La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes la puesta en marcha del teléfono 112 Okupación, "con el que la Administración autonómica pretende contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles", tal y como ha desgranado durante su intervención en el Debate del Estado de la Región. Para ello, la Comunidad de Madrid creará una Oficina contra la ocupación que pondrá a disposición de los ciudadanos un teléfono 900 gratuito al que los madrileños podrán dirigirse para avisar de una posible ocupación ilegal o intento de ocupación de la que tengan conocimiento. El proyecto se concreta en la creación de un Centro de Coordinación Municipal en las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), que, entre otros servicios, establezca un sistema de información a las fuerzas de seguridad y administraciones competentes en presuntos casos de ocupación ilegal de inmuebles.
Asesoramiento contra los delincuentes
De este modo, cuando se reciba una llamada en 112 Okupación, además de asesorar al llamante sobre sus derechos y procedimiento a seguir, se pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes, bien sean Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Fiscalía o Delegación del Gobierno.
4.000 viviendas ocupadas
"Se trata, por tanto, de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales, siempre garantizando el principio de seguridad jurídica y respetando el marco legislativo de aplicación", señalan en un comunicado. El objetivo de este nuevo servicio en el marco de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) que ha dado a conocer Díaz Ayuso durante su intervención el Debate del Estado de la Región es dar apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales y ayuntamientos en la lucha de esta lacra, que afecta actualmente a unas 4.000 viviendas en toda la región (unas 2.000 de la Agencia de Vivienda Social (AVS) y otras tantas de promociones privadas de particulares o banca), así como dar asistencia a los ciudadanos.
En enero de 2020, el Gobierno regional presentó ante la Fiscalía Superior de Madrid una denuncia de ocupaciones por distintas mafias que se están produciendo en viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, con unas 2.000 casas afectadas. En este sentido, desde el comienzo de Legislatura se han iniciado 650 expedientes para la recuperación de viviendas y locales públicos, y la AVS ya ha podido recuperar 233 viviendas y locales que se encontraban usurpados. Igualmente, se han remitido 329 expedientes a los juzgados para recuperar más viviendas públicas. Con los actuales datos se verifica que tras, una reducción de la ocupación asociada al confinamiento por coronavirus, los números ya han recuperado los niveles del mismo periodo del año anterior e incluso hubieran sido superados si no fuera por la actuación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Patrimonio Inmobiliario de la AVS. Así, durante el 2019 se evitaron 117 ocupaciones y en lo que llevamos de año ya se ha alcanzado la cifra de 81.