El Tribunal de Cuentas ha pedido a distintas formaciones ahora integradas en Unidas Podemos que devuelvan al Ministerio del Interior casi medio millón de euros que les fueron concedidos en 2016 en concepto de subvenciones para sufragar gastos de seguridad, pero que no fueron utilizados estrictamente para los fines que establece la ley o que ni siquiera se han usado.
En concreto, en su informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016, recogido por Europa Press, el tribunal cifra en 632.761,69 euros la cantidad que deben reintegrar de estas subvenciones un total de 12 partidos.
Más de la mitad de ese montante global (323.828,22 euros) corresponde a Podemos. La formación que lidera el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió subvenciones para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros y dijo haber invertido en este concepto 452.955,97 euros.
La usaron para pagar a personal
Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 323.828,22 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir subvenciones, tales como el control de la entrada de su sede o labores de seguridad informática, y que, por tanto, deben ser devueltos.
Por su parte, Izquierda Unida Federal, que presentó parte de la documentación fuera de plazo, percibió 95.486,47 euros en subvenciones de este tipo y declaró gastos por 107.024,28 euros, la mayoría de los cuales (104.522,88 euros) han sido considerados nos subvencionables.
Y es que la federación consignó como gasto en seguridad esos 104.522,88 euros, correspondientes al coste laboral de tres trabajadores encargados de identificar a los visitantes de su sede pero en cuyos contratos no se especificaba que desarrollasen labores de seguridad y, por tanto no cotizaron como personal dedicado a esas tareas. Así, el tribunal sólo considera justificados 2.471,40 euros de total de la subvención y pide el reintegro de 93.015,07 euros.
Un caso similar es el de Barcelona en Comú, a quien no se ha contabilizado como subvencionables los 13.357,07 euros que pagó a la persona que controlaba el acceso a su sede. En 2016 recibió 28.593,56 euros de subvención, los ya citados no subvencionables y los 15.236,49 que no utilizó deben ser devueltos.
Barcelona en comú
Pero además, esta formación debe reintegrar a Interior 859,47 euros que cobró aquel año en concepto de gastos de seguridad por el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre de 2015. El Tribunal se los reclama porque los registró ingresos del ejercicio 2016, sin haber presentado la cuenta justificativa correspondiente. Con lo que, en total Barcelona en Comú ha de devolver un total de 29.453,03 euros.
El fiscalizador también ha comunicado al ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska, que debe recibir devoluciones por parte de Esquerra Unida i Alternativa (la federación catalana de IU; 16.809,17 euros), así como de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común (2.184,06 euros).
De su lado, Ciudadanos recibió 345.040,47 euros para gastos de seguridad, pero el tribunal ha encontrado también algunos conceptos no subvencionables por valor de 98.997,31. Es decir, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 246.043,66 euros, por lo que la formación naranja de debe devolver los casi 99.000 euros restantes.
TAMBIÉN BILDU Y UPN
La relación de formaciones que deben reintegrar parte de las subvenciones recibidas para gastos de seguridad en 2016 se completa con EH Bildu (20.454,74 euros), Nueva Canarias (19.115,51 euros), Foro Asturias (6.748,83 euros) y Compromís (4.592,56 euros).
Y también forman parte de la lista Unión del Pueblo Navarro (9.105,12 euros), ahora socios del PP y Cs en la comunidad foral, y el Partido Aragonés (8.458,07 euros), aliado electoral del PP.
En las recomendaciones que el fiscalizador ha incluido en su informe destaca una en la que llama a "evaluar, en el actual contexto social y político, al conveniencia material y económica de mantener las condiciones actuales de estas subvenciones estatales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional".