En las negociaciones que se han establecido el gobierno con las entidades patronales y los sindicatos ha aparecido esta semana una seria discrepancia con motivo del coste de los ERTE. La CEOE, por boca de su presidente, Antonio Garamendi, ha denunciado que los datos que proclama la Seguridad Social son falsos y que los costes de esa política "son muy inferiores a los que nos facilitan" desde el gobierno.
En concreto, según cuenta Lorenzo Amor, dirigente de los autónomos, el ministerio del ramo dice que ese coste es de cuatro a cinco mil millones mensuales; y se pregunta "¿qué se está computando allí?" porque no le salen las cuentas. La respuesta a esta cuestión es evidente: el gobierno está echando la cuenta de la vieja para justificar los 21.300 millones de euros que, dentro del programa SURE, ha prestado a España la Unión Europea para financiar los ERTE. Porque, sencillamente, de acuerdo con los datos que ha publicado la Seguridad Social, el coste de esta política apenas supera el 40% de esa cantidad. Veámoslo desapasionadamente, como corresponde al análisis económico.
Las cifras no cuadran
Los ERTE son un instrumento surgido de la reforma del mercado de trabajo de 2012 que permite suspender temporalmente los contratos de trabajo sin que se extinga la relación laboral entre la empresa y sus empleados, de manera que éstos pasan a estar acogidos al seguro de desempleo mientras dure esa situación. Se transfiere así el coste laboral al Estado mientras dura la causa de la suspensión, a la vez que se mantiene la situación de empleo para los trabajadores. En el caso de los ERTE aprobados con ocasión de la epidemia se ha limitado la cuantía a percibir por los afectados —que, en principio, debería ser el 70% de su base de cotización— estableciendo un máximo de 1.098 euros mensuales si no tienen hijos y 1.412 euros si tienen dos o más. Las estimaciones del gobierno sitúan el valor medio del subsidio mensual en 870 euros.
La vigencia de este instrumento se vinculó inicialmente a la duración del estado de alarma, aunque posteriormente los ERTE fueron prorrogados, a pesar de la resistencia que opuso el gobierno, primero hasta el 30 de junio y más tarde hasta el 30 de septiembre. Para esas prórrogas fueron fundamentales las presiones ejercidas por las organizaciones patronales y por los sindicatos. Esto último no deja de ser curioso porque han sido precisamente los sindicatos quienes más han insistido en la derogación de la reforma laboral de 2012 —que, de haberse llevado a cabo, habría dado lugar a la desaparición de esta figura y, con ello, al despido de numerosos trabajadores—.
El gobierno esconde el coste
Los datos disponibles acerca del número de personas afectadas por los ERTE, que aparecen reflejados en el gráfico adjunto, señalan un fuerte crecimiento durante la etapa más dura del confinamiento en el mes de abril, hasta llegar a casi 3,4 millones, y una ulterior reducción a medida que la actividad económica se fue normalizando. Así, a final de mayo la cifra se había rebajado a cerca de tres millones, en junio eran ya 1,8 millones y en julio 1,1 millones. Pasada la primera mitad de agosto, quedaban tan sólo 880.000 beneficiarios, pertenecientes sobre todo a los sectores relacionados con el turismo, la hostelería y el ocio.
El coste de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE no se ha publicado, salvo algunos datos parciales a partir de los cuales se pueden efectuar estimaciones razonables que nos conducen a una cuantía de 8.886 millones de euros hasta mediados de agosto. Esta cifra, que equivale al 0,71% del PIB, apenas supera el 40% del préstamo concedido por la Unión Europea, como antes he señalado. Ello nos permite pensar que esa línea de crédito no podrá agotarse puesto que, aun cuando los ERTE en los sectores que se acaban de mencionar se prorrogaran hasta diciembre, sólo se requerirían unos 3.000 millones de euros adicionales, con lo que la cifra total se quedaría en el 56% de la ayuda SURE. De ahí el interés del gobierno para camuflar unos gastos ignotos en unas cuentas que, en todo caso, carecen de la transparencia debida.
