Sindicato de Inquilinos para impedir desahucios, enfrentándose a la policía, llegando a impedir que una propietaria discapacitada pudiera recuperar su vivienda, como ha revelado Libre Mercado.
Las preguntas, que muchos ciudadanos se hacen sobre la fortaleza de los okupas a nivel legislativo, pueden ser respondidas si se analiza cómo estos grupos de escracheadores profesionales se extienden por el territorio nacional a través de múltiples ramificaciones: "Los Sindicatos de Inquilinos, presentes en más de 20 ciudades de todo el Estado, nacimos para defender los derechos de los inquilinos y no pararemos hasta que el marco legal les proteja frente a los inversores y rentistas que intervienen en el mercado inmobiliario y nos impiden crear proyectos de vida estables", apuntan en su manifiesto.
Se financian, además, mediante la famosa Caja de Resistencia, al igual que lo hiciera Podemos, con la que pagan a morosos y okupas las costas judiciales y, de paso, a sus los mismos letrados del sindicato. "El dinero de esta cuenta no se utilizarán para gastos del Sindicato. Únicamente para costas judiciales de inquilinas en lucha", indican en su página web.
Acoso a propietarios
Y si tienen que llegar al derribo personal, lo harán. La campaña contra Esther Argerich, una propietaria que solicitó el aumento de 300 euros en el contrato de arrendamiento de su vivienda situada en el barrio de Gracia (Barcelona) a sus inquilinos, después de 11 años sin haber actualizado el IPC, fue protagonizada hasta por Irene Montero. La ministra de Igualdad señalaba públicamente a Argerich aireando sus datos personales. Se sumó así a un escrache digital, auspiciado por el Sindicato de Inquilinos de Barcelona y que justificaba el acoso a la propietaria con la excusa que se dedicaba al sector inmobiliario, algo que no era ni cierto.
Argerich y la inmobiliaria que alquilaba su piso sufrieron un verdadero infierno. Hasta el portal se desplazaba la organización para presionar y exigir la protección de la pareja okupa, que además se demostró que podía hacer frente de sobra a la renta.
Igualmente, la familia Esteban Aguado en Lavapiés padeció el mismo calvario, llegando incluso supuestos miembros colaboradores del sindicato a colgar carteles con sus rostros por las farolas y acosar al hermano de la propietaria hasta su lugar de trabajo. De hecho, los socios de Iglesias lo dejan bien claro en su publicaciones. Van contra los fondos buitre, pero también contra "aquellos que están acostumbrados a vivir de rentas", es decir, cualquier hijo de vecino que tenga un piso alquilado para poder pagar la hipoteca, este también entra dentro del cupo.
Es así cómo el sindicato, en su última acción justiciera, ha instado a los inquilinos al impago del alquiler "lo que dure la pandemia o la crisis". Todo esto sin importar el daño que pueda ocasionar al damnificado. Hay que tener en cuenta que el 80% de propietarios en España son personas físicas, particulares de clase media trabajadora y no "tiburones financieros", como ellos describen.
A este respecto, el Sindicato de Inquilinos también ha puesto a disposición su Caja de Resistencia para "dar cobertura legal a los que se sumen a la huelga del pago de alquileres". Iglesias, por su parte, pedía en consonancia con las premisas del sindicato, sacrificios por la patria a los arrendadores, aunque ni él ni sus colaboradores se han bajado ni un céntimo el sueldo en esta crisis del coronavirus.
Estos grupos suponen el vivo ejemplo del asociacionismo de extrema izquierda. Se organizan hasta que logran imponer a una mayoría de españoles sus exigencias totalitarias. Cuelan en las Administraciones sus medidas, frente al pasmo del resto de la oposición política. Y su línea de actuación se mantiene viva, como en el caso de la ocupación.
Asimismo, el Sindicato de Inquilinos, defendido por Iglesias en el Congreso, también está detrás de la paralización de los desahucios durante el estado de alarma. Claro, que su idea va más allá. Y casa, efectivamente, con lo que persigue Podemos, la protección total del okupa y que se lleguen a librar hasta de juicios futuros. Si ya de por sí es una odisea echarlos y la legislación les protege, con estos fines los okupas serían absolutamente impunes.
La organización pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en materia de arrendamiento. Y "prohibir los desahucios por incapacidad de pago de la renta o de finalización de contrato". "Proponemos permitir al inquilino oponer las cláusulas abusivas existentes en su contrato, y acogerse a modo de excepción de contrato no cumplido o no cumplido adecuadamente". O lo que es lo mismo, que el inquilino pueda hacer lo que desee sin pactar con el arrendador, lo que dejaría un estado puramente comunista, el mismo al que aspira el vicepresidente del Gobierno de España.