Actualmente hay 620.000 personas en ERTE por fuerza mayor en España. Esa es la demoledora cifra que todavía pesa sobre el mercado laboral nacional, según los datos del propio Gobierno. Debido al cerrojazo de la economía, el pico máximo de los ERTE en nuestro país se produjo el 30 de abril, con casi 3,4 millones de trabajadores afectados. Aún así, como decimos, todavía hay más de medio millón de personas en casa sin trabajar esperando la llamada de su empresa. Buena parte de ellas pertenecen a sectores relacionados con el turismo —como la hostelería—, que son los que más están sufriendo los estragos de la caída de la demanda por la debacle sanitaria. Por ejemplo, en julio, la llegada de visitantes extranjeros a nuestro territorio se hundió un 75% a pesar de la reapertura de fronteras. Así, no es de extrañar que los negocios que dependían de este tipo de clientela —y sus correspondientes puestos de trabajo— pendan de un hilo.
Los ERTE han pasado de ser completos desconocidos a convertirse en el instrumento laboral más utilizado en la crisis del coronavirus. Desde la declaración del estado de alarma —cuando comenzaron a aplicarse los de fuerza mayor— no han estado exentos de discusión, sobre todo por los retrasos en los pagos que se han venido produciendo por el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Además, las cifras que ha estado dando sistemáticamente el Gobierno sobre el número de personas sin cobrar no han cuadrado en ningún momento con las de los funcionarios del propio SEPE o las de los gestores administrativos, lo que ha avivado todavía más la polémica.
Los ERTE pagados de más, por ejemplo, a trabajadores que ya se han reincorporado a sus empresas, también se han convertido en otro quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por este motivo, el SEPE advertía hace unos días que está revisando todas las prestaciones y que podrá reclamar —con intereses— las cuantías que los beneficiarios no hayan procedido a devolver. Esta es la primera de las cuatro sorpresas con las que se pueden encontrar, no tardando mucho, los trabajadores que hayan estado afectados por un ERTE durante la crisis del coronavirus.
1. Reclamación con intereses
El pasado 27 de agosto el SEPE publicaba una nota aclaratoria en la que aseguraba que en determinadas prestaciones por ERTE "es posible que, al consultar el recibo, se vea un cobro indebido que no es real y que desaparecerá cuando se realicen las regularizaciones pertinentes". Por ello, recomendaban "volver a consultar el estado de la prestación más adelante, para comprobar que la situación se ha regularizado".
De la misma manera, este organismo público informaba de que está revisando todas las prestaciones y que está procediendo "a notificar a las personas beneficiarias de prestaciones los cobros indebidos que se puedan haber originado". Aquellas personas que hayan recibido cobros de forma indebida recibirán una notificación "para proceder a la devolución de estos cobros". Una vez que se haya notificado este requerimiento, "la persona interesada dispone de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni intereses si se realiza en el plazo correspondiente", avisaban. Así, si no devuelven el dinero en plazo, vendrá la penalización. En Libre Mercado ya sacamos a la luz este tipo de errores el pasado mes de junio. Ya entonces, los expertos recomendaban a los protagonistas no gastar el dinero ingresado de más porque "tarde o temprano" el SEPE lo reclamaría y así ha sido.
2. En septiembre cobrarán menos
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez estableció algunas mejoras para los ERTE que surgieran por la pandemia —como agilizar su resolución, suprimir las cotizaciones sociales o eliminar el periodo de cotización mínima de un año como condición para cobrarlos— mantuvo intactos otros puntos de la legislación laboral actual, como ha sido la fórmula que establece la cuantía a cobrar. Por tanto, dejando a un lado los retrasos en los pagos y los errores, todos los afectados por un ERTE empezaron cobrando el 70% de la base reguladora y esa mensualidad ha sido la misma durante los seis primeros meses. Una vez pasado este periodo, la prestación se reducirá al 50%. Esto significa que, como los ERTE comenzaron a mediados de marzo, todos los que continúen en ERTE a mediados de septiembre van a ver reducida su prestación en la nómina de octubre de forma generalizada por los días de septiembre correspondientes, avisa el abogado y profesor de derecho laboral de la UOC, Víctor Canalda, en declaraciones a Libre Mercado. Una desagradable sorpresa que el Ejecutivo socialista podría evitar.
"La base reguladora se calcula haciendo una media aritmética de las bases de cotización de los 180 últimos días trabajados, y la ley establece que al séptimo mes del ERTE la nómina se reduzca al 50%", explica el experto. Después de los 6 meses, las rentas más altas no notarán tanto el recorte de la prestación porque el propio sistema de pago establece topes máximos y mínimos en función de la renta y de las las personas a cargo. Por tanto, ya se les habría aplicado antes el recorte. "Un ejemplo de cómo se realizará el cálculo para una base reguladora de 2.000 euros es que el 70% de la misma serían 1.400 euros, pero el tope máximo a cobrar por un ERTE con un hijo es de 1.254 euros mensuales (menos de lo que le correspondería). Con la bajada al 50% esa persona cobraría 1.000 euros, 254 euros menos", calcula. Si los ERTE se prorrogan más allá de septiembre, la prestación del mes entero de octubre y los sucesivos quedaría en el 50%.
3. Los 'ERTE por covid' se acaban
Y es que hasta cuándo se extenderán los ERTE asociados al coronavirus es otra de las grandes incógnitas. Después de varias prórrogas, el Ministerio que comanda Yolanda Díaz ha establecido el 30 de septiembre como fecha límite. Sin embargo, son muchos los sectores y las patronales que claman por que este mecanismo se amplíe hasta Navidad o, incluso, hasta la próxima Semana Santa, como es el caso del turismo. De momento, la ministra gallega no ha cerrado la puerta a hacer excepciones en determinados sectores, pero todo apunta a que a los ERTE covid les queda menos de un mes de vida. Después, tendrán otras condiciones menos beneficiosas para trabajador y empresario.
Hacienda pedirá su parte
El cuarto susto de los ERTE llegará en 2021 con la declaración de la renta. Será entonces cuando los beneficiarios de estas prestaciones tendrán que ajustar cuentas con el fisco y abonar las cotizaciones de una paga a la que ahora no se le está aplicando ninguna retención. "No es que paguen de más, es que no han tributado nada por ese ingreso", explicaba hace unos meses el secretario del REAF, Luis del Amo, a Libre Mercado. Para el sueldo medio de nuestro país en 2017 (23.646 euros), y habiendo estado de ERTE de marzo a junio, Hacienda exigirá 1.322 euros a ese contribuyente. La ministra del ramo, María Jesús Montero, se ha negado a rebajar impuestos por la pandemia y con los ERTE no piensa hacer una excepción.