Las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, que presten servicios en España tendrán la obligación de inscribirse en el Registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas y abonar la tasa que ya pagan actualmente los operadores tradicionales, según recoge el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones presentado este viernes por el Gobierno.
Esta es una de las novedades que recoge el texto de la nueva ley, que se somete desde este viernes a audiencia pública, y que incluye otros cambios como la supresión de las cabinas y las guías telefónicas del servicio universal, un refuerzo de la protección de los usuarios, la modernización del servicio de emergencias 112 o medidas para facilitar un clima inversor en el sector, entre otras.
El usuario de WhatsApp podría pagar el pato
Tal y como explica el medio especializado Xataka, la normativa tiene varios puntos confusos. El primero, que aplicaciones como WhatsApp o Telegram no generan ingresos. El segundo, más confuso aún, es cuánto tributan en España. El caso de WhatsApp es todavía más difícil de desglosar porque es propiedad de Facebook, pero desde el gobierno han insistido en que la tasa se paga en función de lo que facture WhatsApp, no Facebook.
¿De dónde vienen los ingresos de WhatsApp en concepto de comunicaciones? Desde el gobierno responden que "cuando analicemos su presentación de resultados para poder aplicarle la tasa ya lo veremos. Que hoy un servicio sea gratis no significa que lo vaya a seguir siendo, quiero recordar que WhatsApp no siempre ha sido gratuito". ¿Está alentando el gobierno a que WhatsApp empiece a cobrar a sus usuarios? Parece que sí.
1 euro por cada 1.000
En un encuentro con la prensa, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha explicado que la nueva ley amplía por primera vez el ámbito de aplicación de la regulación a los nuevos tipos de agentes, como Whatsapp, que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, para lo cual se crea una nueva clasificación de operadores.
Sánchez ha remarcado que la irrupción de estos servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería ha modificado las pautas de uso de los consumidores, por lo que con este anteproyecto se incluyen algunos preceptos legislativos para lograr un "equilibrio en el terreno de juego" dentro de los límites marcados por el Código Europeo.
En primer lugar, las empresas que presten estos servicios deberán comunicarlo e inscribirse en el Registro Nacional de Operadores de Comunicaciones Electrónicas, lo que conllevará, además, que deban pagar la tasa general de operadores, que supone el 1 por 1.000 de los ingresos que obtienen por prestar estos servicios.
Las compañías del sector tendrán que pagar esta tasa, que ya abonan los operadores tradicionales, en caso de que superen el millón de euros de facturación por esta actividad. Sánchez ha señalado que son "plenamente conscientes" de que estas empresas declaran en España unos ingresos inferiores a los que generan.
Así, ha explicado que para calcular el importe de la tasa que deben abonar todas las compañías deberán, tal y como se exige actualmente al resto de operadores, presentar una declaración de los ingresos que proceden de comunicaciones electrónicas y sobre los que se cursa la tasa, como ocurre con cualquier otro impuesto, que será sometida a inspección y control.
En este sentido, ha remarcado que no es una legislación destinada a una empresa concreta y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha apuntado que, aunque parte de los servicios que prestan los nuevos actores a los usuarios son gratuitos, no ocurre así con todos ellos y puede que, como ya ha ocurrido en pasado, en algún momento sean de pago.
Además de su inscripción en el registro y del pago de la tasa de operadores, la nueva Ley incluye otras obligaciones a estas compañías, como tener medidas de seguridad e integridad de los servicios que prestan e incrementar la transparencia ante los usuarios de las condiciones de los mismos.