El grado de protección de la propiedad privada en España figura entre los menos sólidos de Europa. Si tomamos como referencia el Índice de Derechos de Propiedad que elabora la Property Rights Alliance y que divulga el Instituto de Estudios Económicos, nuestro país aparece en el puesto 27 de los 36 socios de la OCDE, con una nota de apenas 6,5 puntos sobre 10 que nos deja muy lejos de las economías mejor calificadas.
La okupación no es el único problema que afecta a la propiedad privada en España pero, sin duda, se trata del más visible. A diario, prensa, radio y televisión dan cuenta de nuevos episodios de viviendas usurpadas por parte de mafias organizadas o delincuentes comunes. Se estima que 100.000 inmuebles están en esta situación.
Cada año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reciben más de 12.000 denuncias por parte de propietarios desesperados ante esta situación. Por su parte, miles de propietarios buscan un acuerdo extrajudicial con los "okupas" o acuden a empresas especializadas en desalojar a los usurpadores mediante técnicas como la instalación de un control de acceso.
Ante la falta de soluciones legales rápidas, sencillas y contundentes, estas soluciones poco ortodoxas se convierten en la única receta posible contra los asaltos. En este sentido, vale la pena comentar la nueva estrategia desplegada por la Comunidad de Madrid en los pisos de su Agencia de Vivienda Social, con la que se ha logrado una caída del 65% en los episodios de okupación.
Hace ahora un año, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso optó por bunkerizar estas viviendas, mejorando su protección frente a la okupación a base de instalar puertas especiales o chapas reforzadas en las ventanas. La consejería de Vivienda, que dirige David Pérez, estima que la inversión realizada asciende a 2.400 euros por piso. De esa cifra, 1.400 euros se corresponden con la instalación de estas protecciones especiales y 1.000 euros van ligados a su retirada en el momento de la entrega de la vivienda a sus nuevos inquilinos.
De esta forma, los periodos durante los cuales estos pisos están vacíos han dejado de ser un foco de okupaciones y la gestión de los 23.200 inmuebles de la Agencia de Vivienda Social vuelve a operar dentro de cauces más normales. En total, la CAM ha reservado 4 millones de euros para la seguridad, reparación y protección de estas viviendas, siendo los "okupas" un factor determinante para la aprobación de tal desembolso.
Según adelantó Libre Mercado con datos de la Delegación de Gobierno, la Justicia madrileña y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que operan en la región estiman que el 75% de los okupas madrileños pertenecen a mafias criminales. Un 84% de los 3.700 usurpadores identificados son extranjeros y más de la mitad tiene antecedentes.