La famosa tasa Google que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer a las empresas tecnológicas provocará un aumento en las tarifas que pagan los clientes. Eso es lo que se deduce después de que el Reino Unido, Italia o Austria hayan aplicado este impuesto. Tras entrar en vigor, el resultado ha sido un aumento en los precios de entre el 2% y el 5%, dependiendo de cada país y de cada compañía. Es decir, las empresas han optado por derivar la nueva carga impositiva al precio final que pagan los usuarios. Algo que se tornaba previsible.
En el caso del Reino Unido, Google ya ha anunciado que a partir del mes de noviembre sus tarifas para los anunciantes se elevará en un 2%, lo que supone en torno a 120 millones de libras (135 millones de euros), según The Guardian. Pero, esta empresa no es la única que ha optado por elevar sus precios, también lo ha hecho, desde el 1 de septiembre, Amazon. El gigante del comercio electrónico ha aprobado una subida del 2% a las tarifas de referidos, las de almacenamiento de logística y las de logística multicanal. De igual manera, Apple también seguirá este camino elevando los precios de las aplicaciones y de las compras dentro de las aplicaciones.
La tasa Google en España ha quedado pospuesta hasta finales de año, aunque no está muy claro que termine aprobándose teniendo en cuenta la presión que hay desde Estados Unidos, ya que Donald Trump ha amenazado con un aumento de los aranceles si el tributo sale adelante. De hecho, Francia tuvo que recular tras aprobar la tarifa y espera a que sea el conjunto de la Unión Europea el que aplique la tasa.
El Ejecutivo español pretende gravar a las compañías que tengan ingresos anuales mundiales superiores a 750 millones de euros y cuyos ingresos en nuestro país superen los 3 millones. En total, desde el Gobierno confían en recaudar unos 800 millones de euros si la tasa ve finalmente la luz verde.
Según un estudio de PWC, esta tasa tendrá un impacto de entre 515 y 665 millones de euros en el bolsillo de los españoles, debido al aumento de los precios que las grandes tecnológicas podrían aplicar sobre sus servicios. Es decir, al derivar el tributo al precio final, serían los consumidores españoles los que terminarían pagando el impuesto de manera indirecta.