El gobierno de izquierdas de las Islas Baleares, conformado por PSOE, Podemos y MÉS y presidido por la socialista Francina Armengol, anunció este fin de semana que procederá a congelar el salario de sus 34.000 funcionarios, en el marco de una serie de medidas de ahorro con las que pretende financiar las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus.
La medida no fue anunciada directamente por Armengol, que había prometido subir estas retribuciones un 2% a lo largo de 2020, sino que fue comunicada por la consejera del ramo, Isabel Castro. La responsable de Administraciones Públicas anunció además que los salarios de los funcionarios estarán congelados hasta que se recuperen los niveles de PIB anteriores al covid-19.
Desde la oposición, liderada por el Partido Popular, no han tardado en llegar las críticas al pacto de gobierno conformado por PSOE, Podemos y MÉS. Los azules reprochan a Armengol que durante su mandato se hayan incrementado notablemente los gastos de la Administración balear. Como ejemplo, citan el repunte en la cifra de asesores y cargos políticos, que ha crecido de 122 a 231. Ciudadanos también se ha manifestado en esta línea y ha reivindicado la necesidad de proceder a una auditoría de los gastos del gobierno balear.
También se han sucedido las críticas por parte de los sindicatos más representativos del colectivo de trabajadores públicos. Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), ha denunciado que lo sucedido "es un recorte en toda regla" y "una treta más que reprobable". Lázaro añadió que "los médicos no se merecen esto" y que su sindicato se defenderá por la vía judicial.
El golpe del covid-19
Casi el 60% de los ERTE que seguían activos el pasado 31 de julio se corresponden con trabajadores ocupados en los principales destinos turísticos del verano español. En el caso de Baleares, hay 86.648 ERTE en vigor, de los cuales 80.648 son considerados "por fuerza mayor" y, por tanto, están ligados al covid-19.
Según los cálculos de la AIREF, Baleares fue la economía regional que más cayó en el segundo trimestre de 2020, con una corrección intertrimestral del 26,4% que supera en cuatro puntos a la segunda comunidad más afectada, Comunidad Valenciana. Midiendo la cifra en términos anuales, el descenso es del 30,1% y, de nuevo, Baleares presenta las peores cifras de todo el mapa autonómico.
En 2020, el gobierno de Francina Armengol contaba con aumentar el gasto a base de emitir más deuda. La senda de estabilidad presupuestaria que trazó el gobierno de Mariano Rajoy pretendía que las islas lograsen un superávit durante el año en curso, pero la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa dio alas a PSOE, Podemos y MÉS, que anunciaron que retrasarían el "déficit cero" hasta 2022.
Ahora, el covid-19 fuerza a Armengol y sus socios a dar un giro de 180 grados y tomar las primeras medidas de austeridad. La meta de la congelación salarial es ahorrar 39 millones de euros, pero las tensiones de tesorería del gobierno autonómico se antojan mucho mayores y es probable que haya nuevos ajustes, bien por el lado del gasto, bien mediante nuevos impuestos.