Después de la histórica derrota en el Congreso del pasado viernes a cuenta del frustrado asalto a los remanentes municipales, el Gobierno se ha visto en el trance de rectificar y suspender la regla de gasto que afecta a los Ayuntamientos. De ser cierto lo que ha expresado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las Administraciones locales podrán echar mano del superávit de los años 2018 y 2019.
La insólita operación que pretendía llevar a cabo el Gobierno consistía en la pura y dura confiscación de los ahorros municipales, pues no otra cosa era que los Ayuntamientos cedieran voluntariamente al Ejecutivo estas cantidades durante diez o quince años a cambio de un anticipo entre 2020 y 2021 a fondo perdido. Solo faltaba la cantinela de los trileros, "la bolita dónde está", para completar la disparatada oferta, un gato por liebre de manual que hacía sonrojar a los alcaldes socialistas menos cegados por la obediencia sanchista.
Hay una acuerdo generalizado en que la regla de gasto establecida por el Gobierno del PP en 2012 no casa con la actual situación económica. Los ayuntamientos son el primer dique de contención de las crisis, la ventanilla más cercana al ciudadano y de donde proceden las medidas iniciales para contrarrestar la dureza de la crisis social provocada por el coronavirus y agudizada por la espantosa incompetencia del Gobierno social-comunista, incapaz de dar salida al Ingreso Mínimo Vital cuatro meses después de haberlo anunciado a bombo y platillo.
En este contexto, que los Ayuntamientos puedan recurrir al superávit es un alivio para sus arcas y abre una vía alternativa a la extorsión fiscal contra los ciudadanos para afrontar los gastos derivados de la gestión de la epidemia. Sin embargo, habrá que estar atentos y no bajar la guardia. Hacienda debe pasar de los anuncios a los hechos, y no sería la primera vez que medidas aceptables a primera vista se convierten en inaceptables en ese tránsito.
Si algo caracteriza a este Gobierno son las contradicciones y las disparidades entre sus miembros. No hay más que ver la guerra entre la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o las intromisiones del vicepresidente Iglesias en las carteras económicas. Los errores de comprensión y la ineficacia son dos de los rasgos más acusados de la política económica del Gobierno social-comunista, que puede ser de los que no acierta ni cuando rectifica.