Era de esperar, uno de los efectos más destructivos y directos del cierre al que obligó la declaración del estado de alarma. Dos de cada tres empresas que tuvieron que cerrar por el confinamiento no han vuelto a abrir.
Es el terrorífico saldo que arrojan los datos estadísticos de la seguridad social. Durante los primeros dos meses de la pandemia un total de 142.000 empresas dejaron de cotizar. Con el regreso a la actividad pudieron volver a aportar a las arcas de la Seguridad Social 55.644, lo que significa que más de 86.000 empresas han desaparecido, el 60% de las que cerraron han desaparecido, según recoge este lunes el diario ABC con cifras de la Seguridad Social. Es decir, que más de dos de cada tres empresas obligadas a cerrar por la pandemia han desaparecido completamente. Todo esto ha sucedido en apenas cinco meses.
A la enorme dimensión de esta cifra se le suman otros datos que no vienen a maquillar su importancia precisamente: la estimación de empresas en quiebra técnica, la modificación legislativa que introdujo el Ejecutivo en pleno estado de alarma para aplazar a 2021 la obligación de presentar concurso de acreedores en situación de insolvencia, y la insoportable comparación de las medidas de apoyo al tejido productivo aprobadas por España frente a otros países de la UE.
Tal y como publicábamos en Libre Mercado casi un cuarto de las empresas españolas se encuentra en quiebra técnica (un 22%). Si la estadística que miramos es la de riesgo de impago, el porcentaje crece por encima del 30%.
Estas dos situaciones avanzan un arranque de 2021 que amenaza con convertirse en un caos para la administración de Justicia que tendrá que resolver decenas de miles de concursos de acreedores, sumando una carga de trabajo titánica a sus ya atascados mostradores.
Por si fuera poco, el apoyo prestado por parte del gobierno que les ha obligado a cerrar ha sido inferior al que se ha prestado al tejido productivo en otros países de nuestro entorno. Según denuncia ABC, las ayudas de Francia o Italia a sus empresa han sido, en relación con el PIB, el doble que las de España. En el caso de Alemania, seis veces más que nuestra economía.
España, que ha limitado su actuación a la puesta en marcha de los erte por fuerza mayor, para aliviar los costes laborales a las empresas, y las activación de avales ICO para préstamos a compañías, no ha sido suficiente, y la avalancha de quiebras lo certifica.