La última edición del Índice de Libertad Económica reprocha a España la falta de efectividad de nuestro sistema judicial, lastrado por la notoria tardanza con la que se resuelven sus procesos. La ausencia de reformas en este campo ha hecho que este problema vaya a más y termine convirtiéndose en un factor que reduce el potencial de crecimiento de nuestra economía.
Como ha explicado este diario, nuestra Justicia resuelve los litigios en un promedio de 238 días. Por comparación, la espera media en Dinamarca es de apenas 17 jornadas. No solo eso: los tiempos de los juzgados de lo mercantil se han duplicado desde la pasada crisis y, mientras que antes resolvían los asuntos en un promedio de nueve meses, hoy dicho umbral supera los diecisiete meses de demora. Esta situación solo irá a peor en los próximos meses, puesto que el covid-19 ha generado un parón muy notable en la resolución de asuntos, causas y litigios pendientes.
El Círculo de Empresarios ha puesto cifras a la problemática con un interesante informe en el que mide la calidad de nuestro sistema judicial a partir de distintos indicadores. Uno de los más relevantes es la llamada "tasa de pendencia", es decir, el ratio entre los asuntos que ingresan en los tribunales y los procesos que resuelven los mismos. Si calculamos dicho indicador para 2004 vemos que alcanzaba un ratio de 0,28. Durante dicho ejercicio, los tribunales ingresaron 7,4 millones de asuntos y resolvieron 7,5 millones de casos, quedando 2,1 millones en trámite a 31 de diciembre. Por comparación, la "tasa de pendencia" en 2015 era de 0,29, con la entrada de 8,6 millones de asuntos, la resolución de 8,4 millones de casos y un total de 2,4 millones de asuntos en trámite al cierre de ejercicio.
El estudio del Círculo de Empresarios se fija también en los recursos que emplean los distintos países europeos para financiar sus sistemas judiciales. Los fondos asignados a los tribunales ascienden en España al 0,67% del gasto público, un porcentaje similar al de Países Bajos. Nos situamos en la zona media-baja del ranking, pero cerca de algunos países cuyos sistemas de Justicia funcionan claramente mejor que el nuestro.
Por tanto, puede tener sentido plantear la posibilidad de aumentar el gasto en tribunales, aunque sería vital revisar antes su composición actual y compararnos con aquellos países que, con niveles similares, logran mejores resultados. Por ejemplo, revisando la estructura de personal podemos ver que España tiene un número medio-bajo de jueces profesionales. Sin embargo, somos uno de los países europeos con más personal de Justicia por magistrado, como también ocupamos un puesto destacado en el ranking que compara el número de abogados per cápita de nuestro país.
Las recomendaciones
El Círculo de Empresarios propone una serie de medidas orientadas a mejorar la calidad del sistema judicial:
- Mejorar la calidad de la regulación y asegurar una mayor estabilidad de la normativa.
- Revisar el gasto en justicia para aumentar su eficiencia.
- Actuar sobre la remuneración de los jueces en base a criterios objetivos de calidad.
- Favorecer los mecanismos extrajudiciales de mediación, negociación, arbitraje y resolución de disputas.
- Revisar los plazos máximos de instrucción.
- Dotar de mayor flexibilidad los procedimientos concursales, para hacerlos menos costosos y más efectivos.