Pedro Sánchez y Pablo Iglesias empiezan a pergeñar los recortes. El Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás amenaza con asestar una puñalada trapera a millones de españoles. Funcionarios, autónomos y futuros jubilados están en la diana del Ejecutivo social-comunista, que sabe que más pronto que tarde va a tener que poner en marcha un plan de reformas si quiere embolsarse los 140.000 millones de euros de la UE. Y vaya si los quiere, porque las arcas del Estado están vacías.
Tal es la ruina que en julio el déficit se situó en los 60.413 millones de euros, lo que equivale a la friolera del 5,4% del PIB, unas cifras nunca vistas en los registros estadísticos de Hacienda. España gastó 60.000 millones más de lo que ingresó debido al hundimiento de la recaudación y a la escalada del gasto público por la sanidad y las fracasadas medidas para paliar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, calamitosamente gestionada por la banda de Sánchez, Iglesias y el no doctor Simón. Tal ha sido la sangría que, por poner un ejemplo especialmente abrumador, los 20.000 millones que Europa adjudicó para el empleo ya se han fundido con los ERTE. Y todavía hay 800.000 personas en su casa sin poder trabajar cobrando esta prestación. Aunque el Gobierno manipulador se niegue a llamarles parados, tendría que ocurrir un milagro para que todos lograran volver a sus puestos a estas alturas del año.
Por eso, a Sánchez-Iglesias sólo le quedan dos opciones: incrementar la deuda pública –ya en niveles récord del 110% del PIB– o esquilmar aún más a la ciudadanía. Lo peor es que no son opciones excluyentes sino perfectamente compatibles. En menos de 24 horas, los ministros económicos del Ejecutivo han dejado entrever sus intenciones con tres colectivos que representan a más de 9 millones de personas.
Los funcionarios van a estar entre los primeros damnificados. Fue El País el que soltó la bomba de que el Gobierno planeaba congelar el sueldo de los 2,6 millones de trabajadores públicos. La excusa sería la inflación, que está en negativo, y así los funcionarios no perderían poder adquisitivo si no se les sube el sueldo como hasta ahora. Dejando a un lado que congelar el sueldo a los funcionarios es lo mínimo que debe hacer el Gobierno, teniendo en cuenta que España se enfrenta a su mayor crisis económica en periodo de paz, no deja de ser llamativo el signo ideológico de los ejecutores. Lo mismo ocurrió en el año 2010, cuando Zapatero se coronó como el presidente que más recortes ha aplicado en la historia reciente. El socialista se atrevió incluso a bajarles el sueldo. Ahora, otro socialista estaría pensando en volver a tocarles las retribuciones.
Las siguientes víctimas serán otros a los que el Gobierno social-comunista dice representar y cuidar como nadie: los futuros jubilados. Como respuesta a un sistema de pensiones públicas abocado a la quiebra, el ministro Escrivá quiere acabar con las prejubilaciones. Lo hará castigando a los trabajadores que osen retirarse antes de tiempo, por lo que cualquiera que tenga entre 50 y 59 años en estos momentos tiene motivos de sobra para la intranquilidad
Por último, quedan los autónomos, a los que el Gobierno quiere obligar a cotizar por sus ingresos reales. Esta medida carece de lógica presupuestaria, su único objetivo es intentar engordar las maltrechas arcas del Estado, y supondrá un sablazo tremendo a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia, lo que llevará a muchos a la economía sumergida o al cierre. Y ya son muchos los cierres empresariales que España lleva a sus espaldas. No puede permitirse ni uno más.