El nuevo curso político arranca lleno de compromisos en Italia. El próximo 21 de septiembre se votará en referéndum una modificación constitucional que permitirá reducir el número de diputados y senadores, amén de asesores y cargos vinculados a tales representantes. Además, las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, de modo que todas las formaciones políticas están midiendo sus movimientos para llegar a las urnas con el mayor impulso posible.
De momento, la antigua Liga Norte lidera los sondeos, con una estimación de voto de entre el 25% y el 27%. El partido, ahora simplemente denominado La Liga y centrado en expandir sus tentáculos por el Sur de la península, llegó a moverse por encima del 30% en los meses previos a la pandemia, pero ha perdido parte de su ventaja debido al auge de otra formación derechista: Fratelli d'Italia. Dicha agrupación, hermanada políticamente con Vox a través del grupo europeo de conservadores y reformistas (ECR), ha pasado de seducir al 5% de los votantes a mediados de 2019 a atraer al 15% en las últimas encuestas publicadas. Por otro lado, el partido del incombustible Silvio Berlusconi, Forza Italia, mantiene un suelo del 6-8% que le convierte en una figura esencial para formar mayorías de gobierno. Por su parte, los populistas del Movimiento 5 Estrellas se mueven en el entorno del 15%, mientras que el Partido Democrático está en el 20%, de modo que el tablero político parece haberse escorado hacia las formaciones de la derecha.
Rebaja fiscal
Pero, mientras uno y otro bloque buscan ensanchar su apoyo sin generar demasiadas tensiones internas, la política económica del país sigue su curso de la mano de un gobierno que, tras encargar la estrategia de reconstrucción a un grupo de altos directivos empresariales, ha optado por priorizar una rebaja de impuestos que entraría en vigor a partir del próximo mes de enero. Así, mientras que en España vemos a socialistas y comunistas debatiendo sobre subidas de impuestos, sus homólogos transalpinos hacen lo opuesto y, movidos por el pragmatismo y por el auge electoral del centro-derecha, apuestan por reducir la "cuña fiscal" que soportan empresas y trabajadores.
No hay que olvidar que la situación macroeconómica del país transalpino es muy delicada, pero claramente mejor que la española. Si nuestro PIB se redujo un 18,5% en el segundo trimestre del año y el paro real supera el 30% una vez se consideran los ERTE, en Italia vemos que el descenso de la actividad fue del 12,8% y que el paro se sitúa cerca del 10%. En cualquier caso, Roma ya ha anunciado que pretende impulsar una rebaja fiscal valorada en 20.000 millones de euros, medida a la que pretende sumar un recorte de 25.000 millones en el gasto público.
Los planes del gobierno transalpino pasan por reducir el IRPF para aumentar los salarios y también pueden abarcar una reducción de las cotizaciones sociales en determinados supuestos. Además, está prevista una racionalización y simplificación del "gasto social", que quedará canalizada ahora con una especie de "cheque familiar" que aminora las cuantías totales percibidas por los hogares y unificará, dentro de lo posible, este tipo de ayudas.
Roma solicitará a Bruselas que desbloquee lo antes posible los fondos ligados al plan de reconstrucción, puesto que el gobierno de Antonio Conte quiere implementar la reducción de impuestos aprovechando el colchón financiero que le van a proporcionar las ayudas pactadas a nivel comunitario.