El sistema de pensiones de la Seguridad Social entró en números rojos durante la pasada crisis y puede alcanzar un déficit récord en 2020, a raíz del fuerte desplome de la ocupación derivado de la pandemia del covid-19. No hay que olvidar que, sumando parados y afectados por ERTE, el paro alcanza el 40% de la población activa, una cifra sin precedentes que se traduce de forma directa en un fuerte desplome de las aportaciones por cotizaciones sociales.
La sostenibilidad del sistema está, pues, más cuestionada que nunca. A corto plazo, los datos muestran que el sistema español es uno de los que ofrece una mayor tasa de sustitución o reemplazo, lo que quiere decir que las pensiones suponen un porcentaje muy alto con respecto a los ingresos obtenidos como trabajadores en activo.
Sin embargo, la Comisión Europea ha modelizado la evolución a cincuenta años del sistema y ha concluido que nuestro país es el segundo socio comunitario con peores perspectivas en dicho indicador. Así, aunque la tasa de reemplazo esperada en la Unión Europea bajará menos de un 10% en promedio, la proyección para España arroja un descenso cercano al 35%. En consecuencia, la caída esperada para 2070 será tan acusada que pasaremos de tener una ratio de sustitución del 78% a una de apenas un 45% (una caída del 42%).
El actual sistema de pensiones paga, pues, unas pensiones muy superiores a las que podrá abonar en el futuro. El cortoplacismo del ciclo político choca frontalmente con la evolución demográfica, que anticipa un panorama mucho menos halagüeño para los jubilados del mañana, cuya pensión será mucho más reducida.
Es importante señalar que, midiendo las circunstancias actuales, el IEE estima que la tasa interna de retorno del sistema público de pensiones arroja unas rentabilidades de entre el 3% y el 3,7%, dependiendo de los años cotizados. El efecto combinado de la falta de proporción actuarial y del envejecimiento de la población ha hecho que las prestaciones tengan un valor actual muy superior a las aportaciones realizadas.
Además, no hay que olvidar que el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo ronda el 1,5-2%, marcadamente por debajo de la tasa interna de retorno observada en las pensiones. Esto significa que sería necesario disparar el crecimiento económico para poder pagar las pensiones en el futuro, hasta situar el aumento del PIB en el entorno del 5,3-5,5%, según recuerda el informe del IEE. De modo que la tradicional respuesta consistente en apelar al crecimiento como solución para el déficit del sistema ya no es suficiente.
Ajustes en las pensiones: cómo y cuándo
Los "recortes", pues, parecen garantizados. Lo que no sabemos es cómo se plasmarán esos ajustes: se modificarán las reglas de cálculo, subirán las bases de cotización, se endurecerán las prejubilaciones, se congelarán o reducirán las pensiones más altas, se retrasará la edad de retiro… Las recetas escogidas dependerán de las autoridades políticas, pero las cuentas son claras y no dan lugar a dudas.
La pregunta, entonces, no solo cómo serán los ajustes que veremos, sino cuándo. En este sentido, un estudio de la escuela de negocios EAE Business School concluye que la deuda de la Seguridad Social puede duplicarse hasta los 100.000 millones de euros durante el año 2020. La previsión de déficit del sistema también es sombría: frente al descuadre del 1,3% del PIB que estaba previsto a comienzos del curso, ahora se plantean unos números rojos equivalentes al 5% o, en el peor de los casos, el 6,1% del PIB. También en 2021 se espera un déficit muy acusado, de entre el 3,1% y el 3,9% del PIB.
Así las cosas, el escenario de más corto plazo muestra que el déficit de la Seguridad Social, que apenas se redujo durante el último lustro debido al aumento descontrolado de los gastos del sistema, puede multiplicarse por cinco e incluso por seis durante el presente año. No solo eso: en 2021, el descuadre entre ingresos y gastos será entre tres y cuatro veces mayor de lo esperado. De modo que los ajustes de largo plazo pueden ocurrir mucho antes de lo esperado.