La crisis del coronavirus no sólo se está traduciendo en un histórico desplome del PIB y un aumento muy sustancial del paro, sino que causará un shock de grandes dimensiones en las cuentas públicas. El déficit público, sin tener en cuenta el superávit de los ayuntamientos, rondó el 4,2% del PIB el pasado mayo y ya hay previsiones que avanzan un agujero superior al 14% al cierre del ejercicio. Todo ello se reflejará, por tanto, en más deuda.
El problema es que España, a diferencia de otras potencias europeas, parte de una situación mucho más débil desde el punto de vista financiero. El estallido de la anterior burbuja crediticia disparó la deuda en 65 puntos del PIB entre 2008 y 2014, mientras que la posterior recuperación apenas fue aprovechada por los diferentes gobiernos para reducir la ratio en 5,2 puntos, un descenso muy inferior al de otros estados miembros con un crecimiento económico similar, de modo que las administraciones públicas registraban un endeudamiento del 95,5% a finales de 2019.
Desde entonces, como consecuencia de la crisis del coronavirus, la deuda ha vuelto a subir, hasta rozar de nuevo el 100% del PIB, equivalente a 1,23 billones de euros, una de las tasas más altas de la UE. Y la cuestión es que esta senda ascendente acaba de dar comienzo. Según las últimas estimaciones de la AIReF, que calcula una recesión de entre el 12% y el 14,4% durante el presente año, la deuda pública podría situarse en el 126% del PIB en 2021.
Parte de este aumento será por el efecto denominador, debido a la intensa caída del PIB, pero la causa principal es el abultado déficit primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) que registrarán las cuentas públicas durante el próximo bienio. Así, la AIReF calcula un agujero de 11,8 puntos en 2020 y otros 7,8 en 2021 en el peor de los escenarios, haciendo un total de 19,5 puntos de PIB. Esta diferencia entre ingresos y gastos es la factura fiscal que dejará tras de sí la crisis del coronavirus. Más de 200.000 millones de euros, cuyo pago se prolongará durante años.
A partir de entonces, y siempre y cuando el Estado ponga en marcha un plan de reducción de deuda para garantizar su sostenibilidad a medio plazo, la AIReF calcula que España tardará al menos dos décadas en regresar el nivel de endeudamiento del 95,5% registrado a finales de 2019.
Asimismo, y a diferencia del escenario previo a esta crisis, donde se confiaba que la deuda cayera al límite del 60% que marca la UE en torno al año 2035, ahora no se proyecta alcanzar dicho objetivo antes de 2050, aun manteniendo el equilibrio presupuestario, con lo que a España le queda un largo camino por delante para garantizar una sólida solvencia estatal.
Por esta razón, la AIReF insta al Gobierno a fijar "una estrategia fiscal nacional a medio plazo que […] garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas". Y, en concreto, destaca la urgencia de priorizar el gasto público y mejorar la eficiencia de las políticas que no están funcionando.