La Comunidad de Madrid bajará medio punto "todos los tramos" autonómicos del IRPF en esta legislatura. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el debate sobre el estado de la región, donde ha defendido una "fiscalidad justa" en lugar de "asfixiar hasta paralizar la iniciativa ciudadana".
De esta manera, a pesar del impacto del coronavirus en la economía regional, Ayuso mantiene su propuesta de llevar a cabo la mayor bajada del IRPF de la historia de Madrid antes de 2023. "Por eso mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años", ha sostenido Ayuso, que ha cifrado en un 12,7% la caída del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, lo que supone una pérdida de casi 30.000 millones de euros.
A su juicio, los países más prósperos son los "más libres" y en los que "la burocracia acompaña al ciudadano y lo protege, pero no se convierte en su principal obstáculo".
Ayuso ha destacado que esta forma de gobernar es la que ha convertido a la Comunidad de Madrid en la autonomía con mayor PIB y mayor renta per cápita de España, y "el pilar económico del país".
La autonomía más solidaria
Además, ha añadido que Madrid es la autonomía "más solidaria con el resto de España", ya que según los datos de la liquidación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica de 2018, aporta el 68% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales.
"De los 84.000 millones de euros que se recaudan en la Comunidad de Madrid por el IRPF, IVA y los impuestos especiales, solo 19.000 millones de euros, un 22%, se quedan para financiar la Comunidad", ha subrayado.
Ley de Mercado Abierto
Además de la rebaja fiscal, Ayuso ha anunciado que el Gobierno autonómico va a elaborar una Ley de Mercado Abierto que garantizará la libre circulación de bienes y servicios por la geografía madrileña sin necesidad de solicitar ningún otro requisito o permiso adicional más allá de los que ya cumplan en sus respectivas autonomías de origen. De esta manera, toda empresa o autónomo establecido legalmente en el territorio nacional podrá desplazarse y operar libremente en la Comunidad de Madrid sin soportar exceso de carga burocrática, es decir, sin tener que solicitar nuevos permisos o licencias adicionales a los que ya posean por tener establecida su actividad en España. El mismo marco regulatorio aplicará en el caso de productos que se acojan a normativa de otra región, para que pueda circularse y ofertarse también en Madrid, una vez se encuentre en el mercado, sin que tenga que cumplir requisitos adicionales.
Díaz Ayuso ha destacado en su discurso que la Comunidad de Madrid "ha logrado muchos avances gracias a la libertad económica, como la libertad de horarios comerciales o la facilidad para crear nuevos negocios". Ahora, la Ley de Mercado Abierto "potenciará aún más la llegada de inversiones y empresas mediante la eliminación de trabas y regulaciones innecesarias", ha asegurado.
El objetivo de la norma es favorecer la creación de empresas y la atracción de inversiones en la región apostando por medidas de liberalización y flexibilidad que favorezcan la unidad de mercado. En concreto, se prevé que el desarrollo de la Ley de Mercado Abierto tenga un impacto en el corto y medio plazo de casi el 2% en el PIB madrileño, lo que supondría cerca de 4.000 millones de euros, y posibilite la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo.
"Desconcierto e incertidumbre"
Díaz Ayuso también ha avanzado que ya están trabajando en la elaboración preliminar de un proyecto de presupuestos "para afrontar los grandes retos de 2021, tras los daños que ha generado el coronavirus", y que serán sociales, donde la sanidad, la educación y el empleo ocupen los primeros puestos. Y todo ello, pese a la "grave inestabilidad económica y social nacional que tanto desconcierto e incertidumbre" provoca a la hora de prever los ingresos del año que viene.
"Mientras pensamos cómo financiaremos nuestros servicios públicos esenciales, el Gobierno no nos dice ni cuántos serán nuestros ingresos, ni el objetivo de déficit", ha criticado la presidenta, que espera que se aclaren estos aspectos en los próximos días y que, sobre todo, no haya "de nuevo un trato discriminatorio entre Comunidades Autónomas con un déficit a la carta para retribuir lealtades de partido y asegurarse votos en el Congreso". Exige, en este sentido, que la Comunidad reciba "en proporción a su población y al impacto de la crisis". Tampoco puede haber, ha dicho, "arbitrariedad" en el reparto de los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos. "Porque todo indica que será el gabinete del presidente del Gobierno quien los asigne directamente, con el mismo criterio que el del comité de expertos. Podemos estar ante el Plan E de Zapatero multiplicado por 10", ha manifestad