La ocupación de viviendas no para de crecer en los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el año 2016 está práctica ilegal ha crecido casi un 50% desde entonces y sólo entre 2018 y 2019 ascendió un 20%. Si en el año 2013, la policía notificó 7.739 casos, en 2018 la cifra fue de 12.214. Esto se traduce en una media diaria de 41 denuncias. Sin embargo, lo peor parece que está por llegar, ya que el confinamiento ha provocado un aumento de la ocupación en las segundas residencias.
Las cifras oficiales registran 1.695 denuncias entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, frente a las 1.149 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque el crecimiento es notable, lo será aún más cuando se conozcan los nuevos datos, ya que la movilidad completa por todo el territorio no se aprobó hasta el pasado 21 de junio. Por tanto, cuando se tengan los registros de junio y también de julio se podrá tener una visión todavía más clara del aumento de estos delitos. En 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, se dictaron 6.028 sentencias relacionadas con la ocupación y se calcula que 90.000 domicilios fueron ocupados. Actualmente, la cifra ronda los 100.000.
Aunque, si hay un punto de España donde la 'okupación' es verdaderamente alarmante es en Cataluña. Allí, Barcelona, Gerona y Tarragona presentan un porcentaje del 14,2%, del 12,2% y del 11,5% en viviendas ocupadas por cada 10.000 domicilios. Esto se traduce en que la región registró 6.688 ocupaciones en el año 2019, 5.101 en Barcelona.
Madrid actúa
Para evitar que estos delitos se sigan disparando, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar a la acción creando una oficina antiocupas para ayudar las comunidades de vecinos a evitar que se produzcan estos casos. Además, el consistorio se ha comprometido a dar "soporte jurídico" a los residentes que sean víctimas de este tipo de delitos.
El Ayuntamiento de la capital ha incluido esta medida dentro del Plan Aniokupación, que está dotado con 1,5 millones de euros. Esta iniciativa pretende ahora proceder al desalojo de seis edificios que actualmente permanecen ocupados ilegalmente en la capital de España. No hay que olvidar que, según la Delegación del Gobierno, en 2018 había casi 4.000 viviendas ocupadas en toda la región. Aunque, la cifra no ha sido actualizada por el momento.