La pandemia de la covid-19 ha motivado la aprobación repentina de medidas excepcionales orientadas a beneficiar a millones de ciudadanos golpeados de una u otra manera por la situación sanitaria y las restricciones a la actividad económica. Sin embargo, precisamente cuando este tipo de medidas asistenciales era más urgente, las Administraciones Públicas han sido incapaces de desembolsar el dinero prometido de forma rápida y certera.
Esta semana hemos conocido que sigue habiendo más de 150.000 españoles afectados por ERTE que no han cobrado aún la prestación asociada a dicha situación laboral. No hablamos, en absoluto, de un episodio aislado, puesto que en los últimos meses se han sucedido las informaciones que alertaban sobre continuos problemas en la canalización de las ayudas.
¿Qué han hecho otros países europeos para evitar este colapso? ¿Qué diferencia hay entre su gestión y la del gobierno de España? En esencia, la clave radica en el proceso de aprobación de las ayudas, que opera de forma semiautomática en economías como la de Alemania pero que en nuestro caso está sujeto a largos y lentos procesos de verificación previa por parte de la burocracia pública.
El ministerio de Trabajo anunció que las empresas que cometan fraude con los ERTE pueden ser multadas con sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 187.000 euros. Esta medida es razonable e incluso recomendable, de modo que es habitual encontrar penalizaciones similares en el resto de países de nuestro entorno.
Sin embargo, donde sí se observa una gran diferencia es en el proceso de aprobación. El modelo teutón, considerado uno de los más eficientes, gira en torno a la firma de una suerte de declaración responsable que actúa como un contrato entre el beneficiario y la Administración. Así, el firmante recibe casi inmediatamente el pago reclamado y la burocracia encargada del proceso de verificación se pone a trabajar sin un "cuello de botella" como el que hemos visto en España.
Los datos son claros. Aunque hay casi 530.000 empresas que han aprobado un ERTE, las actuaciones de la Inspección de Trabajo dedicadas a controlar posibles irregularidades afectan solo a 28.000 mercantiles. Dicho de otra manera: por cada 100 empresas en ERTE solo se investiga a 5 sociedades. Eso sí: una cosa es que se analicen posibles infracciones y otra que se hayan cometido realmente, de modo que el porcentaje final de sanciones será inferior al 5%.
Así, si el gobierno de España hubiese desbloqueado automáticamente los fondos requeridos por las empresas que solicitaban un ERTE, los retrasos habrían sido inexistentes y, como reflejan las estadísticas, los posibles episodios de fraude habrían sido muy reducidos en comparación con un 95% de expedientes en los que no hay ningún tipo de sospecha.