El impacto de la pandemia en España no sólo ha dejado el peor saldo de contagios y muertes de todo el mundo desarrollado, sino que también amenaza con dejar el peor saldo económico. Al desplome del PIB y el terrorífico impacto en el mercado de trabajo, donde el número de personas que quieren trabajar y no pueden oscilan entre los 7 y los 8 millones, se suma una preocupación latente, el del número de empresas que pueden sucumbir a la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo y que se ha basado, fundamentalmente, en el cierre de la actividad durante más de tres meses, obligando al cierre a muchos negocios.
En su informe sobre la situación de liquidez de las empresas españolas, El Banco de España elaboró una simulación sobre los cuatro tirmestres de este año, derivadas tanto de los posibles déficits generados como la evolución de la actividad de explotación y de las inversiones en activos fijos y pagos asociados a las amortizaciones de deuda.
Además de cifrar esas necesidades de liquidez de de las empresas en 230.000 millones de euros, el regulador dejaba otro escalofriante dato encima de la mesa, el número de empresas españolas en quiebra técnica puede haber crecido hasta el 22%, es decir, rozando un cuarto de las mismas. Son aquellas compañías con un patrimonio neto negativo, es decir, cuando el valor en libros de los activos de la empresa es inferior a las deudas contraídas.
Esto, sumado a la estimación que hace el banco de España de empresas con probabilidad alta o muy alta de impago, nos ofrece una perspectiva muy negativa a cerca de la situación que puede vivir nuestra economía en el tercer y cuarto trimestre. La posibilidad de impago se ha disparado un 10%. se agrava con otra de las estimaciones que hizo el Banco de España y es que la proporción de empresas con una probabilidad alta o muy alta de impago aumenta 10 puntos hasta situarse por encima del 30%.
Es decir que 1 de cada cuatro empresas se encuentra en quiebra técnica y casi una de cada tres en riesgo de impago.
A este escenario hay que sumar la modificación legislativa que aprobó el Gobierno en mayo mediante real decreto y en pleno estado de alarma, para evitar que las empresas en situación de quiebra presenten el concurso de acreedores este 2020. Esto, unido a las dificultades económicas cada vez mayores que atraviesa nuestra economía, sumado al cada vez mayor riesgo de nuevo parón de la actividad por el aumento de casos de covid-19, avanzan no sólo un otoño caliente, sino un invierno terrible en materia de actividad y empleo.