Vuelven los recortes. El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando congelar el sueldo a los funcionarios. Así, lo ha publicado este jueves el diario El País. "No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco", señala un alto cargo del Ejecutivo socialista a este medio.
La excusa está en la inflación -que en julio cerró en el -0,5%-. Con el IPC negativo, el Gobierno justificaría la congelación a los 3 millones de trabajadores públicos con la excusa de que no perderían poder adquisitivo. Fuentes del Ministerio de Función Pública todavía no lo tienen claro.
Antes del 30 de septiembre, el Ejecutivo socialista debe presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y esta partida debe estar clara. El gasto de personal, que incluye los salarios de los funcionarios, es una de las categorías más voluminosas. En 2018, ascendían a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios. Como ya publicamos en Libre Mercado, el Ejecutivo socialista también pretende traspasar de Hacienda a la Seguridad Social las pensiones que están dentro del régimen de las clases pasivas. En principio, esto no va a suponer ningún cambio en las prestaciones de los funcionarios jubilados, aunque el cambio ha generado mucho recelo.
Ministerio de Función Pública, que dirige la ministra Carolina Darias, aseguran que aún no han tomado ninguna decisión y que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos. La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial.
El reloj corre y el Gobierno aún no tiene listo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que debería presentar antes del 30 de septiembre, según marca la Constitución Española. Otros años en estas fechas el Ejecutivo ya había convocado la mesa de negociación de la función pública para tratar la subida del sueldo de los funcionarios, pero este año aún no ha entablado conversaciones con los representantes de los empleados públicos para abordar esta cuestión, según confirman todas las partes implicadas.
No obstante, en el resto de ministerios económicos ya se están haciendo números para cuadrar los Presupuestos de 2021, unas cuentas esenciales para la legislatura. "No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco", concede un alto cargo, que admite que a pesar de las ayudas europeas las cuentas públicas están muy tensionadas. Otra fuente ministerial no niega que sea una posibilidad, pero evitan dar nada por cerrado.
El gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, es una de las mayores partidas de los Presupuestos. En las cuentas de 2018, que aún están vigentes porque han sido prorrogadas durante dos años, esa partida ascendía a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios.
A favor del Gobierno juega que los precios están muy contenidos debido al parón de la actividad económica y la posterior crisis. Hasta julio, el IPC estaba en territorio negativo (-0,5%) y el consenso de analistas es que la evolución de los precios termine el año sin ninguna variación. Esto permitiría al Ejecutivo congelar el salario de los empleados públicos o vincularlo al IPC para que no pierdan poder adquisitivo como ya ocurrió en la anterior crisis.
En 2010, el anterior Gobierno de Zapatero redujo el sueldo de los funcionarios entre un 5% y un 7%. Durante los años siguientes y hasta 2016, ya bajo el mandato de Rajoy, vieron como su remuneración no mejoraba. Incluso en lo más crudo de la crisis, en 2012, el Gobierno del PP les retiró la paga extraordinaria de diciembre, que devolvió años más tarde, y limitó las plantillas, lo que propició una merma de efectivos públicos que aún hoy no se han recuperado.
Las mejoras de 2018
No fue hasta 2018 cuando los funcionarios pudieron empezar a mejorar sus condiciones. Ya en plena recuperación, el exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, acordó con los representantes sindicales de los empleados públicos (UGT, CC OO y CSIF) una senda de subidas salariales hasta 2020. El pacto, que recogía otras mejoras como la reducción de la temporalidad pública, incluía unas subidas de entre el 6,1% y el 8,8% durante esos tres años, lo que permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la anterior crisis financiera. Las subidas salariales, eso sí, estaban vinculadas al crecimiento económico y al cumplimiento de los objetivos de déficit público, y no al IPC, algo que no había ocurrido antes.
Según consensuaron entonces todas las partes, la subida para 2020 recogía un aumento de un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales. Una ejecución que tendría un coste de 3.264 millones de euros, ya que también se llevaría a cabo la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero ese pacto caduca este año y no seguirá en 2021. El Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez pretendía firmar un acuerdo similar antes de que estallara la pandemia., pero el coronavirus ha trastocado todos los planes.
La decisión que adopte el Estado sobre el sueldo de los empleados públicos es importante porque al acordarla en la mesa de negociación de la función pública se extiende a todas las comunidades autónomas. Aunque algunos territorios tengan excepciones. Extremadura y Baleares anunciaron este verano que la subida del 2% quedaba suspendida "indefinidamente" para sus trabajadores públicos.
Este verano, CC OO denunció que el Ministerio de Hacienda no prevé aplicar en este año la mejora salarial adicional comprometida para unos 40.000 empleados públicos que son personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). El sindicato aseguró entonces que Hacienda le había comunicado que aplicaría esa mejora en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.