Alerta en el Gobierno ante el que podría ser, este jueves, su primer revés parlamentario de calado. El Ejecutivo llega a la víspera del pleno parlamentario sin los apoyos cerrados con los que sacar adelante el Decreto para convalidar el plan de Hacienda de ayuda a los ayuntamientos, que cuenta con el remanente municipal y que este verano ponía en pie de guerra a importantes consistorios de toda la geografía nacional y de todos los colores políticos.
La entrega del superávit acumulado a cambio de una devolución a una década vista no convence ni a Madrid y Zaragoza, gobernadas por el PP, ni a Granada, con un alcalde de Ciudadanos, ni a Bilbao, regida por el PNV, ni a Lérida, por ERC. Pero tampoco a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como dejaba nítido su hombre en Madrid, el portavoz de la confluencia catalana de Podemos, Gerardo Pisarello, quien tras la reunión de la Junta de Portavoces del martes advertía con la posibilidad de votar en contra "si el ministerio de Hacienda no se mueve".
Pisarello afirmaba que "hay tiempo para introducir cambios y vamos a negociar hasta el último momento" aunque dejaba claro que tal y como está actualmente, la propuesta gubernamental "es injusta, es inaceptable y además es innecesaria. Básicamente porque hay ayuntamientos que no tienen esos ahorros, hay ayuntamientos que los tienen y los necesitan y hay ayuntamientos que necesitan más fondos en el contexto de emergencia".
Como alternativa, Pisarello planteaba "un fondo Covid incondicionado, de emergencia, similar al que se reconoció a las comunidades autónomas, para todos los ayuntamientos, con independencia de su tamaño y de su tienen ahorros o no".
No mucho más halagüeñas para el Ejecutivo sonaban las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien afirmaba que "hay otros mecanismos para intentar encontrar liquidez, más que sustraérsela a los ayuntamientos" y reformaba su voto contrario en el pleno del jueves salvo que haya "un giro de 180 grados".
Montero ofrece un trámite para acercar posturas
Desde el Gobierno llevan todo el verano minimizando las críticas de los consistorios, recordando que se trata de una medida voluntaria para aquellos ayuntamientos que cuentan con remanentes para que puedan utilizarlos. Este martes desde Moncloa, la portavoz gubernamental y titular precisamente de Hacienda, María Jesús Montero, abría la mano a tramitar como proyecto de Ley esta reforma para conseguir su aprobación en el Congreso.
"El manejo de los remanentes en forma de préstamo para el Estado es uno de los aspectos que despiertan con una mayor crítica por parte de los grupos parlamentarios, por lo que nuestra respuesta ha sido que se tramite como proyecto de Ley y el Gobierno se compromete a no hacer nada con estos aspectos hasta que el Congreso adopte una fórmula mas consensuada con el resto de fuerzas políticas que no la comparten" señalaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fue el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, el que salvó in extremis en verano el plan en el organismo que agrupa a los consistorios españoles, pero la falta de consenso de los primeros ediles tardó poco en hacerse patente.
Almeida y Azcón, a la cabeza de la rebelión
Jorge Azcón, alcalde popular de Zaragoza (una de las capitales más pobladas de España) y portavoz de la FEMP, encabezaba este pasado agosto la batalla contra esa medida del Gobierno junto a su homólogo madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que en las últimas semanas reclamaba al Ejecutivo diálogo sobre el plan.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, también llegó a asegurar que con la medida de Hacienda se producía "una ruptura institucional que atenta contra la igualdad de todos los españoles", ya que los "ayuntamientos reclamamos un reparto de fondos justo e igualitario para atender a las necesidades reales de los vecinos".
En Andalucía, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, presentaba esta misma semana un manifiesto firmado por los alcaldes populares malagueños en defensa de los ahorros de las entidades locales, destacando su "rechazo frontal a la intención del Gobierno de apropiarse de los 500 millones de euros que suman los remanentes de los ayuntamientos malagueños y la Diputación Provincial".
Fuentes del PP explican que sus alcaldes no van a van a ceder sus ahorros al Gobierno y ponen en primer lugar "la defensa de los intereses de sus vecinos".